Biombo de una fiesta en un jardín, Ciudad de México 1700

Biombo de una fiesta en un jardín, Ciudad de México 1700
Biombo de una fiesta en un jardín, Ciudad de México 1700

sábado, 18 de octubre de 2014

Monarquistas, republicanos, liberales, conservadores, federalistas, centralistas, progresistas y moderados en el México del siglo XIX. Un acercamiento a la historia política decimonónica mexicana (1833-1868)

Alejandra López Camacho
SEGUNDA DE DOS PARTES 
IV
 Luego que Ignacio Comonfort sustituyera a Juan Álvarez en la presidencia y que Benito Juárez quedara como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el mes de diciembre de 1857, aparecería el Plan de Tacubaya que desconocía la Constitución de 1857. Por artículo primero de este documento, cesaba de regir la legislación del 57, por artículo tercero, el encargado del poder ejecutivo convocaba a un congreso extraordinario para formar una constitución conforme a la voluntad nacional y por artículo sexto se amenazaba con terminar en el ejercicio de sus funciones a las autoridades que no secundaran el Plan de Tacubaya. Es decir, se hablaba de voluntad nacional, pero de una voluntad nacional que permanecía condicionada y amenazada. Esto refleja que tanto liberales como conservadores determinaban aquella voz que era la voluntad nacional, pero que al mismo tiempo representaba la voz del partido en turno. Así, liberales y conservadores se enfrentaron abiertamente a principios de 1858. Los liberales, representados por Benito Juárez sostendrían las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 y junto a esto la reforma y el credo liberal. De otra parte, se encontraba la “nueva generación postsantanista de Osollo y Miramón y el propio Leonardo Márquez, que constituían en definitiva los más bisoños sostenedores de la visión ultramontana.”[2] 
Félix Zuloaga, representante de una parte de la facción conservadora, encabezaba aquel Plan y ahí aclaraba que la mayoría del pueblo estaba en desacuerdo con la Carta Magna porque no hermanaba el progreso con el orden y la libertad y porque era ocasión de la guerra civil. Era necesario por lo tanto, señalaba, elaborar una Constitución conforme los usos y costumbres de los mexicanos. Y si a esto se agrega que Ignacio Comonfort practicaba una política templada y conciliatoria y que buscaba sobretodo establecer una política coherente con a la mediación política y no con la radicalidad en los cambios, ya se entiende que la legislación del 57 y las medidas reformistas que se estaban produciendo chocaban con su posición política. De ahí que esa actitud fuera celebrada por los conservadores, aunque también por el mismo clero que prohibió jurar la Constitución a los fieles y amenazar con la excomunión a todo aquel que la reconociera. Para el clero, la legislación del 57 representaba una violación a las creencias religiosas y a la propia soberanía de la Iglesia. Y tanto la Constitución como las Leyes de Reforma atacaban las costumbres y creencias religiosas, consideraban los conservadores. Fue así como el clero, que a lo largo del siglo XIX había sido partícipe de la política mexicana, se vio más impotente cada vez frente a la Reforma.[3] De ahí que en determinado momento...

Los templos se cerraron para el gobierno en la capital y la propaganda cundió desde “el santuario hasta el hogar doméstico”, se esparció por las calles y reforzó a las huestes de la rebelión que habían sido derrotadas en todos los combates anteriores. Vio abierto “un nuevo palenque en qué combatir, y se encontró con armas nuevas, habiendo logrado su objetivo de convertir definitivamente la cuestión política en cuestión religiosa.”[4]

El moderantismo político de Comonfort tropezó con aquellos liberales que tendían hacia un radicalismo y buscaban la reforma drástica y obligada de la sociedad. Silvestre Villegas Revueltas considera que dentro de esta tendencia liberal cabía la idea de “que los principios más revolucionarios tienden a innovar la estructura de los pueblos, a pesar de que lo proclamado les incomode, los moleste y llegue a chocar con su idiosincrasia.”[5] En el fondo lo que estaba en juego era la lucha por la transformación de la sociedad, aunque también el nuevo sentido que se pretendía suministrar a la política mexicana y con la cual se aspiraba construir una legitimidad política. Es decir, por una parte, Comonfort y el grupo que le apoyaba solicitaban la elaboración de una “ley fundamental que reflejara y estuviera acorde con la cultura y sentimientos del pueblo mexicano, para que no fuese una vez más un corpus teóricamente avanzado.”[6] En contraposición, el otro grupo liberal lo que solicitaba era la reforma de la sociedad sin miramientos.
Frente a esta situación Ignacio Comonfort se declaró imposibilitado para gobernar con una Constitución que no hermanaba el “orden y la libertad, la tradición y la reforma, el pasado y el porvenir”, asegura Villegas Revueltas.[7] Ahora, si el conflicto era la Constitución y las Leyes de Reforma entre las distintas tendencias políticas, ¿por qué no considerar el espacio de lo público o el espacio de todas las clases sociales, donde, de acuerdo al punto de vista del grupo conservador que integraba el periódico La Sociedad, ese público era el que no hallaba estabilidad política ni social debido al sentido confuso de lo que se proyectaba hacer o construir en los gobiernos y lo que fundamentalmente era consecuencia de la falta de claridad de los conceptos utilizados para hacer política y la realidad que atravesaban?[8] Sencillamente porque esto provocaría un caos mayor al ya existente en 1857. Pues si los diferentes grupos políticos no sabían a ciencia cierta el camino a seguir, el espacio de lo público tampoco, menos al mantenerle al margen de los asuntos políticos, que también eran públicos. Si a esto se agrega que la gente vivía bajo amenaza del clero de excomulgarles en caso de jurar la Constitución, ya se entiende el momento crítico por el que se atravesaba y que en determinado momento provocó la renuncia de Comonfort. 
En el mes de diciembre de 1857, Ignacio Comonfort reconocía el Plan de Tacubaya, algunos días después, en enero de 1858, renunciaba a su cargo y entregaba el mando presidencial a Benito Juárez. [9] Sin embargo esta toma de posesión dio lugar una dualidad de poderes. Una vez Juárez en el poder y una vez reivindicadas la Constitución del 57 y las Leyes de Reforma, Félix Zuloaga inauguraba su propio gobierno como presidente de la República apoyado en las Cinco Leyes. El primero representaba la facción liberal, el segundo la conservadora y mientras Juárez instalaba su gobierno en Guanajuato primero y al año siguiente en Veracruz, Zuloaga hacía lo mismo en la capital.
La dualidad de poderes condujo a una batalla política entre dos gobiernos que pretendieron aniquilarse mutuamente. Y mientras Zuloaga sentía confianza y fortaleza en la capital, Juárez deambulaba con el gobierno republicano constitucional por varios estados de la república. El presidente de tendencia conservadora, restablecería los “fueros y la Suprema Corte de Justicia, tal como estaba antes de noviembre de 1855”, pero anulaba “la Ley de desamortización de Bienes Civiles y Eclesiásticos y, en consecuencia, los actos emanados de ella.”[10] Por otra Juárez convocaría a un “Congreso de la Unión para expedir las leyes orgánicas de la constitución”[11] y a la realización de nuevas elecciones. “Conservadores y liberales enfrentaban con nitidez sus programas, sin esperanza de conciliación y lo que es más, sin deseos de que la hubiera.”[12]
Frente a esta dualidad, un tercer grupo conservador “que no estaba ni con Juárez ni con Zuloaga”,[13] se pronunció en la capital contra el gobierno establecido por medio del Plan de Navidad. El general Miguel Miramón, representante de aquel grupo, asumiría la Presidencia de la República el 2 de febrero de 1859, una vez que Zuloaga se separa del puesto. Aunque su gobierno fue desconocido por Juárez, el primer problema que enfrentaron ambos gobiernos fue la falta de dinero. Con todo, el dominio de los liberales republicanos en México durante esta primera mitad del siglo XIX y hasta el Segundo Imperio, sería precario y constantemente amenazado por los conservadores que hicieron lo posible por perpetuar el régimen político conservador. Y aunque ambos grupos perseguirían la entrada del capitalismo en México, la conservación de sus intereses y el orden interior, el problema fue que no existió acuerdo en sus propuestas políticas, como tampoco en la forma de gobernar.

El país se empobrecía a pasos agigantados, pero nada claro indicaba un cambio en la balanza del conflicto. El clero recuperó sus fueros, los regulares pudieron respirar con cierta calma y la beatería concurrió, por lo menos en la ciudad de México, con seguridad a las funciones religiosas. El presidente que estaba en la capital [Miramón] comprendió que el triunfo radicaba en tomar Veracruz, pues con ello Juárez se vería obligado a abandonar México, o en el mejor de los casos moriría en el asedio de la plaza; también sabía que al ocupar el puerto obtendría una importante cantidad que por el momento fluía para el sostenimiento de las tropas constitucionales.[14]


            A esto se añadirían los tratados Mon-Almonte y McLane-Ocampo de septiembre y diciembre de 1859 respectivamente. El segundo, celebrado por el gobierno republicano y constitucional de Juárez, buscaría trazar los límites territoriales entre la frontera de los Estados Unidos y la de México y esta incluía la península de Baja California hacia los Estados Unidos y el “derecho de vía perpetua al través del istmo de Tehuantepec, y el Río Bravo al Golfo de California; el arreglo de las reclamaciones pendientes con Estados Unidos; el libre comercio y la protección efectiva de las personas y propiedades en dichas vías de comunicación, proyectos apoyados con la amenaza de una intervención militar en México.”[15] El tratado Mon-Almonte por otra parte, sostenido por el grupo anticonstitucional y conservador, tenía relación con el pago por el reconocimiento de España al gobierno de Miramón, tratado que el gobierno de Juárez desconoció. Ambos proyectos, aunque reprobados, eran muestra de los “extravíos propios de la guerra y las necesidades de ambos bandos.”[16] Es decir, en esto lo que estaba en juego era el reconocimiento de la legitimidad política de un gobierno hacia el extranjero, sea el anticonstitucional conservador por España, sea el liberal republicano constitucional por los Estados Unidos.
            A decir de Silvestre Villegas, fueron los moderados quienes sugirieron entablar la paz y las pláticas de avenimiento. Tras la publicación de un editorial de tendencia conservadora, denominado el Diario de Avisos (15 de junio de 1860), donde se decía que los moderados representaban al partido cobarde y ruin y que habían sido los que habían propiciado la guerra y la media justicia, un mes después, salió un documento “firmado por diversos vecinos de la ciudad de México, pidiendo al gobierno de Miramón y al encabezado por Juárez la manera de establecer una paz duradera, pues ello se hacía necesario teniendo en cuenta los caros intereses de la patria, su decoro e independencia. La consolidación de la paz era indispensable para conservar las propiedades y libertades públicas que estaban a punto de perderse por efectos de la lucha fraticida”[17] Era necesario en consecuencia establecer una paz que mediara los intereses de cada una de las posturas políticas.

El Partido moderado estaba entre el conservador, que era fanático, resueltamente clerical, enemigo de las ideas democráticas y hasta monarquista, y el liberal puro, que pedía una Constitución fundada en la soberanía popular, gobierno federado, supremacía del poder civil sobre la Iglesia y reforma social. Estos dos partidos, de principios netos y firmes, ocupaban dos líneas, mientras el moderado llenaba la ancha zona que dejaban aquellos entre sí; no tenía ni podía tener un credo, y esto le impedía tener un programa; no sabiendo qué debía sostener, se conformaba con huir de ambos extremos, buscando un medio prudente que cada uno de sus hombres se señalaba a su gusto en la lucha de sus temores religiosos con sus inclinaciones liberales. En realidad, este partido, sí así pudo llamarse, era la acumulación de los timoratos que llevaba  en la conciencia por atavismo y por tradición el escrúpulo religioso como tirano y como verdugo, dominando sobre ideas nuevas que ellos no podían desechar y sobre aspiraciones adquiridas en el medio ambiente que no querían vencer; producto del periodo evolutivo, debían desaparecer al concluir la evolución, absorbidos por los otros dos, y entonces cada hombre cedió por el lado más débil, y pasó resueltamente al extremo a que más se inclinaba.[18]

Miguel Miramón sería derrotado el 22 de diciembre de 1860 por los liberales constitucionalistas y al mes siguiente  Benito Juárez haría su entrada triunfal en la capital. Algunos meses después, el 11 de junio de 1861, Juárez sería designado presidente de la República constitucionalmente. Sin embargo su gobierno tendría que enfrentar una situación financiera realmente precaria. Con la nacionalización de los bienes eclesiásticos implementada desde julio de 1859, se habían esperado utilidades que no proporcionaron las ganancias requeridas. Rafael Tafolla afirma que “los bienes del clero no habían encontrado compradores, por temor a la excomunión, o se habían vendido a un precio muy bajo, aprobéchándose de aquella situación algunos ricos y especuladores, casi todos extranjeros”.[19] El producto de la venta, hace notar Tafolla, la destinó el gobierno primordialmente a cubrir las deudas internas.
En tal estado el 17 de julio de 1861, se suspendió el pago de la deuda exterior por un periodo de dos años, lo que resultó una coyuntura favorable para la intervención extranjera. José C. Valadés considera que la suspensión del pago “pareció a las naciones europeas como una defraudación del Estado mexicano a la confianza que había inspirado cuando le concedieron los préstamos.”[20] La firma de aquel documento sería el pretexto para que Francia, Inglaterra y España intervinieran en México, amén de los intereses económicos que perseguían, así como la expansión del comercio y la instalación de nuevas empresas dispuestas a sostener una red de financiamientos. Este sería el hecho, según Justo Sierra, que originó la cristalización de los deseos napoleónicos.[21]
Para asegurarse del pago de la deuda, las tres potencias firmaron en Londres la Convención Tripartita el 31 de octubre de 1861, esto buscaba presionar al gobierno mexicano a saldar cuentas pendientes. Las partes contratantes: la reina de España, Isabel II; la de Inglaterra, Victoria y el Emperador de Francia, Napoleón III, acordaron no sacar ventajas particulares para adquirir territorios o ejercer alguna influencia que dañara la forma del gobierno de México.[22] No obstante, los fines políticos y económicos que este acto encerraba no desvanecieron de las miras intervencionistas.
Como parte de lo reclamado, asegura Rafael Tafolla, Inglaterra deseaba asegurar el pago de sus créditos y la ventaja del mercantilismo británico; España cobrar su deuda, recobrar su antigua colonia y establecer una monarquía; Francia y sobre todo Napoleón III, aparte del pago de su deuda, pretendía apropiarse de las minas mexicanas, obstaculizar el expansionismo norteamericano y establecer una monarquía en México.[23] Y aunque al país norteamericano se le invitó a participar en dicha Convención, esta invitación resultó un acto puramente diplomático. En primer lugar porque estas tres potencias estaban regidas por monarquías, lo cual tropezaba con la sistema republicano estadounidense; en segundo lugar, los Estados Unidos se encontraban entretenidos en una guerra civil que les imposibilitaba mezclarse en el asunto intervensionista y en tercero, las tres potencias acordaron no esperar la contestación de los Estados Unidos y emprendieron rápidamente la intervención.[24] Para Napoleón III, esto resultó privilegiadamente dispuesto, aunque, la misma inestabilidad política de los partidos mexicanos había contribuido a ello.
Las ansias del emperador por imponer en México una monarquía no se hicieron esperar y tras ocultamientos diplomáticos, éstos poco a poco se descubrieron. Napoleón, planearía la empresa monárquica y ofrecería el trono a un príncipe de su agrado. Éste tendría la obligación de procurar el bienestar y la prosperidad del pueblo mexicano.[25] No tanto para el beneficio de México, sino porque esto permitiría el desarrollo económico de Francia. Napoleón III “...trataba de dar prosperidad y dilatación a las empresas financieras francesas, considerándolas brazos fuertes de un cercano desarrollo industrial”.[26]
Tres meses después del Tratado de Londres, en enero de 1862, sus representantes se reunieron en Veracruz. Ahí, las partes demandantes formularon un ultimátum al Gobierno de Juárez para exigirle la restitución de sus reclamaciones.[27] El presidente se manifestó dispuesto a pagar parte de la deuda porque no deseaba la guerra, sino la paz. Con tal objetivo se firmó un documento que formalizaba las reclamaciones pendientes. El Tratado de la Soledad, firmado en Veracruz el 23 de febrero de 1862 aclaraba que las negociaciones se abrirían en Orizaba, con la finalidad de llegar a un arreglo pacífico.[28]
En particular no todas las deudas se justificaban, menos aún las francesas. Tal fue el caso del especulador y banquero de los gobiernos mexicanos, el suizo Juan Bautista Jecker, quien desde 1859 facilitó un préstamo a Miguel Miramón que no alcanzó a pagar cuando éste era presidente. Al asumir Juárez la presidencia los bonos fueron desconocidos, por considerar que el gobierno de Miramón era ilegítimo. Al sentirse afectado el banquero se fue a Francia, no tanto por el pago, sino porque además debía grandes cantidades de dinero a extranjeros franceses que habían depositado en su banco. Una vez ahí se alió con Agustín de Morny, consejero y medio hermano de Napoleón III, con la intención de lograr que el emperador considerara como una de las principales reclamaciones a México aquella deuda, que de tres millones de pesos ascendió a quince y medio millones.[29]
Napoleón III entonces reclamaría su dinero e intentaría a toda costa legitimar su intervención y establecer una monarquía y un medio de obtener los mejores resultados, sería enviar a Juan Nepomuceno Almonte a territorio mexicano, quien radicaba en París y disfrutaba de una posición de confianza en la corte francesa, además de ser el hombre de confianza del emperador. La misión del hijo de José María Morelos, sería proporcionar información sobre la situación política de México. Así, a su regreso al país se hizo proclamar bajo órdenes francesas el 19 de abril de 1862, Jefe Supremo de la Nación, “...traía la autorización de hacer llegar la intervención al establecimiento de una monarquía.”[30] Juárez entonces tomó la decisión de expulsar a Almonte y a sus socios, entre ellos Saligny. Pero las ambiciones napoleónicas se hicieron cada vez más obvias y utilizando pretextos de que los mexicanos asesinaban a los soldados franceses por incitación del gobierno juarista, se le declaró la guerra a México.
Cuando Inglaterra y España se dan cuenta de las intenciones de Napoleón III, se retiran del proyecto intervensionista. Inglaterra porque mantenía una posición diplomática y no deseaba una guerra con México, al mismo tiempo que aprobaba los acuerdos de la Soledad. España por rechazar los propósitos napoleónicos y por estar incapacitada para enfrentar una guerra con México y enfrentarse a dos potencias poderosas.[31] Quedaba roto el pacto de Londres, pero tenía lugar la ocupación de México por tropas francesas.
V
        Parte del grupo político que trabajó arduamente en favor de la monarquía y que había perdido esperanzas de poder con el gobierno de Juárez, aunque no así en Napoleón III fueron: José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte, conservadores monarquistas, que en algún momento militaron en las filas del liberalismo y del federalismo, pero que las circunstancias políticas los alinean hacia el apoyo de un sistema de gobierno monárquico y esto no sólo en 1864, sino en varios periodos del siglo XIX. Éstos formarían parte de la comisión que ofreció la corona imperial de México a Maximiliano de Habsburgo en 1863 y algunos de los que integraran la Junta de Notables que determinaría la forma de gobierno monárquica para México.
El principal ideólogo de la causa monarquista con intervención armada fue José María Gutiérrez de Estrada, hombre de progreso y de conciencia política ilustrada, radicado en Europa. Éste ansiaba sobre todo moralizar la sociedad mexicana, salvar a México de los males que representaba la forma de gobierno republicana y establecer una monarquía.[33] Desde 1840 en una carta dirigida al entonces presidente Anastasio Bustamante el 25 de agosto, dejó ver su profundo desencanto por la ineficacia de la República y la Constitución de 1836. En esa carta no ocultaba sus ideas monárquicas y reconocía que la causa republicana, no era la solución política de los problemas de México. Estrada afirmaba, que no existían hombres preparados para convertir al país en una república federal con bases políticas firmes.[34] Y no existían porque el régimen federalista era ajeno al tronco histórico de los mexicanos.
Así, ni las constituciones, ni los sistemas central y federal, habían servido para consolidar la paz y tampoco la grave amenaza que representaban los Estados Unidos sobre la estabilidad política de México. De ahí que Gutiérrez de Estrada, se sostenía en la idea de establecer una monarquía como único medio de salvar al país. Los principios de Estrada no estaban peleados con la libertad, salvo la religiosa, pero veía en el sistema monárquico el único medio de pacificar al país y de salvarlo de la intervención ideológica norteamericana. La venida de un príncipe europeo de estirpe real y principios católicos como el Archiduque Maximiliano de Austria, resultó la única solución para establecer el orden político.
No obstante, la intervención debía justificarse teórica y políticamente, y de eso se encargó José Manuel Hidalgo. Monarquista mexicano radicado en París que escribió en 1859, Algunas indicaciones acerca de la intervención en México. En esta obra afirmaba que la instalación de un régimen monárquico pondría remedio a la situación caótica de México y al “...amago expansionista de los Estados Unidos; del peligro en que estaba la nacionalidad y del interés que necesariamente tenía Europa en el caso de México.”[35] Justificaba la defensa francesa al considerarla, “...la más alta expresión civilizada de la raza latina.”[36] Creía que la cercanía con el país vecino implicaría la esclavitud, pues ésta se practicaba en el sur de los Estados Unidos.  Por esa razón, su propuesta en torno a los problemas políticos del país, implicaban un régimen monárquico con protección europea basado en la tradición; esto es, de raigambre europea y colonial, sinónimos de la paz y el orden.
Hidalgo en una carta dirigida a Gutiérrez de Estrada escrita un mes antes del Tratado de Londres, creyó necesario buscar ayuda de Napoleón III, para instalar la monarquía y así salvar al país, “Seamos sinceros, quién en mi situación, no habría comprendido que debían aprovecharse tan inesperadas circunstancias para realizar lo que con tanta buena fe creíamos necesario para salvar aquella nacionalidad y dar la paz y la tranquilidad.”[37] Defendía su posición al afirmar que la intervención no era traición a la patria, porque Francia se retiraría una vez establecida la paz. Aunque su postura resultaba contradictoria, Hidalgo sostenía que Francia no tenía aspiraciones de dominio en América.[38]
Lo anterior que podría mostrar una actitud ingenua, en realidad no lo era. Varios fueron los factores que orillaron a estos hombres a tomar la decisión de una monarquía con intervención armada. Primero, la elección de un príncipe mexicano sin intervención, se vio fallida con Iturbide. Segundo, no resultaba fácil la elección de un monarca, menos aun siendo extranjero, porque de él se requería necesariamente que fuera católico, de sangre real, de familia aristocrática, de buena educación y porvenir de imperios con importancia. Tercero, en México y América no existía nadie con esas características, por esa razón se recurrió a un príncipe europeo, lo que podía entenderse como una intervención. Finalmente, el príncipe que cumplió con los requisitos fue el archiduque Maximiliano de Habsburgo, heredero al trono del imperio Austriaco.
Juan Nepomuceno Almonte, quien radicaba en París y se hizo enemigo de Juárez cuando al ascender como presidente le destituyó y desautorizó de su cargo de embajador de México en París, sería otro partidario del régimen de gobierno monárquico.[39] La destitución de Almonte obedecía a que este cargo se había realizado cuando Miguel Miramón, quien entonces fungía como presidente de los conservadores a la par que Juárez, le hizo embajador de México en París. Resulta difícil aceptar la explicación que, no lo es tanto, sobre la conducta de Juárez definida como de falta de cálculo, ignorancia y torpeza política acerca de la intriga monárquica. Su actitud de rechazo y repulsión hacia Almonte, hace sospechar que el presidente conocía de las intrigas fraguadas por estos hombres y por Napoleón III, sin embargo, era tal el empeño de Juárez por llevar a cabo la reforma y establecer el orden que “tenía metida entre ceja y ceja la idea del pacifismo. Todavía no creía en una guerra que estaba a la vista; todavía había en él las esperanzas de que los europeos se arrepintieran de su empresa.”[40]
Almonte estaba resentido y trató de sacar ventaja de la ocasión, así hizo lo posible por derribar a Juárez e intrigar en las cortes francesas en favor de la intervención en México, “Ahora cooperaba con Gutiérrez de Estrada e Hidalgo, pero inteligentemente se mantenía más unido a este último, pues como vivía en París tenía ocasión de ver lo estimado que era Hidalgo por la emperatriz.”[41] Almonte “el parricida, el Judas de su patria”,[42] reforzó la idea en Napoleón III sobre la viabilidad de la intervención y la implantación del sistema monárquico e influyó también en la opinión de responsabilizar a Juárez de las desventuras de México. No obstante, el emperador con o sin Juárez, tenía otros intereses políticos y económicos en México y juzgó pertinente su empresa expansionista. Pero confió demasiado en la demora de la Guerra Civil norteamericana y en disfrutar del tiempo suficiente para actuar. Napoleón III se aventuró así en México “...con la idea de ser el regenerador de la pobre nación mexicana”,[43] deseaba crear, “...un poder fuerte que proclamase los grandes principios de la civilización moderna, tales como la igualdad ante la ley, la libertad civil y religiosa, la probidad de la administración, la equidad de la justicia.”[44]
Otros participantes de la empresa monárquica y que participaban de la política mexicana, fueron algunos miembros del clero como el arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos y el padre Francisco Javier Miranda, quienes con su calidad de representantes de Dios en la tierra, apoyaban el establecimiento del Imperio como recurso para salvar la religión católica y las tradiciones, símbolos de la unidad de los mexicanos. El arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, instalado en París desde la expulsión de los obispos ocurrida con el decreto del presidente Juárez en julio de 1861, se convirtió en discípulo del Papa Pío IX.[45]  Éste, junto con el padre Miranda, habían apoyado la sublevación en Puebla en 1856 contra la legislación reformista,[46] ahora perseguían la devolución de los bienes del clero, arrancados por las leyes liberales.
Entre el arzobispo Labastida y Almonte estuvo repartida la responsabilidad de la guerra de Francia y la entrega de la soberanía e independencia de México. El primero, proporcionó a Napoleón noticias para influir en su participación en la política mexicana. La sola presencia del arzobispo daba confianza a la causa napoleónica. Pero el interés primordial del prelado estaba en relación a las empresas políticas de México. Su idea era restablecer, “...la influencia del Clero en la dirección de los negocios del Estado.”[47] Y aunque el arzobispo, por órdenes del Papa Pío IX, siempre pretendió conocer las intenciones napoleónicas en relación a la Iglesia en México, no supo más allá  por boca de Napoleón III, “el emperador fue demasiado hábil para apartarse de los designios del obispo.”[48] Desde la caída del gobierno centralista de Santa Anna, el arzobispo se dio a la tarea de buscar apoyo extranjero. El último caudillo del conservadurismo que podía ofrecer la paz a México había sucumbido en 1855, fue en ese momento que Labastida, “...lanzó a la lucha a su subordinado el padre F. Javier Miranda, quien aparte de su cultura religiosa poseía los ímpetus de un combatiente civil.”[49]
Este sacerdote poblano que había combatido los gobiernos republicanos liberales, lanzó una sigilosa campaña de convencimiento y fungió como abogado del intervencionismo. La intervención era un mal necesario, aseguraba, pero ratificaba la religión católica. Sin embargo, las políticas intervencionistas y de Maximiliano se mostrarían contrarias a los deseos del sacerdote, más aún cuando el emperador ratificó la libertad de cultos y la nacionalización de los bienes del clero. Esto sería un punto a favor del liberalismo reformista que se empezaba a practicar en México, aunque un punto en contra de los monarquistas conservadores, para quienes la cercanía con el gobierno republicano estadounidense representaba un atentado a la nacionalidad mexicana, al orden, la paz y la seguridad. Razón demás para crear un gobierno totalmente opuesto al norteamericano, pues, los constantes fracasos republicanos habían demostrado su ineficacia, al tratar de gobernar con leyes de índole democrática.[50] Aunque este freno a los Estados Unidos, era quizá  una medida para frenar el protestantismo que se practicaba en aquel país y que tenía relación con la práctica republicana y federal.
Si la facción monarquista y clerical había solicitado ayuda a los franceses, éstos argumentaban que los liberales por su parte realizaron lo mismo con los norteamericanos. De modo que si existía traición en ellos, también existía en sus opositores. Quedaba establecido que el interés partidista iba en relación con un modelo de nación, sea europea, específicamente Francia, cuyo sistema político, económico y social se regía por una monarquía absoluta o sea el republicano constitucionalista cuyo modelo lo constituían los Estados Unidos.
VI
Mexicanos: ¡Vosotros me habéis deseado!... si permanecemos siempre unidos para defender valerosamente los grandes principios, únicos fundamentos verdaderos y durables de los Estados modernos, los principios de inviolable e inmutable justicia, de igualdad ante la Ley, el camino abierto a cada uno para toda carrera y posición social... las mejoras de la agricultura, de la minería y de la industria, el establecimiento de vías de comunicación para un comercio extenso... las bendiciones del cielo y con ellas el progreso y la libertad no nos faltarán... ¡Mexicanos! El porvenir de nuestro país está en vuestras manos.”[51]

Maximiliano sería un monarca elegido por voluntad nacional. No heredaba un trono, pero si concedía valor al voto popular. Sería electo por mayoría nacional, aunque también por fuerza de las armas. Jugaba el mismo juego político que habían jugado a lo largo del siglo XIX, liberales, conservadores, federalistas y centralistas mexicanos, esto es, una elección de palabra, una imposición política, un juego de intereses. Pidió el voto de los mexicanos para aceptar el trono de México y la Asamblea de Notables se lo concedió.[52] Llegó a México por interés de los conservadores, sin embargo su política sería liberal. Maximiliano representaría un imperio bendecido por el Papa y actuó quizá de buena fe creyendo que llevaría la paz y concordia a México. Y si bien sus ideas políticas serían liberales, lesionaba una forma de gobierno republicana establecida en México. 
            Para el mes de abril de 1862, el militar francés conde de Lorencez al mando de cuatro mil hombres, traía órdenes de Napoleón III de invadir y dominar territorio mexicano. A este ejército se le unieron varias partidas mexicanas adictas a la causa. La impresión que causaron en los europeos fue lastimero al ver la pobreza con que vestían. Les miraban con desprecio, “tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos...”[53] que anunciaban ser dueños del país. Los franceses, esperaban de los mexicanos un recibimiento caluroso y con esa idea marcharon hacia Puebla. Pero la acogida ofrecida por el general Ignacio Zaragoza y su ejército el 5 de mayo de 1862 en los fuertes de Loreto y Guadalupe fue muy diferente. “El triunfo de las huestes republicanas en los suburbios de Puebla, el 5 de Mayo, se propagó rápida y gloriosamente por todo el país; era el mensaje de la buena nueva, el anuncio profético de la final victoria.” [54]
            Napoleón, furioso con lo acontecido respondió con el envío de 30 mil hombres al mando del militar francés general Elie Frederic Forey. Junto con él, venían sus colegas: Achille Bazaine, V. de Laumiére y Félix Dovay, quienes rápidamente se movilizaron hacia Orizaba.[55] La orden era tomar el centro de poder, la capital de México. La misión de Bazaine era terminar con los restos republicanos y constitucionales representados por Juárez e instaurar “un régimen estable en relación con las ideas del siglo.”[56] Forey no estaba dispuesto a otro fracaso francés y esperó pacientemente la oportunidad para atacar. José María Iglesias afirma, que Forey traía instrucciones de Napoleón III, de hacerse amigo de los mexicanos; de no favorecer partido alguno; de dejar en libertad a los mexicanos en la elección de su forma de gobierno; de respetar la religión católica y sobre todo, de no ofender y reprimir a los mexicanos, sino ayudarles en el establecimiento de su gobierno. [57]
            Con la ocupación francesa de la capital el 10 de junio de 1863, Napoleón creyó tener la batuta de México y por medio del mariscal Forey y del general Bazaine, doble autoridad militar y diplomática del emperador, se ordenó reorganizar el gobierno de México. Con tal intención, el 12 de junio Forey hizo vigentes la política sobre la desamortización y nacionalización de los bienes del clero, la tolerancia religiosa y la aplicación de una libertad moderada para la prensa mexicana. Cuatro días después se determinó adoptar el régimen monárquico, de acuerdo al dictamen de la Junta Superior de Gobierno y la Asamblea de Notables.[58] Una vez establecida la Junta Superior de Gobierno, los monarquistas se aseguraron de la llegada de un príncipe que ocupara el trono, aunque de hecho el candidato ya se conocía.
            Antes de aceptar la corona de México de manos de la  diputación mexicana, el 3 de octubre de 1863 en Miramar, Maximiliano dio muestras de sus convicciones liberales al plantear dos condicionantes. Primero que fuera el pueblo quien le aclamara y le ratificara con su voto y segundo el requerimiento de garantías protectoras del imperio.[59] El futuro emperador se situaba en medio de las dos corrientes, entre el liberalismo con su misión civilizadora y de transformación a la sociedad con un progreso basado en el orden y la moral y el conservadurismo símbolo de la tradición política. Maximiliano se colocaría entre el pasado y el porvenir, la historia y el progreso, el pasivismo y la modernización política. Ante este panorama, la República existía y Juárez seguía reconocido como presidente. La monarquía se establecía en México y Maximiliano era reconocido como emperador. Juárez por su parte marcharía hacia el norte del país llevando a cuestas la representación del régimen de gobierno republicano y constitucional. El primero gozaría del apoyo de Francia, el segundo buscaría apoyarse en los Estados Unidos. Así, de 1864 a 1867, dos autoridades se enfrentarían, dos gobiernos lucharían en defensa de un gobierno establecido por soberanía, bien que a su vez dos autoridades intentarían aniquilarse mutuamente en derecho de ser gobiernos electos, aunque los dos funcionaran en un solo país.

VII
A manera de conclusión

...es indudable que el establecimiento del Imperio traería consigo cambios y que la monarquía sería un modelo único de nación por varias razones. En primer lugar porque, si seguimos la tradición, Maximiliano no sería un príncipe español ni mexicano. En segundo y tercer lugar, no vendrían virreyes a representar al monarca, porque Maximiliano sería el primer emperador extranjero que vendría a reinar en México. En cuarto y último lugar, no se trataría de una colonización, como había sucedido con España, ni de un hombre que como cualquier otro, caso de Iturbide, se proclamaría emperador. En consecuencia, el Segundo Imperio sería un modelo único de nación en el que habría contradicciones, sí,  pero al mismo tiempo la lógica de una tradición.[60]

La llegada de Maximiliano, si bien representaría un cambio en el orden político, también significaría un repliegue de las fuerzas liberales mexicanas, una bandera contra el régimen republicano, aunque no contra la constitucionalidad. Representaría sobretodo la tradición política de un sistema de gobierno, aunque también la arbitrariedad. Encarnaría la imposición de un sistema de gobierno por armas francesas, pero a su vez un sistema político que buscaría la reforma y la modernización política de México. Un gobierno en el cual los derechos individuales sólo aparecerían al final del Estatuto Provisional del Imperio (1865), lo que “prueba que Maximiliano, en sólo un año de gobierno, se había convertido inadvertidamente de un partidario de la soberanía popular en un déspota ilustrado, al estilo de su antepasado.”[61]
El gobierno de Benito Juárez por otra parte, si bien representaría la legalidad de un sistema político, la constitucionalidad, el republicanismo y la reforma, también encarnaría la concesión, por parte del Congreso, de plenos poderes al presidente. Existirían entonces dos grupos políticos, los republicanos y los monarquistas y sus respectivos adjetivos, los patriotas y los traidores. El Imperio partiría de una política de fusión de los partidos, y estaría integrado, no sólo por conservadores, centralistas y moderados, sino también por liberales republicanos y federalistas que vieron en el Imperio la continuidad de la reforma. La República por su parte, partiría de una política autoritaria, en la que tendrían cabida las facciones republicanas y liberales. Así, la legitimidad política de México en este momento se debatiría entre, la necesidad de sostener un poder fuerte y autoritario encabezado por Juárez, capaz de tolerar la presencia extranjera y sostenido por un grupo de liberales republicanos, y, la estancia de un Imperio encabezado por Maximiliano y sostenido por armas francesas y donde la soberanía yacería en el soberano, según lo establecía el Estatuto Provisional del Imperio.

El gobierno imperial, en su fase liberal, según un término moderno, era “de coalición”, reuniendo a liberales moderados y conservadores, tal como convenía a la mentalidad reconciliadora de Maximiliano que aspiraba a equilibrar las fuerzas políticas. Sin embargo, esta línea de conducta provocó la desconfianza y la resistencia de los conservadores que se atribuían el mérito de haber sido los únicos promotores del imperio.[62]

De este modo, de 1864 a 1867 la lucha entre las distintas facciones mexicanas se asentaría en la recuperación de la independencia de México por una parte, y en la lucha por la protección de un imperio como el francés, cuya protección, a ojos de los conservadores monarquistas significaba libertad e independencia. Y mientras Maximiliano se establecía en la capital, Juárez formaba gobierno en un peregrinar hacia el norte del país.
El 10 de abril de 1865, Maximiliano promulgaría el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, proyectado como el antecedente de una constitución. Lo peculiar de este reglamento radicaría en su política centralista, liberal y progresista. Maximiliano sería un impulsor de la reforma que años atrás había iniciado Juárez. Así suspendió la gleba por deudas y la dominación eclesiástica en el sistema de educación. Estableció el sistema monetario decimal, las clases de historia y geografía de México y la educación obligatoria, gratuita y general. También continuó con la reforma eclesiástica emprendida por Juárez, promulgó la tolerancia de cultos aunque protegiendo a la religión católica como religión de Estado y elaboró un código civil. Sin embargo, si bien mostró muchos aspectos semejantes de su política liberal con la de Juárez, la reorganización del territorio nacional en departamentos, que hizo que se suspendiera la estructura federalista de la República que estaba dividida en 23 estados, le distanció del federalismo proyectado para el territorio nacional.
Otra particularidad de su gobierno sería la realización de giras políticas o reconocimiento al interior de México, la apertura de la Academia Imperial de Ciencias y Letras, el establecimiento del Museo Nacional en el Palacio Imperial y su antiespañolismo que le llevó a clausurar la Universidad Pontificia. Bien que su política centralista le hacía nombrar a todos los Prefectos políticos y Ministros de su gobierno. No obstante, como parte de su política liberal y progresista, intentó sustituir a los “cangrejos” o conservadores “por liberales en los puestos clave, reemplazando prefectos, ayuntamientos enteros, plantillas de profesores, etc.”[63] Cabe señalar que tanto la legislación educativa, como el Código Civil, la reforma eclesiástica, el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado, serían continuadas durante los gobiernos de la República Restaurada.
La política de Juárez por otra parte, se dedicó en estos años a hacer desaparecer del país al Imperio y a Maximiliano, así como a sacar del país a los invasores franceses. Otra cuestión sería el decreto de Juárez de 8 de noviembre de 1865 que prorrogaba su mandato como presidente de la República, con lo cual se saltaba lo establecido por la Constitución de 1857 y adquiría un carácter político autoritario. No obstante, si para unos lo patriótico radicaba en la defensa de Juárez y del sistema republicano, otros en cambio “apellidaban patriótico su amor al sistema monárquico.”[64] Así, considera O’Gorman, “la significación más profunda del Segundo Imperio debe radicarse, por consiguiente, en el hecho de haber sido el ensayo que actualizó, sí, la solución conservadora, pero no de acuerdo con sus auténticas posibilidades, o dicho de otro modo, cediendo a exigencias propias a la solución contraria.”[65]
Y hacia el horizonte del Imperio, ¿cómo justificaron los conservadores monarquistas su proyecto de gobierno al ver su caída en 1867? Si bien existen contradicciones, puede decirse que este se justificó a partir de considerar que el republicanismo era arbitrario y sostenido por armas para su instalación y, principalmente, al considerar que estaba alejado de las manos de la Providencia Divina que acompañaba al Imperio y que había sido bendecido por el Papa.

...sea cual fuere el resultado de la nueva marcha, y aun cuando no se obtuviera con ella la salvación de México, ese resultado no sería estéril del todo ni para el país ni para la comunión política que profesa las ideas que van a ser puestas en práctica. El país hallará tregua en sus padecimientos con la aplicación de las reglas de la justicia y la cordura, cuya bondad no es relativa, sino absoluta, en todas épocas y circunstancias. En cuanto a los conservadores, si la situación se hubiera de hundir con ellos, sería por causas superiores a su voluntad y a su esfuerzo, y ellos siempre habrían aparecido ante la nación y ante el mundo, no con el carácter despótico, sanguinario y bárbaro que han querido suponerles sus enemigos, sino como ciudadanos ilustrados, exentos de odio, observantes y protectores de las garantías que constituyen la verdadera libertad, partidarios del bien público y de todo progreso que no consista en resolver y destruir, y patriotas en la medida del sacrificio de sus fortunas y personas y hasta del porvenir de sus familias.[66]

A la muerte de Maximiliano el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas (Querétaro) tras ser fusilado por ordenes juaristas, vendría el “Triunfo de la República”, el periodo conocido como la “Restauración de la República Mexicana” que ya sin armas invasoras continuaba su marcha política. Sin embargo, aquella restauración también representó la continuidad de una política autoritaria encabezada por Juárez. A decir de O’Gorman, una vez Juárez en la capital, éste anunció la consumación de la independencia nacional “por segunda vez”, pero, asegura O’Gorman, esa independencia fue en relación de un poder proyectado por mexicanos y corroborado por Napoleón III. Así que esta sería una independencia al interior de sus propias facciones políticas.

Se trata, pues, de una independencia que podemos asemejar a la de quien logra vencer en sí mismo, después de una larga y angustiosa lucha y a fuerza de voluntad e intransigencia, un enquistado hábito que lo ha venido induciendo a adoptar una manera de ser distinta a la otra  que puede y quiere ser. Y así descubrimos que la “segunda independencia” a que se refirió el presidente Juárez es la que logró, precisamente a fuerza de la intransigente voluntad de ese hombre, el liberalismo republicano respecto al poder histórico de su antagonista, el tradicionalismo monárquico; triunfo de mucha mayor enjundia y significación que el de cualquiera victoria militar por brillante que se la suponga.[67]

Así, a finales de 1867 darían principio las elecciones presidenciales y desde entonces las distintas banderías políticas se abrirían a diversas posiciones liberales, entre juaristas y antijuaristas, lerdistas y porfiristas, constitucionalistas y anticonstitucionalistas. ¿Desaparecerían las tendencias monarquistas y centralistas? Definitivamente quedó establecido que un imperio como tal quedaba liquidado, no así el centralismo y conservadurismo en los gobiernos y en los partidos políticos, como tampoco las políticas autoritarias, presidencialistas y dictatoriales. Los Estados Unidos ganarían como modelo de nación con su política liberal y democrática, sólo que esto duraría hasta 1876, cuando Porfirio Díaz gana las elecciones y entonces, si bien el territorio mexicano conservaría la forma republicana, los ojos de Díaz girarían hacia Francia.
Juárez ganaría las elecciones y su política reformista continuaría su marcha desde 1868, sin embargo cabe señalar que su presidencia se alargaría hasta su muerte en el año de 1872, pero, si a esto sumamos los años que Juárez se mantuvo en la presidencia desde 1861, vemos que persistió once años en el poder, ¿se cumplía así con lo establecido en la Constitución de 1857? ¿Se practicó desde entonces el ejercicio de la soberanía popular? O ¿simplemente se continuó con una política de imposición?




[1] Rabasa, Emilio, La Constitución y la Dictadura. Estudio sobre la organización política de México, México, Ed. Porrúa, 1956, pp. 27-28.
[2] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 199.
[3]  P. Galeana de Valadés, op.cit., p.3.
[4] Portilla de la, Anselmo, Historia de la Revolución de México contra la dictadura del general Santa Anna, 1853-1855, México, Vicente García Torres, 1856, p. 385, en: Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 162.
[5] Ibidem, p. 166.
[6] Ibidem, p. 166.
[7] Ibidem, p. 183.
[8] Sobre el “espacio de lo público”, ver: López Camacho, Alejandra, op. cit., p. 115.
[9] El 11 de enero de 1858, Ignacio Comonfort entregó el mando de la presidencia a Benito Juárez, quien fue puesto en libertad ese mismo día, luego de ser hecho preso. Comonfort salió de Palacio con destino a Veracruz y el 7 de febrero se embarcó con dirección a los Estados Unidos, esto luego de apoyar el Plan de Tacubaya de Félix Zuloaga (17 diciembre 1857), en el cual se desconocía la Constitución de 1857, en E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit., pp.  841-842.
[10] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 201.
[11] Díaz, Lilia ,  op. cit., p. 843.
[12] E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit., p. 59.
[13]  Díaz, Lilia ,  op .cit., p. 844.
[14] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 207.
[15] Díaz, Lilia, op. cit., pp.845-846.
[16] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 213.
[17] Ibidem, p. 222.
[18] Rabasa, Emilio, op. cit., p. 26.
[19] Tafolla, Rafael. La Junta de Notables de 1863, Colección México Heroico, JUS, México, 1977, pp. 9-10.
[20] Valadés, José‚ C. Maximiliano y Carlota en México. Historia del Segundo Imperio. México, Ed. DIANA, 1983, p. 21.
[21] Sierra, Justo. Evolución política del Pueblo mexicano. Obras completas del Maestro Justo Sierra, t. XII, U.N.A.M., México, 1975, p.317. El monto total del adeudo sumaba la cantidad de 81,632,560 pesos, de los cuales a Inglaterra le correspondían 69,311,650, a España 9,460,980 y a Francia, la menos perjudicada, 2,859,917 pesos. Esto es, el 85, el 11.5 y el 3.5 por ciento, correspondientemente, en: José C. Valadés, op. cit., p. 21.
[22] “Tratado de Londres” en, Labastida, Horacio (Estudio histórico y selección). Reforma y República Restaurada 1823-1877. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1995, p. 293.
[23] R. Tafolla, op. cit., p. 12.
[24] Conte Corti, Egon Caesar. Maximiliano y Carlota, F.C.E., México, 1984, p. 87.
[25] R. Tafolla, op.cit., p.12.
[26] J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México, op.cit., p.19.
[27]  Los representantes de la comisión tripartita fueron: Inglaterra, su ministro en México, Sir Carlos Wyke; España, el general Juan Prim; Francia, su embajador en México A. Dubois de Saligny, en, R. Tafolla, op.cit., p.12.
[28]  Los representantes del Tratado de la Soledad fueron: por México, Manuel Doblado ministro de Relaciones; por España, el general Juan Prim; por Francia, A. Saligny; por Inglaterra, C. L. Wyke, en H. Labastida, op. cit., p.296.
[29]  Ibidem, p.23.
[30]   J. Sierra, op.cit., p.320.
[31]  “España vivía horas de pobreza y amargura debido a sus luchas intestinas y a la injustificable guerra con Marruecos, las otras dos potencias eran súper poderosas”, en J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México, op. cit., p.38.
[32] Fragmento de una carta anónima publicada en París en 1859 y recuperada por La Sociedad. Ver: S. A., “Algunas indicaciones acerca de la intervención francesa europea en México”, La Sociedad, Sección Editorial, T. III, Núm. 430, México, Lunes 7 de marzo de 1859, p. 1.
[33] José María Gutiérrez de Estrada, “Entró al servicio exterior, fue senador y fue desterrado por la Ley el Caso. Federalista moderado, ocupó el Ministerio de Relaciones en 1835, pero renunció al cargo cuando se percató que los pronunciamientos que apoyaban el cambio de sistema, no eran resultado de “voto libre y espontáneo”, después de su renuncia partió a Europa y consternado por los acontecimientos de México, propone la monarquía en 1840, en Vázquez, Josefina Zoraida, “Centralistas, conservadores y monarquistas 1830-1853”, en: Morales Humberto y Fowler, William (coord.), El conservadurismo mexicano en el siglo XIX (1810-1910), BUAP, Saint-Andrews University y Gobierno del estado de Puebla, México, 1999, pp.125-126.
[34]  E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., pp.28-29.
[35] E. C. Conte Corti, op.cit., p.72-78.
[36] Ibidem, p.63.
[37]José M. Hidalgo, Notes secrétes de Mr. Hidalgo, tomadas de la edición mexicana de la obra de Egon Caesar Conte Corti, en, Tamayo Jorge L. (selección y notas de). Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia, t.5, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 1966, pp. 83-84.
[38]  E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., p. 63.
[39] E. C. Conte Corti, op. cit., p.78.
[40] J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México, op. cit., p. 39.
[41]  Ibidem, p.78.
[42] Granados Maldonado, Francisco editor responsable, Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, Número 18, T. I, Sección Editorial, Puebla, 1 de junio de 1862, Puebla, Imprenta del Gobierno a cargo de José María Osorio, p. 3.
[43]  Eugenia a Carlota, Tullerías, 7 de junio, 1862, en Copiador de la Secretaría de Relaciones, f.025, en J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México, op. cit., p.131.
[44] Napoleón a Maximiliano, Biarritz, 2 de octubre, 1863, en Cop. Relaciones, f.057, en Ibidem, p.133.
[45] Ibidem, p.65.
[46] P. Galeana de Valadés, op.cit., p.66.
[47] J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México,  op.cit., p.118.
[48] Ibidem, p.117.
[49] Ibidem, p.116.
[50] E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., p. 65.
[51] Maximiliano, Mexicanos, Veracruz, 28 de mayo de 1864, en J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México,  op.cit., p.10.
[52] La Asamblea de Notables sería la que adoptaría para la nación mexicana la monarquía moderada, hereditaria y con un príncipe católico como forma de gobierno y la que además ofrecería el trono de México a Maximiliano, archiduque de Austria. Esta Asamblea estuvo integrada por 215 individuos entre los que destacan José María Roa Bárcena, José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte y José María Hidalgo, entre otros. “El 3 de octubre de 1863 el archiduque Maximiliano recibió en el palacio de Miramar a la diputación mexicana encargada de comunicarle el decreto de la Asamblea de Notables que lo llamaba al trono de México”, en E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., p.77 y, Tamayo, L. Jorge (Selección y notas), Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, México, Editorial libros de México, 1973, p. 748-759.
[53] R. Tafolla, op.cit., p.18.
[54] “Protesta del Cabildo de Guadalajara” (13 de mayo de 1862), en Báez, Victoriano D., Episodios Históricos de la Guerra de la intervención y el Segundo Imperio, Ed. Facsimilar, Gobierno del Estado de Puebla, México, 1992, p.14.
[55] J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México, op.cit., p.61.
[56] Ibidem, p.108.
[57] Iglesias, José María. Revistas históricas sobre la intervención francesa en México, t.I, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Col. Cien de México, México, 1991, pp.265-266.
[58] El mariscal Forey decreta como forma de gobierno el 16 de junio de 1863, una Junta Superior, la cual estaría   encargada de nombrar a Almonte, Mariano Salas y el arzobispo de México Labastida y Dávalos como parte del Poder Ejecutivo y elegiría una Asamblea de Notables, especie de corporación legislativa, cuya tarea sería determinar al sistema monárquico como forma de gobierno, en E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., p. 68 y R. Tafolla, op.cit., pp.26-27.
[59] E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., pp.78-79.
[60] López Camacho, Alejandra, op. cit., p. 91.
[61] Ratz, Konrad, Tras las huellas de un desconocido. Nuevos datos y aspectos de Maximiliano de Habsburgo, México, Siglo XXI Editores/CONACULTA/INAH, 2008, p. 68.
[62] Ibidem, p. 70.
[63] Ibidem, p. 72.
[64] J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en México, op. cit., p. 328.
[65] E. O’Gorman, La supervivencia política op. cit., p.83.
[66] F. Escalante (Editor responsable), “Actualidades”, La Sociedad, Sección La Sociedad, T. IV, Núm. 1170, México, Martes 25 septiembre de 1866, p. 2 y 3.
[67] E. O’Gorman, La supervivencia política op. cit., p.85.