Monarquistas, republicanos, liberales, conservadores, federalistas, centralistas, progresistas y moderados en el México del siglo XIX. Un acercamiento a la historia política decimonónica mexicana (1824-1868)

PRIMERA PARTE DE DOS

Alejandra López Camacho

En el México del siglo XIX, la lucha entre el cambio y la permanencia, entre el progreso y la ortodoxia, entre la modernidad y la tradición que se da en las sociedades de todos los tiempos, tuvo como protagonistas a la Iglesia por un lado y a los liberales por el otro. A falta de partidos políticos organizados como hoy los conocemos, la Iglesia sirvió de aglutinante a los conservadores. A falta de conciencia nacional popular, la religión católica fue un lazo de unión entre los mexicanos, hasta que, al enfrentarse a la consolidación del Estado, acabó por convertirse en causa de profunda división entre los grupos que contendían para detentar el poder.[1]

De entrada diremos que este escrito intenta exponer la problemática que atravesaron las distintas agrupaciones políticas en su intento por construir un gobierno con legitimidad en el periodo que va de 1824 a 1868, esto abarca la lucha por la recuperación de un orden político definido en lo histórico de una parte, y de otra, un orden político que respondía a la modernización política que el liberalismo promovía. Entre pasado y porvenir, los cambios pacíficos y las transformaciones violentas, entre ideas tradicionalistas e ideas liberales, entre un sistema de gobierno monárquico y uno republicano, entre federalismo y centralismo, moderación y extremos radicales, en otras palabras, entre la tradición y la radicalidad en las formas de vida. Claro que en ello interviene una sociedad basada en creencias católicas y una sociedad que al mismo tiempo trataba de adaptarse a los cambios políticos y sociales que las ideas liberales arrastraban. Se trataba de la lucha por el establecimiento de la tolerancia de cultos, la educación laica, la democracia, la igualdad y la separación de poderes, de una parte y la lucha por la mediación de esos cambios, aunque también por la conservación del culto católico, del orden jerárquico y de un sistema de gobierno centralizado. Cabe destacar que dentro de esa lucha también estuvo presente la entrada y salida de nuevas y viejas ideas políticas, así como la lucha por la resignificación de los lenguajes utilizados para hacer política.

Se toma como punto de partida el año de 1824, fundamentalmente porque es el periodo cuando se establece la primera república federal encabezada por Guadalupe Victoria y cuando van a tener su aparición los partidos o grupos políticos. No obstante, se retoman algunos años antes con la finalidad de observar la transición de monarquía a república y las ideas que se van a gestar en ese momento en relación al establecimiento de un sistema político y una legislación. Este contexto culmina en el año de 1868, algunos meses después que ha terminado el segundo imperio mexicano representado por Maximiliano de Habsburgo y cuando entonces se ha restaurado la república encabezada por Benito Juárez y tiene lugar el “liberalismo triunfante”. Ambos contextos, el de España y México, nos permitirán comprender de una forma más ágil y dinámica el trabajo comparativo en torno a la familia de ideas que conforman la legitimidad política y a su vez al discurso periodístico de la época.

 II

El proceso forjador del ser nacional es, sí, la actualización de una posibilidad histórica latente en la colonia; pero de una actualización que implicó una lucha interna entre dos tendencias inherentes a aquella posibilidad, de tal suerte que, en definitiva, el germen del ser de México incluía, no uno, sino dos Méxicos distintos; y ya no resultará ni sorprendente ni vergonzoso el triste rosario de asonadas, cuartelazos, rebeliones, planes políticos y cartas constitutivas que exhiben los anales de los primeros cincuenta años de nuestra biografía nacional. Sólo revelan, en el fondo, el inevitable y sordo conflicto, no de ambiciones e incapacidades –según han querido interpretarlo algunos- ni de malévolas influencias externas –como han pensado otros –sino, nada menos, el de dos posibles maneras de ser, trabadas en el mutuo intento de afirmarse la una en la exclusión de la otra.

Tras la independencia de lo que hoy llamamos México, esto es, a principios del siglo XIX, los grupos políticos se encontraban divididos en dos posibilidades o proyectos de construcción del Estado-nación. De una parte se hallaban aquellos que apoyaban un sistema de gobierno republicano y de otra los que apoyaban la monarquía como viabilidad requerida de la política en turno. Es decir, en el ambiente político permanecían dos ideas o imágenes de la política a seguir: la de las modernas facciones inclinadas hacia el federalismo y el republicanismo y la de las facciones tradicionalistas legadas por la colonia que si bien aceptaban las ideas liberales y el sistema republicano, también se veían inclinadas hacia la tradición política, hacia un legado histórico, hacia un sistema de gobierno monárquico, pero con independencia de España y con representante mexicano.[2]

Veamos la naturaleza de estas dos posibilidades. En un trabajo de hace algunos años, Edmundo O’Gorman consideraba que tras la consumación de la independencia de México, la gran diversidad de tendencias políticas: entre liberalismo radical y tradicionalismo, republicanismo y monarquismo, sus extremos y mediaciones, existían como referencia política dos proyectos. Esta bifurcación de posibilidades, asegura O’Gorman, partía del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 y conocida como Constitución de Apatzingán por una parte, pero también del Plan de Iguala de 1821 por otra.

La Constitución de 1814 abría las puertas a la modernización política, a la soberanía, a la representación nacional y a una forma de gobierno que si bien no se manifestaba como república, si lo hacía como Supremo Congreso Mexicano con un Supremo Gobierno y un Supremo Tribunal de Justicia donde tenía cabida el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo. Aunque en esta legislación no se hablaba todavía de un poder ejecutivo encabezado por una persona, ni de la tolerancia de cultos, si se establecía la igualdad, el goce de la propiedad, la seguridad y la libertad de opinión por medio de la imprenta. Es decir, esta legislación abría camino a la modernización política. Si bien la Constitución de Cádiz de 1812 había abierto las puertas a las ideas del liberalismo europeo y a las de la ilustración francesa y ya desde entonces se hacía mención de la voluntad general y de la igualdad de representación en cortes para España y América, cabe señalar que entonces las Cortes y el rey todavía representaban la soberanía.

La Constitución de 1814 no entraría en vigor, sin embargo este documento en el que participaron Carlos María de Bustamante y José María Morelos y Pavón, entre otros, habría preparado la forma de gobierno con una división de poderes en tres funciones: el poder Legislativo representado por el Supremo Congreso, poder Ejecutivo encabezado por el Supremo Gobierno y el poder Judicial representado por Supremo Tribunal de Justicia. Es decir, habría delimitado las bases del programa republicano, no obstante, al ser fusilado Morelos los realistas retomarían el control político, aunque esto no impediría la consumación de la independencia.

Ahora, las dos posibilidades políticas planteadas por O’Gorman claramente se distinguen en este primer periodo del siglo XIX, sin embargo, ¿qué pasaba con los absolutistas, los anticonstitucionales y antiliberales? Si bien los antiliberales aprobaron el establecimiento de Agustín de Iturbide, esto fue una medida para desconocer el gobierno constitucional de España y para formar un gobierno absolutista con príncipe español, aunque utilizando un príncipe americano de apariencia. De ahí que, dice Manuel Calvillo, es una hipótesis muy aventurada sostener que Iturbide obró conforme su sólo juicio.[3] Es decir, que los realistas, principalmente europeos que apoyaban la instauración del Imperio de Iturbide, respondían a la posición absolutista de Fernando VII, más aun cuando decreta la nulidad de la Constitución de 1812.  “El real decreto se publicó en México, parcialmente, en la Gaceta del 13 de agosto de 1814 e íntegro en la del día 17.”[4]

Para el rey (Fernando VII) [...], el delito y culpa mayores de los diputados y liberales, y el agravio más profundo que le habían inferido, era el haberlo despojado de su soberanía. Su concepto de la soberanía no era por cierto anacrónico, al menos no tanto como la idílica restauración de las leyes fundamentales de la monarquía y las Cortes que ofrecía convocar de acuerdo con ellas.[5]

Lo anterior es importante señalarlo en la medida que permite observar la reacción de aquellos independentistas que apoyaban un sistema político moderno y constitucional, y la de aquellos que apoyaban la independencia, pero bajo un anticonstitucionalismo y con miras a instalar un régimen de gobierno monárquico. Esta situación política abriría brechas hacia el republicanismo y el monarquismo, el federalismo y el centralismo, liberales y conservadores y sus medias tintas. Fisuras que a su vez darían paso al sostenimiento de una legitimidad afianzada en valores tradicionales, que no a la permanencia, y otra que se fortalecía con la renovación política.

Sin embargo, la jura de la Constitución de Cádiz por Fernando VII en el año de 1820, hicieron que en México, las tendencias antiliberales apoyaran el establecimiento del Imperio encabezado por Iturbide, como medida de salvación del constitucionalismo español. Cabe señalar, utilizando palabras de Calvillo, que “los antiliberales y los independentistas coincidían en separarse del gobierno constitucional de España, incluso los diputados mexicanos a las Cortes de Madrid, confiaran o no en Iturbide, y aprobaran o desaprobaran su proyecto.”[6] Es decir, más que plantear la posibilidad de un gobierno republicano o monarquista, la prioridad en ese momento era la independencia de España y luego la independencia de un gobierno constitucional español que resultaba contrario al constitucionalismo proyectado para la nueva nación independiente.

Ahora el Plan de Iguala proclamado en Iguala el 24 de febrero de 1821, proclamaba en primer lugar el cuidado de la religión católica, luego la independencia y, finalmente, el establecimiento de un gobierno monárquico encabezado, por Fernando VII o en su caso algún descendiente de la dinastía. Se solicitaba además, un monarca ya hecho y de antecedente real, pero mientras esto se resolvía una Junta o Regencia mandaría a nombre de la Nación y un Ejército de las Tres Garantías cuidaría que se cumplieran los artículos propuestos por el Plan de Iguala. Iturbide aparecía como primer jefe de este ejército, sin embargo, ¿quién encabezaría la Junta que gobernaría a nombre de la Nación?, ¿por qué Fernando VII gobernaría estas tierras?, ¿qué tipo de independencia resultaba de esto?

Si bien el Tratado de Córdoba de 25 de septiembre de 1821 sería más claro y ya mencionaría la independencia del Imperio Mexicano, nuevamente se llamaba a reinar a Fernando VII o a alguno de la dinastía, no obstante quedaba lugar a que las Cortes designaran a otra persona en caso de que alguno de éstos renunciaran. El Tratado sería rechazado por España y esto aniquilaría la posibilidad de la venida de un “monarca ya hecho”. Sin embargo esto mismo abrió las puertas a Iturbide y a la consumación de la independencia, pues en caso de que Fernando VII o alguno de la dinastía no aceptara el trono de México, “el congreso mexicano designaría a la persona del emperador, aunque no fuera un individuo de casa reinante, situación que se ha querido interpretar  a favor de la posible coronación de Iturbide.”[7] Bien que una vez instalado el imperio aparecería de nueva cuenta la tentativa del gobierno republicano.

El imperio de Agustín de Iturbide (1821), aunque respondía a una tradición política, a un rechazo del constitucionalismo español y a una actitud de España que forzó las circunstancias, implicaría “el reconocimiento de la independencia mexicana por parte de la máxima autoridad española en la Nueva España, además de que supuso un instrumento jurídico útil para apagar la resistencia de las autoridades realistas de la ciudad de México y permitió la entrega pacífica del mando de las autoridades mexicanas.”[8] Pese a esto, pronto salió a relucir que el imperio de Iturbide sería considerado ilegítimo por varias razones: su gobierno carecía de consenso; existía arbitrariedad en la elección; Iturbide carecía del rango real, lo que le hacía igual al resto de los hombres y, finalmente, el emperador no podía reducirse a la autodesignación.[9]

Cabe señalar sin embargo que el Congreso se reservó para sí la soberanía nacional, sancionaría las Bases Constitucionales del Imperio de 1822 e intentaría quitarle a Iturbide el poder que detentaba, lo que provocó un enfrentamiento entre poderes. De ahí que cuando Iturbide abdica el 20 de marzo de 1823, tras presenciar las revueltas en su contra, el Congreso nombra un Ejecutivo provisional, el Triunvirato o Supremo Poder Ejecutivo integrado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, cuya propósito fue negar la abdicación de Iturbide y decretar nula su coronación, “puesto que la existencia toda del Imperio era producto de la fuerza y por tanto ilegitimo.”[10] Con la sanción de las Bases de 1822,

…se pretendió evitar la existencia de un monarca absoluto, pero el Congreso al desconocerlos dio lugar a un Congreso Absoluto. Las dificultades aumentaron al sumarse a la vida política mexicana, por ese tiempo, agentes extranjeros promotores de conspiraciones republicanas como Miguel Santa María o los diputados mexicanos que regresaron de España, como Miguel Ramos Arizpe y Mariano Michelena, quienes organizaron o ingresaron en las logias del rito escocés, principales centros de oposición a Iturbide.[11]

Aquella nulidad, ligada al establecimiento de las logias del rito yorkino en las provincias del norte como medida de oposición del Imperio,[12] más el decreto que declaró que la nación estaba “en absoluta libertad para constituirse como le acomode”,[13] permitieron la puesta en marcha de la Primera República Federal encabezada por Guadalupe Victoria en el año de 1824 y cuyo célebre ejemplo lo constituían los Estados Unidos. Las tendencias republicanas asumieron que ese sistema atendería una necesidad primordial del país: la gran diversidad de intereses regionales. El federalismo ayudaría a establecer la libertad legislativa necesaria para cada territorio, además de cubrir con los requisitos legales necesarios para proporcionar toda la legitimidad al gobierno. ¿En qué sentido? Fundamentalmente en el reconocimiento de un gobierno que era producto de la soberanía nacional y con el establecimiento de una Constitución que reconoce la existencia de un conjunto de poderes estatales y de un poder federal, entre otras cosas. Aunque a decir de Silvestre Villegas, el federalismo “en la realidad fue utilizado por diversos individuos interesados en fortalecer su autonomía de acción frente a las autoridades de la capital, excusándose en lo negativo que había sido la influencia cultural y política que siempre ejerció el centro del país respecto a las diversas provincias.”[14]

Pese a esto las tendencias tradicionalistas y monarquistas insistirían en el establecimiento de un régimen de gobierno monárquico en aras de otorgar un sistema político con legitimidad. Es decir, un gobierno que respondiera a la historia, al pasado, a lo conocido y a esa tradición monárquica que había gozado de la suficiente aceptabilidad y respeto por más de cuatrocientos años. Bien que en ese objetivo estaban fincados los intereses económicos, políticos y culturales de estas tendencias. Baste subrayar que a lo largo del siglo XIX existieron varias tentativas monárquicas. Ahora, ¿por qué para estas tendencias la monarquía y no la república proporcionarían la legitimidad política en México? Frente a esto se considera que principalmente porque lo republicano y el federalismo invitaban a la democracia y...

 “democracia” remitía a la anarquía, a los cambios violentos, a la división, a la sangre, al desorden, a la falta de autoridad y en definitiva, a la ruina y establecimiento de un elemento confuso en la marcha del gobierno y de la sociedad.[15]    

Cabe señalar que para las primeras décadas del siglo XIX, México, al igual que España, no contaba aun con partidos legalmente establecidos. Lo que existía a diferencia, eran grupos políticos, como se ha mencionado anteriormente, como la logia de York o los yorkinos, organización política que se fundó en 1825 por algunos federalistas radicales como Vicente Guerrero y cuya finalidad era buscar, “caminos y respuestas a los problemas. Todos pertenecían más o menos a un mismo grupo y formaban una especie de pequeña élite que iba a decidir los destinos nacionales. Los cambios de uno a otro serían frecuentes, como lo sería el que los mismos hombres sirvieran a gobiernos de diverso tipo. Casi todos coincidían en que la participación debía estar limitada a los ciudadanos responsables, es decir, aquellos que por poseer un mínimo de propiedad, tendrían interés en la estabilidad.[16]

Otro grupo político lo integrarían la logia de los masones, cuya idea principal era la de “centralizar nacionalmente las funciones oficiales. La ineficacia administrativa se atribuyó primero, a la incapacidad y abusos de las autoridades locales; después, a la falta de una sola rienda llevada por la “clase preparada” que residía en la ciudad de México. Por último, a que no era posible abandonar la tradición centralista del virreinato, gracias a la cual el país había gozado de paz y prosperidad.”[17] Este grupo, donde destaca la presencia de Lorenzo Zavala y Lucas Alamán, la integraban miembros del clero, comerciantes, mineros y propietarios españoles, quienes pretendían mantener las ventajas obtenidas con la insurgencia. Es decir, en este periodo y hasta la década de los 60, la lucha política entre las diferentes facciones se concentraría alrededor del establecimiento de un sistema federal y un sistema central, aunque más tarde se vincularía al establecimiento de sistema republicano y otro monarquista, liberales y conservadores.

Esas sociedades no eran nuevas en México ni en el mundo; pero sí constituía una novedad aprovecharlas a manera de volcanes políticos en erupción, atribuyéndoselas, ya fines antirreligiosos, ya propósitos conspirativos. En el país tales agrupamientos correspondían a la masonería universal, y se derivaron de la organización dirigida por la gran logia de Inglaterra que invadió al mundo con sus ideas de hermandad, sus proyectos de estudios y sus especulaciones históricas.[18]

 III

La realidad política preexistente del antiguo virreinato no es negada, aunque se le llegue a amenazar. Es ella, llámesele Nueva España –nombre desechado-, Anáhuac, América Septentrional o México, el ente histórico que se declaró independiente en ejercicio de una radical soberanía, y el que se propone elaborar el proyecto de su propio ser político.[19]

El primer ensayo republicano federal representaría la transformación política de la sociedad mexicana. Sin embargo el trayecto hacia esa transformación constituiría algo incierto, algo teórico, algo carente de bases prácticas. Así, sobre la base de un sistema político federal se cimentaría en 1824 una legitimidad política que se manifestaría en la Constitución del mismo año, pero que, no obstante, tenía “ante sí un largo y penoso proceso de lucha contra, precisamente, las tendencias tradicionalistas y monárquicas que en grado muy considerable prevalecieron en aquella época y durante las cuatro décadas siguientes”.[20] La Constitución de 1824 asumiría como modelo la Constitución gaditana de 1812, aunque también la norteamericana. Y aunque esta legislación establecía la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y otorgaba una soberanía a los gobiernos de las regiones, las garantías individuales no obtuvieron mención alguna. De modo que si el federalismo respondía al regionalismo, nada señalaba respecto de las libertades y obligaciones de los ciudadanos, como tampoco solucionaba las relaciones entre el gobierno federal y los estados, ni entre el federal y el ejército y la iglesia.[21]

            La entrada al poder de Guadalupe Victoria representaría el nacimiento político de un nuevo sistema político como era la república federal, representaría además, el origen de un poder ejecutivo dirigido por un hombre, que si bien se había licenciado en derecho, carecía de la experiencia y entendimiento político suficiente para enfrentar la situación política ocurrida tras la caída del imperio y la revolución de insurgencia. A esto se añade que “su notoria repugnancia por lo español, le hacían presentar muchos blancos al partido contrario.”[22] Y dentro de ese partido se encontraban las tendencias tradicionalistas que deseaban la prolongación de un régimen semejante al Estado virreinal. Así, la tarea del nuevo gobierno no sería establecer sino construir un Estado y una legitimidad política dentro de un ambiente hostil políticamente, porque, tanto “la insurgencia tenía una débil visión acerca de los regímenes del Estado” [23] como que en México no existía una clase nacional gobernadora, ni acuerdo entre aquellos que se oponían a la autoridad de Victoria.

            Puede afirmarse en consecuencia, que los problemas políticos en México no radicaban tanto en la puesta en marcha del federalismo, cuanto sí en la diversidad de intereses políticos de los diferentes grupos, así como en la falta de integridad de los mismos. México nacía como república, pero nacía a su vez con una legislación que más que crear la división de poderes en ejecutivo legislativo y judicial, daba prioridad al legislativo antes que al ejecutivo. Y si a esto se añade la falta de una clase gobernadora, ya se ve la difícil tarea de un ejecutivo débil e inexperto y el desenvolvimiento de un sistema político que más que unir, alentaba la desunión.

Así, debido  a que el primer congreso constitucional otorgó primacía al legislativo y no al ejecutivo, los presidentes de la República como Guadalupe Victoria y los siguientes a éste como Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa Anna tuvieron “que recurrir a poderes extraordinarios para poder gobernar. Estas facultades siempre fueron concedidas constitucionalmente hasta 1841, lo que no impidió que el ejecutivo fuera acusado de abuso de poder, con injusticia en la mayoría de los casos.”[24] Bien que el mismo congreso gozó de la suficiente libertad para aprobar la presidencia de Vicente Guerrero en 1828, cuando en la práctica éste había perdido las elecciones.

Con Guerrero a la cabeza vendría la ley de expulsión de los españoles como medio para despojarlos de sus propiedades y puestos importantes, pero también la amenaza de una invasión por parte de España, la reorganización del ejército para impedir su completa nulidad y el decreto de abolición de la esclavitud, que representaba un paso hacia la igualdad. Si bien el antiespañolismo creció bajo la idea de una reconquista de México, cabe señalar, según palabras de José C. Valadés, que lo extranjero, “daba la idea de ser la causa de que la república no alcanzase ni pudiese alcanzar las satisfacciones que se esperaban como resultados del triunfo guerrero de la Independencia y de la Constitución.”[25] Sin embargo, la falta de programas políticos concretos y los partidismos resultantes de esta situación, provocaron la pronta caída del ejecutivo. Ya desde entonces, El Correo manifestaba la existencia de tres partidos políticos,

…en primer lugar, los antiguos escoceses continuaban sus esfuerzos para alcanzar poder e influencia; en segundo lugar, una facción de los yorkinos se concentraba en la expulsión total de los españoles; en tercer lugar, estaba surgiendo un grupo moderado, compuesto por propietarios y otros ciudadanos. [...] En realidad era el tercero de los partidos señalados por El Correo el que constituía la revelación más importante. Sus miembros llegaron a ser conocidos como los moderados u hombres de bien y, según un escritor, figuraban entre ellos algunos clérigos, oficiales del ejército, altos funcionarios del Gobierno, antiguos escoceses y otros que habían apoyado a Gómez Pedraza en las elecciones; en general, todas las clases propietarias y las muchas familias con parentesco español que no podían tolerar como presidente a un hombre que había sido uno de los principales rebeldes durante la guerra de independencia.[26]

Guerrero sería sustituido por Anastasio Bustamante (1830), quien tendría como Ministro de Relaciones a Lucas Alamán, personaje distinguido de la política conservadora mexicana que intentaría establecer el orden a través de una política de imposición, de control y de saneamiento del “sistema federal de sus extremismos: limitar el voto y las facultades de los ayuntamientos, fortalecer el ejecutivo, reducir gastos y arreglar la hacienda pública y profesionalizar al ejército para una defensa suficiente de la nación.”[27] Sin embargo esta política con la que se trató de imponer el orden constituyó el desplome de Bustamante, más aún cuando se ordenó el fusilamiento de Vicente Guerrero, debido a su popularidad y al temor que esto causaba al gobierno de Bustamante.

En 1832, Anastasio Bustamante renunciaría a la presidencia y en sustitución quedaría Manuel Gómez Pedraza, quien al poco tiempo sería reemplazado por Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa Anna, ambos representantes de la tendencia progresista. Estos últimos aplicarían una política liberal reformista y entre algunas medidas estaría, la secularización de la enseñanza, la incautación de los bienes del clero, la reforma de las órdenes religiosas y el ejercicio del patronato por el gobierno, lo que desató las protestas del clero y también las protestas populares. En conjunto las discrepancias ocurridas durante la Primera República Federal, entre políticas que caían en el despotismo ilustrado y políticas radicales, entre gobiernos considerados ilegítimos al ser producto de la imposición y no del ejercicio de la soberanía, entre gobiernos que gozaban de la popularidad aunque no del reconocimiento legal y, sobre todo entre políticas que tendían a la transformación y políticas que miraban en el pasado las políticas a seguir, ocasionaron que en 1836 se implantara otro sistema de gobierno medianamente nuevo que duraría seis años, la primera República Central consagrada en la Constitución de las Siete Leyes. Este gobierno, con el que se pretendería terminar con las soberanías locales, aunque no con la particularidad de cada provincia, era fruto de los liberales moderados.[28] Tendencia política que comulgaba con algunas de las ideas del grupo conservador, especialmente las referentes a las innovaciones eclesiástico-religiosas.[29]

La peculiaridad de este sistema sería revestir a la República de un régimen presidencialista: cesarían las legislaturas de los Estados, se establecerían las Juntas Departamentales, los gobernadores quedarían sujetos del Ejecutivo y el periodo presidencial se extendería a ocho años.[30] La Sietes Leyes incluirían una lista de derechos individuales como la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad, sin embargo crearían un Supremo Poder Conservador o cuarto poder encargado de impedir los abusos de los otros tres. Fundamentalmente las tendencias políticas que sostenían este régimen pertenecían a la gente empresaria que velaba por sus intereses económicos, y una de las cuales demandaría más tarde la reinstalación de una monarquía en México, tal es el caso de Lucas Alamán y del liberal moderado José María Gutiérrez de Estrada. Michel P. Costeloe afirma que “tanto liberales moderados y conservadores, convenían en la necesidad de una mayor centralización del poder para que el gobierno nacional pudiera imponer su autoridad y mantener el control en las regiones.”[31] Cabe distinguir que es a partir de 1846 cuando el partido conservador se distingue como tal.

No obstante, durante el gobierno centralista los problemas comenzaron cuando Texas se independiza y se constituye en República el 2 de marzo de 1836 y cuando además, Yucatán y las Californias fueron virtualmente independientes, asegura Costeloe.[32] Esto provocaría el desmembramiento del territorio mexicano y sembraría el germen de una lucha entre quienes enarbolaban las ideas federales por una lado y las centralistas y monarquistas por otro. La pérdida de Texas subrayó la falta de control político-económico-social del vasto territorio mexicano. Y si a esto se agrega que ni monarquía, ni república federal, ni central, habían logrado unificar a los distintos territorios, porque éstos no habían logrado integrarse y reconocerse con los distintos regímenes políticos, ya se entiende que la llegada del régimen dictatorial de Antonio López de Santa Anna en el año de 1841, respondía sobre todo a la imperiosa necesidad de establecer un orden político en el país. La dictadura así era la resultante de la falta de credibilidad y aceptabilidad de un sistema político, pero desde luego, de la falta de legitimidad política que existía hacia un régimen y unas leyes degradadas. 

Bien que esta situación la aprovecharon los Estados Unidos, quienes con su teoría expansionista coordinada desde Washington, pronto se apoderaron de Texas, lugar habitado principalmente por estadounidenses, aunque sería en 1845 cuando Texas se une a los Estados Unidos. Otro tanto harían con la California y Nuevo México con pretextos de ofrecer la libertad a todos aquellos que huían de gobiernos tiránicos como los instalados en México y que deseaban conocer la libertad.[33] Surgía así el protector de los estados fronterizos y el promotor de las ideas republicanas federales.

Muchos ambicionaban las Californias, con el puerto de San Francisco para el comercio con el Asia. El clima de ambición de tierras estaba listo para convertirse en un verdadero movimiento que sólo esperaba un nombre. John L. Sullivan acuñó en 1845 la frase feliz de “Destino Manifiesto”, o destino revelado, que en verdad expresaba ese vago conjunto de ideas y sentimientos que justificaban las ambiciones norteamericanas y de los que él mismo hizo verdadera doctrina. Cualquier pueblo vecino podría establecer un autogobierno por contrato, solicitar admisión, y si se le consideraba calificado, se le admitiría en la Unión.[34]

De octubre de 1841 a junio de 1843, la dictadura sería el nuevo régimen político que tendría por objetivo, establecer el orden y la paz. Pero, cuando los moderados se dieron cuenta que habían aprobado un régimen militar, proyectaron ganar las elecciones y establecer nuevamente la república central, lo que ocurrió en 1843. Entonces apareció la nueva Constitución o las Bases Orgánicas de 1843 que principalmente fortalecieron al ejecutivo y suprimieron el Supremo Poder Conservador. Sin embargo, las Bases establecieron una Junta de Notables que deliberaría sobre la forma de gobierno que se establecería. Particularidad de esta Junta fueron sus miembros: “80 hombres que supuestamente habían sido seleccionados porque en sus creencias políticas, así como en su posición económica y social, representaban grupos con cuyo apoyo creía Santa Anna que podría contar.”[35] La Junta esencialmente la constituían las clases propietarias, la Iglesia y el ejército. Santa Anna gobernó así por tres años como dictador, pero durante este periodo  rechazaría dos proyectos progresistas y aprobaría las Bases Orgánicas que junto con los otros dos proyectos resaltarían las garantías individuales y la protección del individuo de los abusos del poder.[36]

Las Bases mantendrían además “la centralización de las rentas, dando prioridad a los gastos del ejército, con el pretexto de la guerra de Texas”[37] y aprobarían una política que excluiría la participación de quienes no profesaran la religión católica. La elección de los representantes sería indirecta, pero se eliminaría a la clase pobre de la participación política, es decir, al ignorante, al que no tenía propiedad.[38] “Los moderados no aprobaban las bases, pero consideraron importante tener un orden legal que eliminara la dictadura y obligara a Santa Anna a respetarlo. El 12 de junio de 1843, Santa Anna juraba la nueva ley fundamental.”[39] Y, juradas las bases lo primero fue acordar las elecciones presidenciales y resolver los asuntos separatistas de Texas y Yucatán.

Tras las elecciones de 1843, Santa Anna quedaría al frente de la segunda república central, sin embargo, acostumbrado a gobernar como dictador y a retirarse del poder cuando quería, pronto vino su desplome y con éste la caída de la segunda república central. Y tras una breve presidencia de José Joaquín de Herrera en la que estuvo presente una conspiración monárquica orquestada desde España y donde a su vez Texas se anexiona a los Estados Unidos en 1845, el 2 de enero de 1846 el general Mariano Paredes y Arrillaga quedaba al frente del gobierno. Sin embargo sus actos políticos terminarían en una dictadura que duraría escasamente ocho meses (4 de agosto de 1846).

Durante la dictadura de Paredes se practicaría una política restrictiva, en relación a los bienes requeridos para ser elector, aunque también en relación a cambiar las autoridades cuando se creyera conveniente. Ahora, una problemática que enfrentó Paredes fue la guerra con los Estados Unidos y el proyecto de establecer una monarquía en México con príncipe extranjero. “En México se supo, por noticias recogidas de periódicos extranjeros, que se maquinaba una intriga en las cortes europeas y a lo cual no era ajeno Santa Anna, entonces exiliado, y cuyo fin consistía en implantar una monarquía con príncipe extranjero.”[40] Los tradicionalistas consideraron que el régimen de gobierno basado en la monarquía constituiría una barrera para los Estados Unidos y para su teoría expansionista, aunque también un dique para las ideas republicanas y federalistas que tendían a dividir a los distintos territorios que conformaban la república mexicana. “Y ya desde entonces aparece la extraordinaria tesis de que Francia se sentía con la responsabilidad de defender a México contra su poderoso vecino.”[41]

Los federalistas entonces se pronunciaron contra Paredes por considerar que traicionaban a la patria si apoyaban el proyecto monárquico y porque no habían podido colocar nuevamente a las élites regionales en el poder. Vino así el momento del cambio y la restauración de la Constitución de 1824 y el establecimiento de la Segunda República Federal (1846), aunque junto a ésta la invasión norteamericana a México. Al respecto, es necesario recordar que la primera fase de la intervención norteamericana comenzó en 1829 con la pretensión de los Estados Unidos de anexar Texas a su territorio y cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, José María Bocanegra, advirtió al ministro norteamericano Waddy Thompson, “que el gobierno de la república mexicana consideraría la admisión de Texas en el vecino país como una declaración de guerra de los Estados Unidos a México.”[42] Con lo cual quedaba “preceptuado que el asunto texano constituía un capítulo del honor nacional.”[43] Texas declararía su independencia en 1836 y en ese mismo año, Santa Anna, al ser capturado y hecho prisionero en la batalla de San Jacinto para recuperar tierra texana, reconoce la independencia de Texas y la frontera del Río Bravo (Tratado de Velasco). El gobierno mexicano desconocería aquel Tratado y en los años siguientes tras algunas incursiones militares mexicanas en Texas y después de que en 1845 Texas ingresara a los Estados Unidos como estado y de que México rechazara la propuesta del vecino país del norte al intentar la compra de los territorios de la Alta California y Nuevo México, ambos países romperían relaciones diplomáticas. El gobierno norteamericano enviaría tropas a la frontera de Texas y ahí tendrían lugar los primeros enfrentamientos que terminarían en la declaración de guerra contra México por parte del presidente de los Estados Unidos, James Polk el 13 de mayo de 1846. El gobierno mexicano trataría de defender sus posesiones y aun sin dinero y sin el ejército suficiente, declararía la guerra el 23 de mayo del mismo año.

Así, con Santa Anna nuevamente a la cabeza y el federalismo en la República, en el año de 1846 los estados recuperaron su autonomía, pero al hacerlo, cada estado se percibió como nación independiente y luchó por el resguardo de su propio territorio. Al mismo tiempo, la ambición estadounidense no cesó y con pretextos de una guerra absurda, aprovecharon la debilidad del gobierno mexicano, de no tener un buen ejército, armas y dinero y se hicieron de la Alta California, de Arizona y de Nuevo México. De tal forma que para 1848, los Estados Unidos tenían en sus manos más de la mitad del territorio mexicano (2,400,000 km²).[44] Esta situación hizo que algunos monarquistas como José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y el padre Francisco Javier Miranda, promovieran con mayor insistencia el proyecto monárquico en México como medio de salvar al país del peligro que representaba el expansionismo estadounidense.

Cabe señalar que ya desde 1846 el partido conservador había anunciado su ideario político en el periódico El Tiempo.[45] Entonces Lucas Alamán expuso el proyecto conservador y diría que México requería del establecimiento de una monarquía con príncipe extranjero y de estirpe real, aunque sin intervención, como medio de frenar el expansionismo norteamericano. Plantearía además la teoría de que la república implicaba intervención extranjera y división, mientras que la monarquía constituía la unidad, el orden, la conservación de la religión católica, las tradiciones y la presencia de una aristocracia de mérito personal. Ahora, entre 1847 y 1848 el federalismo enfrentó la invasión norteamericana y la pérdida de territorio mexicano, lo que sirvió de ofensiva por parte de los conservadores para llevar a cabo una embestida monárquica. Y para tal efecto el periódico El Universal fue la bandera de aquellos ideales. 

Desde la mirada conservadora, la patria se encontraba en caso de vida o muerte, de ahí que México precisara de un régimen fuerte con capacidad de salvarle de la tiranía norteamericana. Así se llegó a considerar en la década de los cincuenta que el establecimiento de una dictadura salvaría al país y quien mejor para encabezarla que Antonio López de Santa Anna. Lucas Alamán (conservador) y Miguel Lerdo de Tejada (liberal) escribirían en tal caso sus respectivas propuestas a Santa Anna tras ser electo presidente por el término de un año según el Plan Arroyo Zarco de 20 de octubre de 1852.[46] Alamán solicitaría el cese del federalismo, la conservación de la religión católica, el establecimiento de una nueva división territorial que borrara la forma de estados y el fortalecimiento de escuelas de Artes y Oficios. Lerdo de Tejada por otra parte demandaría  la continuación del sistema federal, la formación de un buen ejército, la instrucción para el pueblo y la corrección de los abusos del clero.[47]

El 20 de abril de 1853, Santa Anna asumiría el poder y con apoyo de Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores, se publicarían las Bases para la administración de la República.[48] La primera medida sería establecer un poder dictatorial y, por medio de las Bases, desaparecer los estados como entidades políticas para adquirir la categoría de Departamentos y terminar con el federalismo. Sin embargo la muerte de Lucas Alamán, quien controlaba las decisiones políticas internas, representó el término de la dictadura del partido conservador, no así el régimen de Santa Anna cuyo gobierno, ya sin las ataduras del Ministro de Relaciones, sería dictatorial e investido de monarquía, al grado de nombrarse Alteza Serenísima. Conservadores, centralistas, comerciantes, agiotistas, miembros del clero y todos aquellos que rechazaban el federalismo, apoyarían entonces a Santa Anna.

Acto inaugural de este periodo sería “el decreto de 11 de noviembre de 1853 que restableció la Orden de Guadalupe, símbolo espectacular de monarquismo y de veneración a la memoria de Iturbide e intencionada afrenta a las tendencias democráticas.”[49] Así, sería en Guadalajara primero donde se levantaría un acta el 17 de noviembre para que al presidente se le concedieran plenitud de facultades y continuara en el poder por tiempo indefinido. A esta petición se unirían otros Departamentos y poblaciones y sería el mismo Consejo de Estado quien, además de darle la categoría de “Alteza Serenísima”, le investiría de “facultades discrecionales, con lo que quedaba diferida la convocatoria al Congreso.”[50] Santa Anna pretendió entonces proclamarse emperador de los mexicanos y así llegó a buscar apoyo de un ejército europeo para su protección, es decir, una monarquía nacional con intervención armada. Sin embargo, la nueva mutilación del territorio mexicano (La Mesilla) en 1853 y el abuso de poder de Santa Anna al infringir las instituciones republicanas, hicieron que estallara la Revolución de Ayutla.

La dictadura santannista había logrado provocar el disgusto y la animadversión de todas las clases de la sociedad. Los conservadores, que lo habían llevado al poder, lo repudiaban porque la efervescencia popular, que no tardaría en estallar, ponía en peligro sus intereses; los moderados, porque consideraban absolutamente ilegal su régimen y porque habían sido heridos sus intereses de propietarios y de industriales; los radicales, por todo, pero principalmente por sus ataques a las libertades civiles y políticas, por sus medidas persecutorias y por sus proyectos monárquicos.[51]

El principal objetivo de los caudillos de la Revolución sería la proscripción del monarquismo, el establecimiento de la República federal o central y la admisión de una dictadura provisional que estabilizara al país mientras se establecía un nuevo régimen político. Al ver el fin de su gobierno, Santa Anna renunció al poder a mediados de 1855. Juan Álvarez le sustituiría como presidente interino y el primer asunto fue convocar un nuevo congreso constituyente y elaborar una legislación acorde con las nueva situación histórica. Reunido el Congreso Constituyente a principios de 1856, el alegato giró en torno a dos cuestiones o posiciones políticas: la primera tenía relación con la elaboración de una nueva legislación, mientras que la segunda buscaba la restauración de la Constitución de 1824.[52] En otras palabras, entre las tendencias de ideas avanzadas y drásticas cuyo primordial interés era la transformación de la sociedad y el progreso económico del país y aquellas tendencias políticas inclinadas a frenar una reforma trascendente, aunque orientadas a los cambios paulatinos.

El nuevo código debe atender, también a los males sociales que afligen a la patria y que solamente pueden encontrar en él su definitivo remedio. Esto no se puede hacer restaurando la vieja y venerable Constitución de 1824, por más modificaciones que se pretendan introducir en ella; sólo una ley fundamental de otra índole es el medio adecuado para realizar tan supremo y urgente objetivo.[53]

Esta política reformista comenzó con la elaboración de una serie de leyes que tendrían por objetivo el progreso económico, político y social del país.[54] A esto se unió la Constitución de 1857 que, arbitraria para las tendencias conservadoras por tocar un punto vulnerable: una sociedad que no terminaba por sobreponerse a la transformación de sus tradiciones, representaba una bandera liberal, una bandera a los derechos individuales.[55] Sin embargo, ¿hasta dónde esta legislación era la representación de la voluntad nacional o el resultado de una política arbitraria que navegaba con estandarte liberal y reformista?

Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 estaban fabricadas por liberales cuya doctrina política estaba pensada para el porvenir, pero no para la realidad socioeconómica presente. De ahí que esta situación de lucha entre una política más teórica que práctica y otra que sobre todo justificaba el orden a partir de la centralización fuera el detonante de la Guerra de Tres Años en 1858.

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[1] Galeana de Valadés, Patricia. Las relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, p. 13.

[2] Reynaldo Sordo Cedeño considera que entre 1821 y 1855, el intento de modernizar al país, asociado a la creación del Estado-nación, fue obra de los líderes con tendencias liberales y otros no tan liberales, con una fuerte oposición a los líderes tradicionales educados con ideas pertenecientes al orden colonial. Al mismo tiempo nos dice, de acuerdo a lo expuesto por Charles Tilly, que la “formación del Estado-nación tiene que ver con el proceso de modernización de los países europeos por lo menos en tres de cuatro puntos importantes: a) la afirmación de parte de los líderes políticos de la determinación de modernizar; b) un efectivo y decisivo rompimiento con las instituciones asociadas con la forma de vida agraria; c) la creación de un Estado-nacional con un gobierno efectivo y un razonable consenso de parte de los habitantes con respecto a los fines y medios, en: Sordo Cedeño, Reynaldo, “El Congreso y la formación del Estado-Nación en México: 1821-1855”, ver: Vázquez, Josefina Zoraida (Coord.). La fundación del Estado mexicano, México, Nueva Imagen, 1994, p. 136.

[3] Calvillo, Manuel. La República Federal Mexicana. Gestación y Nacimiento, México, El Colegio de México, 2003, p. 36.

[4] Ibidem, p. 53.

[5] Ibidem, p. 55.

[6] Ibid, p. 82.

[7] Arenal Fenochio, Jaime del, Agustín de Iturbide, México, Planeta, 2002, p. 66.

[8] Ibidem, p. 67.

[9] A decir de O’Gorman, el imperio de Iturbide mostró un grave problema: la carencia del prestigio personal que requiere un rey y sobre todo la legitimidad dinástica que es el natural fundamento de esa investidura. Ver: O’Gorman, Edmundo. La supervivencia política novo-hispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano, Fundación Cultural CONDUMEX, Centro de Estudios de Historia de México, México, 1969, pp.15-17.

[10] Vázquez Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, Historia general de México, t. 2, México, el Colegio de México, 1996, p. 747-748.

[11] Arenal Fenochio, Jaime del, op. cit, p. 93.

[12] En relación a la logia yorkina, Del Arenal Fenochio sostiene que el gobierno de los Estados Unidos, “(atemorizado por las dimensiones geográficas del naciente imperio, las cuales le cerraban el control del Caribe, del golfo y su expansión hacia la costa del Pacífico) vio al nuevo país sin el apoyo de la corona española y continuó su presión para apropiarse de más territorio. Primero mandó grupos de gente para instalarse en las despobladas provincias del norte; en segundo lugar, por medio del agente y espía Joel R. Poinsett, quien al fracasar en su intento de obtener territorio a costa de México, apoyara la instalación de un gobierno republicano en lugar de la monarquía por medio del establecimiento de logias del rito yorkino.” Ver: Ibidem, pp. 93-94.

[13] O’Gorman. La supervivencia política novo-hispana., op. cit., p. 20.

[14] Villegas Revueltas, Silvestre. El liberalismo moderado, 1852-1864, México, UNAM, 1997, p. 11.

[15] Sobre este tema, ver: López Camacho, Alejandra, Entre leyes divinas y humanas. El periódico La Sociedad, 1857-1867, Tesis de Maestría en Historia, Puebla- México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2006, p. 173.

[16] Vázquez Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, op. cit., p. 753.

[17] Valadés, José C. Orígenes de la república mexicana, México, Editores Mexicanos Unidos, 1972, p. 87.

[18] Ibidem, p. 60.

[19] Calvillo, Manuel, op. cit., p. 45.

[20]  O’Gorman, La supervivencia política novo-hispana, op. cit., p. 24.

[21] Vázquez, Josefina Zoraida, “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en, Federalismo latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 15-47.

[22] Valadés, José C. Orígenes de la república mexicana, op. cit., p. 29.

[23] Ibidem, p. 29.

[24] Vázquez, Josefina Zoraida, “De la difícil constitución de un Estado: México, 1821-1854”, en, Vázquez, Josefina Zoraida (coord.). La fundación del Estado Mexicano, México, Nueva Imagen, 2000, p. 16.

[25] Valadés, José C. Orígenes de la república mexicana, op. cit., p. 95.

[26] Costeloe, Michel P. La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 233-234.

[27] O’Gorman. La supervivencia política novo-hispana., op. cit., p. 16.

[28]  O’Gorman. La supervivencia política, op. cit., p. 25.

[29] A decir de Silvestre Villegas, los moderados de mediados del siglo XIX, sostenían, en relación a la reforma, vista como acción de corregir, de modificar o de volver a formar, que “el pasado debía tomarse en cuenta porque no se podía ignorar de pronto el peso de la herencia cultural.” De ahí que fueran partidarios de gobiernos centralistas, ver: Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., pp. 35-36.

[30]  O’Gorman, Edmundo. Historia de las divisiones territoriales de México, México, Ed. Porrúa, 1994, p.73.

[31] Costeloe, Michael P. La república central en México, 1835-1846. “Hombres de bien” en la época de Santa Anna, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 71

[32]  Ibidem, p. 377.

[33] Vázquez, Josefina Zoraida , “Los primeros tropiezos”,  op. cit., p. 810.

[34] Ibidem, p. 811.

[35] Las características de los miembros que integraba la Junta de Notables eran: “78 % tenían más de 40 años, lo que contrastaba en grado notorio con los radicales jóvenes del Congreso de 1842, más de la mitad de los cuales eran menores de esa edad. En cuanto a su ocupación, 36 % eran abogados, 18% oficiales militares, 13% clérigos y 12% funcionarios.” Ver: Costeloe, Michael P., La república central en México, 1835-1846. op. cit., p. 276.

[36] Vázquez, Josefina Zoraida , “Los primeros tropiezos”,  op. cit., p. 765.

[37] Vázquez, Josefina Zoraida, “De la difícil constitución de un Estado: México, 1821-1854”, op. cit., p. 24.

[38] Respecto de la elección de representantes, de acuerdo al artículo 147 de las Bases Orgánicas, quedó establecido que las poblaciones se dividirían en secciones de 500 habitantes y de ahí saldría un elector primario, quien nombraría a su vez a los electores secundarios, uno por cada 20 de los primarios. A esto se agrega, de acuerdo a los artículos 20, 21 y 22, que dejaban de ser ciudadanos o aquellos que tenían derecho al voto, los sirvientes domésticos, los que no profesaran la religión católica, los que fueran ebrios, tahúres y vagos, entre otros, en, Bases Orgánicas de la República Mexicana (14 de junio de 1843).

[39] Vázquez, Josefina Zoraida, “De la difícil constitución de un Estado: México, 1821-1854”, op. cit., p. 24.

[40] O’Gorman. La supervivencia política, op. cit., p. 31.

[41] Ibidem, p. 31.

[42] Valadés, José C. Breve historia de la guerra con los Estados Unidos, México, DIANA, 1993, p. 24.

[43] Ibidem, p. 24.

[44] La nueva división territorial de México quedó establecida en el Tratado de Guadalupe firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, en Vázquez, Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, op. cit., p. 818.

[45] Alamán, Lucas, “Profesión de fe de los conservadores”,en L. González y  González, op.cit.,  pp.129-130.

[46]  Vázquez, Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, op. cit., p. 810.

[47] González Navarro, Moisés. Anatomía del poder en México (1848-1853), México, El Colegio de México, 1977, pp.362-373.

[48]  E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit., p.45.

[49] Ibidem, p. 46. 

[50] Vázquez Mantecón, Carmen, Santa Anna y la encrucijada del Estado. La dictadura (1853-1855), México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 50.

[51] Díaz, Lilia, “El liberalismo militante”, Historia general de México, t. 2, México, el Colegio de México, 1996, p. 829.

[52] El 18 de febrero de 1856, el Congreso Constituyente inauguró sus labores y de 155 diputados electos, sólo asistieron a las primeras sesiones unos 80 y esta cantidad fue disminuyendo conforme las sesiones avanzaron, parecía que entonces existía desconfianza  y tibieza entre los asistentes. Y es que debido a sus cargas políticas tonales, las nuevas leyes no combinaban del todo con su color, en, Rabasa, Emilio, La Constitución y la Dictadura, México, Ed. Porrúa, 1956, (1ª ed. 1912), p. 33.

[53] E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit., p. 54.

[54] La primera ley fue, la Ley de administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios o Ley Juárez, del 23 de noviembre de 1855, elaborada por Benito Juárez (1806-1872), ministro de Justicia durante el gobierno de Álvarez.  Una vez Ignacio Comonfort en la presidencia (1855-1858), se expidieron: la Ley de desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas o Ley Lerdo, realizada por Miguel Lerdo de Tejada (1812-1861), ministro de Hacienda, el 25 de junio de 1856; la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, el 27 de enero de 1857, que reguló el establecimiento y uso de los cementerios y la de Obvenciones Parroquiales o Ley Iglesias, del 11 de abril del mismo, elaborada por José María Iglesias (1823-1891), ministro de Justicia, en Díaz, Lilia, op. cit., pp.832-833.

[55] Principales artículos contenidos en la Constitución de 1857:

Art. 1°. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales.

Art. 3°. La enseñanza es libre.

Art. 4°. Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode.

Art. 5°. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso.

Art. 6°. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.

Art. 7°.Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.

Art. 12°. No hay, ni se reconocen en la República, títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios.

Art. 13°.En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales.

Art. 23°.Abolición de la pena de muerte, salvo en casos que la ley prevé.

Art. 27°.Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.

Art. 123°.Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes, ver: La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857 y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sancionada en 1861. Edición ilustrada, conmemorativa del 130 aniversario del inicio del congreso Constituyente Extraordinario de 1856-1857. México, Gobierno del Estado de Puebla, Ed. Facsimilar, 1986, pp. 123-142.