Alejandra López Camacho
SEGUNDA DE DOS PARTES
IV
Luego
que Ignacio Comonfort sustituyera a Juan Álvarez en la presidencia y que Benito
Juárez quedara como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el mes de
diciembre de 1857, aparecería el Plan de Tacubaya que desconocía la
Constitución de 1857. Por artículo primero de este documento, cesaba de regir
la legislación del 57, por artículo tercero, el encargado
del poder ejecutivo convocaba a un congreso extraordinario para formar una
constitución conforme a la voluntad nacional y por
artículo sexto se amenazaba con terminar en el ejercicio de sus
funciones a las autoridades que no secundaran el Plan de Tacubaya. Es decir, se hablaba de voluntad nacional, pero de una
voluntad nacional que permanecía condicionada y amenazada. Esto refleja que
tanto liberales como conservadores determinaban aquella voz que era la voluntad
nacional, pero que al mismo tiempo representaba la voz del partido en turno.
Así, liberales y conservadores se enfrentaron abiertamente a principios de
1858. Los liberales, representados por Benito Juárez sostendrían las Leyes de
Reforma y la Constitución de 1857 y junto a esto la reforma y el credo liberal.
De otra parte, se encontraba la “nueva generación postsantanista de Osollo y
Miramón y el propio Leonardo Márquez, que constituían en definitiva los más
bisoños sostenedores de la visión ultramontana.”[2]
Félix Zuloaga, representante de una parte de la
facción conservadora, encabezaba aquel Plan y ahí aclaraba que la mayoría del
pueblo estaba en desacuerdo con la Carta Magna porque no hermanaba el progreso
con el orden y la libertad y porque era ocasión de la guerra civil. Era
necesario por lo tanto, señalaba, elaborar una Constitución conforme los usos y
costumbres de los mexicanos. Y si a esto se agrega que Ignacio Comonfort
practicaba una política templada y conciliatoria y que buscaba sobretodo
establecer una política coherente con a la mediación política y no con la
radicalidad en los cambios, ya se entiende que la legislación del 57 y las
medidas reformistas que se estaban produciendo chocaban con su posición
política. De ahí que esa actitud fuera celebrada por los conservadores, aunque
también por el mismo clero que prohibió jurar la Constitución a los fieles y
amenazar con la excomunión a todo aquel que la reconociera. Para el clero, la
legislación del 57 representaba una violación a las creencias religiosas y a la
propia soberanía de la Iglesia. Y tanto la Constitución
como las Leyes de Reforma atacaban las costumbres y creencias religiosas,
consideraban los conservadores. Fue así como el clero, que a lo largo del siglo
XIX había sido partícipe de la política mexicana, se vio más impotente cada vez
frente a la Reforma.[3]
De ahí que en determinado momento...
Los templos se
cerraron para el gobierno en la capital y la propaganda cundió desde “el
santuario hasta el hogar doméstico”, se esparció por las calles y reforzó a las
huestes de la rebelión que habían sido derrotadas en todos los combates
anteriores. Vio abierto “un nuevo palenque en qué combatir, y se encontró con
armas nuevas, habiendo logrado su objetivo de convertir definitivamente la
cuestión política en cuestión religiosa.”[4]
El moderantismo político de Comonfort tropezó con
aquellos liberales que tendían hacia un radicalismo y buscaban la reforma
drástica y obligada de la sociedad. Silvestre Villegas Revueltas considera que
dentro de esta tendencia liberal cabía la idea de “que los principios más
revolucionarios tienden a innovar la estructura de los pueblos, a pesar de que
lo proclamado les incomode, los moleste y llegue a chocar con su
idiosincrasia.”[5]
En el fondo lo que estaba en juego era la lucha por la transformación de la
sociedad, aunque también el nuevo sentido que se pretendía suministrar a la
política mexicana y con la cual se aspiraba construir una legitimidad política.
Es decir, por una parte, Comonfort y el grupo que le apoyaba solicitaban la
elaboración de una “ley fundamental que reflejara y estuviera acorde con la
cultura y sentimientos del pueblo mexicano, para que no fuese una vez más un corpus
teóricamente avanzado.”[6]
En contraposición, el otro grupo liberal lo que solicitaba era la reforma de la
sociedad sin miramientos.
Frente a esta situación Ignacio Comonfort se
declaró imposibilitado para gobernar con una Constitución que no hermanaba el “orden y la libertad,
la tradición y la reforma, el pasado y el porvenir”, asegura Villegas Revueltas.[7]
Ahora, si el conflicto
era la Constitución y las Leyes de Reforma entre las distintas tendencias
políticas, ¿por qué no considerar el espacio de lo público o el espacio de todas las clases sociales, donde, de
acuerdo al punto de vista del grupo conservador que integraba el periódico La
Sociedad, ese público era el que no hallaba estabilidad política ni social
debido al sentido confuso de lo que se proyectaba hacer o construir en los
gobiernos y lo que fundamentalmente era consecuencia de la falta de claridad de
los conceptos utilizados para hacer política y la realidad que atravesaban?[8] Sencillamente porque esto
provocaría un caos mayor al ya existente en 1857. Pues si los diferentes grupos
políticos no sabían a ciencia cierta el camino a seguir, el espacio de lo
público tampoco, menos al mantenerle al margen de los asuntos políticos, que
también eran públicos. Si a esto se agrega que la gente vivía bajo amenaza del
clero de excomulgarles en caso de jurar la Constitución, ya se entiende el
momento crítico por el que se atravesaba y que en determinado momento provocó
la renuncia de Comonfort.
En el mes de diciembre de 1857, Ignacio Comonfort
reconocía el Plan de Tacubaya, algunos días después, en enero de 1858,
renunciaba a su cargo y entregaba el mando presidencial a Benito Juárez. [9]
Sin embargo esta toma de posesión dio lugar una dualidad de poderes. Una vez
Juárez en el poder y una vez reivindicadas la Constitución del 57 y las Leyes
de Reforma, Félix Zuloaga inauguraba su propio gobierno como presidente de la
República apoyado en las Cinco Leyes. El primero representaba la facción
liberal, el segundo la conservadora y mientras Juárez instalaba su gobierno en
Guanajuato primero y al año siguiente en Veracruz, Zuloaga hacía lo mismo en la
capital.
La dualidad de poderes condujo a una batalla
política entre dos gobiernos que pretendieron aniquilarse mutuamente. Y
mientras Zuloaga sentía confianza y fortaleza en la capital, Juárez deambulaba
con el gobierno republicano constitucional por varios estados de la república.
El presidente de tendencia conservadora, restablecería los “fueros y la Suprema
Corte de Justicia, tal como estaba antes de noviembre de 1855”, pero anulaba
“la Ley de desamortización de Bienes Civiles y Eclesiásticos y, en
consecuencia, los actos emanados de ella.”[10]
Por otra Juárez convocaría a un “Congreso de la Unión para expedir las leyes
orgánicas de la constitución”[11]
y a la realización de nuevas elecciones. “Conservadores y liberales enfrentaban
con nitidez sus programas, sin esperanza de conciliación y lo que es más, sin
deseos de que la hubiera.”[12]
Frente a esta dualidad, un tercer grupo conservador
“que no estaba ni con Juárez ni con Zuloaga”,[13]
se pronunció en la capital contra el gobierno establecido por medio del Plan de
Navidad. El general Miguel Miramón, representante de aquel grupo, asumiría la
Presidencia de la República el 2 de febrero de 1859, una vez que Zuloaga se
separa del puesto. Aunque su gobierno fue desconocido por Juárez, el primer
problema que enfrentaron ambos gobiernos fue la falta de dinero. Con todo, el dominio de los
liberales republicanos en México durante esta primera mitad del siglo XIX y
hasta el Segundo Imperio, sería precario y constantemente amenazado por los
conservadores que hicieron lo posible por perpetuar el régimen político
conservador. Y aunque ambos grupos perseguirían la entrada del capitalismo en
México, la conservación de sus intereses y el orden interior, el problema fue
que no existió acuerdo en sus propuestas políticas, como tampoco en la forma de
gobernar.
El país se
empobrecía a pasos agigantados, pero nada claro indicaba un cambio en la
balanza del conflicto. El clero recuperó sus fueros, los regulares pudieron
respirar con cierta calma y la beatería concurrió, por lo menos en la ciudad de
México, con seguridad a las funciones religiosas. El presidente que estaba en
la capital [Miramón] comprendió que el triunfo radicaba en tomar Veracruz, pues
con ello Juárez se vería obligado a abandonar México, o en el mejor de los
casos moriría en el asedio de la plaza; también sabía que al ocupar el puerto
obtendría una importante cantidad que por el momento fluía para el sostenimiento
de las tropas constitucionales.[14]
A esto se
añadirían los tratados Mon-Almonte y McLane-Ocampo de septiembre y diciembre de
1859 respectivamente. El segundo, celebrado por el gobierno republicano y
constitucional de Juárez, buscaría trazar los límites territoriales entre la
frontera de los Estados Unidos y la de México y esta incluía la península de
Baja California hacia los Estados Unidos y el “derecho de vía perpetua al
través del istmo de Tehuantepec, y el Río Bravo al Golfo de California; el arreglo
de las reclamaciones pendientes con Estados Unidos; el libre comercio y la
protección efectiva de las personas y propiedades en dichas vías de
comunicación, proyectos apoyados con la amenaza de una intervención militar en
México.”[15]
El tratado Mon-Almonte por otra parte, sostenido por el grupo
anticonstitucional y conservador, tenía relación con el pago por el
reconocimiento de España al gobierno de Miramón, tratado que el gobierno de
Juárez desconoció. Ambos proyectos, aunque reprobados, eran muestra de los
“extravíos propios de la guerra y las necesidades de ambos bandos.”[16]
Es decir, en esto lo que estaba en juego era el reconocimiento de la
legitimidad política de un gobierno hacia el extranjero, sea el
anticonstitucional conservador por España, sea el liberal republicano
constitucional por los Estados Unidos.
A decir de
Silvestre Villegas, fueron los moderados quienes sugirieron entablar la paz y
las pláticas de avenimiento. Tras la publicación de un editorial de tendencia
conservadora, denominado el Diario de Avisos (15 de junio de 1860),
donde se decía que los moderados representaban al partido cobarde y ruin y que
habían sido los que habían propiciado la guerra y la media justicia, un mes
después, salió un documento “firmado por diversos vecinos de la ciudad de
México, pidiendo al gobierno de Miramón y al encabezado por Juárez la manera de
establecer una paz duradera, pues ello se hacía necesario teniendo en cuenta
los caros intereses de la patria, su decoro e independencia. La consolidación
de la paz era indispensable para conservar las propiedades y libertades
públicas que estaban a punto de perderse por efectos de la lucha fraticida”[17]
Era necesario en consecuencia establecer una paz que mediara los intereses de
cada una de las posturas políticas.
El Partido
moderado estaba entre el conservador, que era fanático, resueltamente clerical,
enemigo de las ideas democráticas y hasta monarquista, y el liberal puro, que
pedía una Constitución fundada en la soberanía popular, gobierno federado,
supremacía del poder civil sobre la Iglesia y reforma social. Estos dos
partidos, de principios netos y firmes, ocupaban dos líneas, mientras el
moderado llenaba la ancha zona que dejaban aquellos entre sí; no tenía ni podía
tener un credo, y esto le impedía tener un programa; no sabiendo qué debía
sostener, se conformaba con huir de ambos extremos, buscando un medio prudente
que cada uno de sus hombres se señalaba a su gusto en la lucha de sus temores
religiosos con sus inclinaciones liberales. En realidad, este partido, sí así
pudo llamarse, era la acumulación de los timoratos que llevaba en la conciencia por atavismo y por tradición
el escrúpulo religioso como tirano y como verdugo, dominando sobre ideas nuevas
que ellos no podían desechar y sobre aspiraciones adquiridas en el medio
ambiente que no querían vencer; producto del periodo evolutivo, debían
desaparecer al concluir la evolución, absorbidos por los otros dos, y entonces
cada hombre cedió por el lado más débil, y pasó resueltamente al extremo a que
más se inclinaba.[18]
Miguel Miramón sería derrotado el 22 de diciembre
de 1860 por los liberales constitucionalistas y al mes siguiente Benito Juárez haría su entrada triunfal en la
capital. Algunos meses después, el 11 de junio de 1861, Juárez sería designado
presidente de la República constitucionalmente. Sin embargo su gobierno tendría
que enfrentar una situación financiera realmente precaria.
Con la nacionalización de los bienes eclesiásticos implementada desde julio de
1859, se habían esperado utilidades que no proporcionaron las ganancias
requeridas. Rafael Tafolla afirma que “los bienes del clero no habían
encontrado compradores, por temor a la excomunión, o se habían vendido a un
precio muy bajo, aprobéchándose de aquella situación algunos ricos y especuladores,
casi todos extranjeros”.[19]
El producto de la venta, hace notar Tafolla, la destinó el gobierno
primordialmente a cubrir las deudas internas.
En tal estado el 17 de julio de 1861, se suspendió el pago de la deuda
exterior por un periodo de dos años, lo que resultó
una coyuntura favorable para la intervención extranjera. José C. Valadés
considera que la suspensión del pago “pareció a las naciones europeas como una
defraudación del Estado mexicano a la confianza que había inspirado cuando le
concedieron los préstamos.”[20] La firma de aquel documento sería el pretexto para
que Francia, Inglaterra y España intervinieran
en México, amén de los intereses económicos que perseguían, así como la
expansión del comercio y la instalación de nuevas empresas dispuestas a
sostener una red de financiamientos. Este sería el hecho, según Justo Sierra,
que originó la cristalización de los deseos napoleónicos.[21]
Para asegurarse del pago de la deuda, las tres potencias firmaron en
Londres la Convención Tripartita el 31 de octubre de 1861, esto buscaba
presionar al gobierno mexicano a saldar cuentas pendientes. Las partes
contratantes: la reina de España, Isabel II; la de Inglaterra, Victoria y el
Emperador de Francia, Napoleón III, acordaron no sacar ventajas particulares para
adquirir territorios o ejercer alguna influencia que dañara la forma del
gobierno de México.[22]
No obstante, los fines políticos y económicos que este acto encerraba no
desvanecieron de las miras intervencionistas.
Como parte de lo reclamado, asegura Rafael Tafolla, Inglaterra deseaba
asegurar el pago de sus créditos y la ventaja del mercantilismo británico;
España cobrar su deuda, recobrar su antigua colonia y establecer una monarquía;
Francia y sobre todo Napoleón III, aparte del pago de su deuda, pretendía
apropiarse de las minas mexicanas, obstaculizar el expansionismo norteamericano
y establecer una monarquía en México.[23]
Y aunque al país norteamericano se le invitó a participar en dicha Convención,
esta invitación resultó un acto puramente diplomático. En primer lugar porque
estas tres potencias estaban regidas por monarquías, lo cual tropezaba con la
sistema republicano estadounidense; en segundo lugar, los Estados Unidos se
encontraban entretenidos en una guerra civil que les imposibilitaba mezclarse
en el asunto intervensionista y en tercero, las tres potencias acordaron no
esperar la contestación de los Estados Unidos y emprendieron rápidamente la
intervención.[24] Para
Napoleón III, esto resultó privilegiadamente dispuesto, aunque, la misma
inestabilidad política de los partidos mexicanos había contribuido a ello.
Las ansias del emperador por imponer en México una monarquía no se
hicieron esperar y tras ocultamientos diplomáticos, éstos poco a poco se
descubrieron. Napoleón, planearía la empresa monárquica y ofrecería el trono a
un príncipe de su agrado. Éste tendría la obligación de procurar el bienestar y
la prosperidad del pueblo mexicano.[25]
No tanto para el beneficio de México, sino porque esto permitiría el desarrollo
económico de Francia. Napoleón III “...trataba de dar prosperidad y dilatación
a las empresas financieras francesas, considerándolas brazos fuertes de un
cercano desarrollo industrial”.[26]
Tres meses después del Tratado de Londres, en enero de 1862, sus
representantes se reunieron en Veracruz. Ahí, las partes demandantes formularon
un ultimátum al Gobierno de Juárez para exigirle la restitución de sus
reclamaciones.[27] El
presidente se manifestó dispuesto a pagar parte de la deuda porque no deseaba
la guerra, sino la paz. Con tal objetivo se firmó un documento que formalizaba
las reclamaciones pendientes. El Tratado de la Soledad, firmado en Veracruz el
23 de febrero de 1862 aclaraba que las negociaciones se abrirían en Orizaba,
con la finalidad de llegar a un arreglo pacífico.[28]
En particular no todas las deudas se justificaban, menos aún las
francesas. Tal fue el caso del especulador y banquero de los gobiernos
mexicanos, el suizo Juan Bautista Jecker, quien desde 1859 facilitó un préstamo
a Miguel Miramón que no alcanzó a pagar cuando éste era presidente. Al asumir
Juárez la presidencia los bonos fueron desconocidos, por considerar que el
gobierno de Miramón era ilegítimo. Al sentirse afectado el banquero se fue a
Francia, no tanto por el pago, sino porque además debía grandes cantidades de dinero
a extranjeros franceses que habían depositado en su banco. Una vez ahí se alió
con Agustín de Morny, consejero y medio hermano de Napoleón III, con la
intención de lograr que el emperador considerara como una de las principales
reclamaciones a México aquella deuda, que de tres millones de pesos ascendió a
quince y medio millones.[29]
Napoleón III entonces reclamaría su dinero e intentaría a toda costa
legitimar su intervención y establecer una monarquía y un medio de obtener los
mejores resultados, sería enviar a Juan Nepomuceno Almonte a territorio
mexicano, quien radicaba en París y disfrutaba de una posición de confianza en
la corte francesa, además de ser el hombre de confianza del emperador. La
misión del hijo de José María Morelos, sería proporcionar información sobre la
situación política de México. Así, a su regreso al país se hizo proclamar bajo
órdenes francesas el 19 de abril de 1862, Jefe Supremo de la Nación, “...traía
la autorización de hacer llegar la intervención al establecimiento de una monarquía.”[30]
Juárez entonces tomó la decisión de expulsar a Almonte y a sus socios, entre
ellos Saligny. Pero las ambiciones napoleónicas se hicieron cada vez más obvias
y utilizando pretextos de que los mexicanos asesinaban a los soldados franceses
por incitación del gobierno juarista, se le declaró la guerra a México.
Cuando Inglaterra y España se dan cuenta de las intenciones de Napoleón
III, se retiran del proyecto intervensionista. Inglaterra porque mantenía una
posición diplomática y no deseaba una guerra con México, al mismo tiempo que
aprobaba los acuerdos de la Soledad. España por rechazar los propósitos
napoleónicos y por estar incapacitada para enfrentar una guerra con México y
enfrentarse a dos potencias poderosas.[31]
Quedaba roto el pacto de Londres, pero tenía lugar la ocupación de México por
tropas francesas.
V
Parte del grupo
político que trabajó arduamente en favor de la monarquía y que había perdido
esperanzas de poder con el gobierno de Juárez, aunque no así en Napoleón III
fueron: José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno
Almonte, conservadores monarquistas, que en algún momento militaron en las
filas del liberalismo y del federalismo, pero que las circunstancias políticas
los alinean hacia el apoyo de un sistema de gobierno monárquico y esto no sólo
en 1864, sino en varios periodos del siglo XIX. Éstos formarían parte de la
comisión que ofreció la corona imperial de México a Maximiliano de Habsburgo en
1863 y algunos de los que integraran la Junta de Notables que determinaría la
forma de gobierno monárquica para México.
El principal ideólogo de la causa monarquista con intervención armada
fue José María Gutiérrez de Estrada, hombre de progreso y de conciencia
política ilustrada, radicado en Europa. Éste ansiaba sobre todo moralizar la
sociedad mexicana, salvar a México de los males que representaba la forma de
gobierno republicana y establecer una monarquía.[33]
Desde 1840 en una carta dirigida al entonces presidente Anastasio Bustamante el
25 de agosto, dejó ver su profundo desencanto por la ineficacia de la República
y la Constitución de 1836. En esa carta no ocultaba sus ideas monárquicas y
reconocía que la causa republicana, no era la solución política de los
problemas de México. Estrada afirmaba, que no existían hombres preparados para
convertir al país en una república federal con bases políticas firmes.[34]
Y no existían porque el régimen federalista era ajeno al tronco histórico de
los mexicanos.
Así, ni las constituciones, ni los sistemas central y federal, habían
servido para consolidar la paz y tampoco la grave amenaza que representaban los
Estados Unidos sobre la estabilidad política de México. De ahí que Gutiérrez de
Estrada, se sostenía en la idea de establecer una monarquía como único medio de
salvar al país. Los principios de Estrada no estaban peleados con la libertad,
salvo la religiosa, pero veía en el sistema monárquico el único medio de
pacificar al país y de salvarlo de la intervención ideológica norteamericana.
La venida de un príncipe europeo de estirpe real y principios católicos como el
Archiduque Maximiliano de Austria, resultó la única solución para establecer el
orden político.
No obstante, la intervención debía justificarse teórica y
políticamente, y de eso se encargó José Manuel Hidalgo. Monarquista mexicano
radicado en París que escribió en 1859, Algunas indicaciones acerca de la
intervención en México. En esta obra afirmaba que la instalación de un
régimen monárquico pondría remedio a la situación caótica de México y al
“...amago expansionista de los Estados Unidos; del peligro en que estaba la
nacionalidad y del interés que necesariamente tenía Europa en el caso de
México.”[35]
Justificaba la defensa francesa al considerarla, “...la más alta expresión
civilizada de la raza latina.”[36]
Creía que la cercanía con el país vecino implicaría la esclavitud, pues ésta se
practicaba en el sur de los Estados Unidos.
Por esa razón, su propuesta en torno a los problemas políticos del país,
implicaban un régimen monárquico con protección europea basado en la tradición;
esto es, de raigambre europea y colonial, sinónimos de la paz y el orden.
Hidalgo en una carta dirigida a Gutiérrez de Estrada escrita un mes
antes del Tratado de Londres, creyó necesario buscar ayuda de Napoleón III,
para instalar la monarquía y así salvar al país, “Seamos sinceros, quién en mi
situación, no habría comprendido que debían aprovecharse tan inesperadas
circunstancias para realizar lo que con tanta buena fe creíamos necesario para
salvar aquella nacionalidad y dar la paz y la tranquilidad.”[37]
Defendía su posición al afirmar que la intervención no era traición a la
patria, porque Francia se retiraría una vez establecida la paz. Aunque su
postura resultaba contradictoria, Hidalgo sostenía que Francia no tenía
aspiraciones de dominio en América.[38]
Lo anterior que podría mostrar una actitud ingenua, en realidad no lo
era. Varios fueron los factores que orillaron a estos hombres a tomar la
decisión de una monarquía con intervención armada. Primero, la elección de un
príncipe mexicano sin intervención, se vio fallida con Iturbide. Segundo, no
resultaba fácil la elección de un monarca, menos aun siendo extranjero, porque
de él se requería necesariamente que fuera católico, de sangre real, de familia
aristocrática, de buena educación y porvenir de imperios con importancia.
Tercero, en México y América no existía nadie con esas características, por esa
razón se recurrió a un príncipe europeo, lo que podía entenderse como una
intervención. Finalmente, el príncipe que cumplió con los requisitos fue el
archiduque Maximiliano de Habsburgo, heredero al trono del imperio Austriaco.
Juan Nepomuceno Almonte, quien radicaba en París y se hizo enemigo de
Juárez cuando al ascender como presidente le destituyó y desautorizó de su
cargo de embajador de México en París, sería otro partidario del régimen de
gobierno monárquico.[39]
La destitución de Almonte obedecía a que este cargo se había realizado cuando
Miguel Miramón, quien entonces fungía como presidente de los conservadores a la
par que Juárez, le hizo embajador de México en París. Resulta difícil aceptar
la explicación que, no lo es tanto, sobre la conducta de Juárez definida como
de falta de cálculo, ignorancia y torpeza política acerca de la intriga
monárquica. Su actitud de rechazo y repulsión hacia Almonte, hace sospechar que
el presidente conocía de las intrigas fraguadas por estos hombres y por
Napoleón III, sin embargo, era tal el empeño de Juárez por llevar a cabo la
reforma y establecer el orden que “tenía metida entre ceja y ceja la idea del
pacifismo. Todavía no creía en una guerra que estaba a la vista; todavía había
en él las esperanzas de que los europeos se arrepintieran de su empresa.”[40]
Almonte estaba resentido y trató de sacar ventaja de la ocasión, así
hizo lo posible por derribar a Juárez e intrigar en las cortes francesas en
favor de la intervención en México, “Ahora cooperaba con Gutiérrez de Estrada e
Hidalgo, pero inteligentemente se mantenía más unido a este último, pues como
vivía en París tenía ocasión de ver lo estimado que era Hidalgo por la
emperatriz.”[41]
Almonte “el parricida, el Judas de su patria”,[42]
reforzó la idea en Napoleón III sobre la viabilidad de la intervención y la
implantación del sistema monárquico e influyó también en la opinión de
responsabilizar a Juárez de las desventuras de México. No obstante, el
emperador con o sin Juárez, tenía otros intereses políticos y económicos en
México y juzgó pertinente su empresa expansionista. Pero confió demasiado en la
demora de la Guerra Civil norteamericana y en disfrutar del tiempo suficiente
para actuar. Napoleón III se aventuró así en México “...con la idea de ser el
regenerador de la pobre nación mexicana”,[43]
deseaba crear, “...un poder fuerte que proclamase los grandes principios de la
civilización moderna, tales como la igualdad ante la ley, la libertad civil y
religiosa, la probidad de la administración, la equidad de la justicia.”[44]
Otros participantes de la empresa monárquica y que participaban de la
política mexicana, fueron algunos miembros del clero como el arzobispo de
México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos y el padre Francisco Javier
Miranda, quienes con su calidad de representantes de Dios en la tierra,
apoyaban el establecimiento del Imperio como recurso para salvar la religión
católica y las tradiciones, símbolos de la unidad de los mexicanos. El
arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, instalado en París desde la
expulsión de los obispos ocurrida con el decreto del presidente Juárez en julio
de 1861, se convirtió en discípulo del Papa Pío IX.[45] Éste, junto con el padre Miranda, habían
apoyado la sublevación en Puebla en 1856 contra la legislación reformista,[46]
ahora perseguían la devolución de los bienes del clero, arrancados por las
leyes liberales.
Entre el arzobispo Labastida y Almonte estuvo repartida la
responsabilidad de la guerra de Francia y la entrega de la soberanía e
independencia de México. El primero, proporcionó a Napoleón noticias para
influir en su participación en la política mexicana. La sola presencia del
arzobispo daba confianza a la causa napoleónica. Pero el interés primordial del
prelado estaba en relación a las empresas políticas de México. Su idea era
restablecer, “...la influencia del Clero en la dirección de los negocios del
Estado.”[47] Y
aunque el arzobispo, por órdenes del Papa Pío IX, siempre pretendió conocer las
intenciones napoleónicas en relación a la Iglesia en México, no supo más
allá por boca de Napoleón III, “el emperador fue demasiado hábil para
apartarse de los designios del obispo.”[48]
Desde la caída del gobierno centralista de Santa Anna, el arzobispo se dio a la
tarea de buscar apoyo extranjero. El último caudillo del conservadurismo que
podía ofrecer la paz a México había sucumbido en 1855, fue en ese momento que
Labastida, “...lanzó a la lucha a su subordinado el padre F. Javier Miranda,
quien aparte de su cultura religiosa poseía los ímpetus de un combatiente
civil.”[49]
Este sacerdote poblano que había combatido los gobiernos republicanos
liberales, lanzó una sigilosa campaña de convencimiento y fungió como abogado
del intervencionismo. La intervención era un mal necesario, aseguraba, pero
ratificaba la religión católica. Sin embargo, las políticas intervencionistas y
de Maximiliano se mostrarían contrarias a los deseos del sacerdote, más aún
cuando el emperador ratificó la libertad de cultos y la nacionalización de los bienes
del clero. Esto sería un punto a favor del liberalismo reformista que se
empezaba a practicar en México, aunque un punto en contra de los monarquistas
conservadores, para quienes la cercanía con el gobierno republicano
estadounidense representaba un atentado a la nacionalidad mexicana, al orden,
la paz y la seguridad. Razón demás para crear un gobierno totalmente opuesto al
norteamericano, pues, los constantes fracasos republicanos habían demostrado su
ineficacia, al tratar de gobernar con leyes de índole democrática.[50]
Aunque este freno a los Estados Unidos, era quizá una medida para frenar
el protestantismo que se practicaba en aquel país y que tenía relación con la
práctica republicana y federal.
Si la facción monarquista y clerical había solicitado ayuda a los
franceses, éstos argumentaban que los liberales por su parte realizaron lo
mismo con los norteamericanos. De modo que si existía traición en ellos,
también existía en sus opositores. Quedaba establecido que el interés
partidista iba en relación con un modelo de nación, sea europea,
específicamente Francia, cuyo sistema político, económico y social se regía por
una monarquía absoluta o sea el republicano constitucionalista cuyo modelo lo
constituían los Estados Unidos.
VI
Mexicanos: ¡Vosotros me habéis
deseado!... si permanecemos siempre unidos para defender valerosamente los
grandes principios, únicos fundamentos verdaderos y durables de los Estados
modernos, los principios de inviolable e inmutable justicia, de igualdad ante
la Ley, el camino abierto a cada uno para toda carrera y posición social... las
mejoras de la agricultura, de la minería y de la industria, el establecimiento
de vías de comunicación para un comercio extenso... las bendiciones del cielo y
con ellas el progreso y la libertad no nos faltarán... ¡Mexicanos! El porvenir
de nuestro país está en vuestras manos.”[51]
Maximiliano sería
un monarca elegido por voluntad nacional. No heredaba un trono, pero si
concedía valor al voto popular. Sería electo por mayoría nacional, aunque
también por fuerza de las armas. Jugaba el mismo juego político que habían
jugado a lo largo del siglo XIX, liberales, conservadores, federalistas y
centralistas mexicanos, esto es, una elección de palabra, una imposición
política, un juego de intereses. Pidió el voto de los mexicanos para aceptar el
trono de México y la Asamblea de Notables se lo concedió.[52]
Llegó a México por interés de los conservadores, sin embargo su política sería
liberal. Maximiliano representaría un imperio bendecido por el Papa y actuó quizá
de buena fe creyendo que llevaría la paz y concordia a México. Y si bien sus
ideas políticas serían liberales, lesionaba una forma de gobierno republicana
establecida en México.
Para
el mes de abril de 1862, el militar francés conde de Lorencez al mando de
cuatro mil hombres, traía órdenes de Napoleón III de invadir y dominar
territorio mexicano. A este ejército se le unieron varias partidas mexicanas
adictas a la causa. La impresión que causaron en los europeos fue lastimero al
ver la pobreza con que vestían. Les miraban con desprecio, “tenemos sobre los
mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de
moralidad y de elevación de sentimientos...”[53]
que anunciaban ser dueños del país. Los franceses, esperaban de los mexicanos un
recibimiento caluroso y con esa idea marcharon hacia Puebla. Pero la acogida
ofrecida por el general Ignacio Zaragoza y su ejército el 5 de mayo de 1862 en
los fuertes de Loreto y Guadalupe fue muy diferente. “El triunfo de las huestes
republicanas en los suburbios de Puebla, el 5 de Mayo, se propagó rápida y
gloriosamente por todo el país; era el mensaje de la buena nueva, el anuncio
profético de la final victoria.” [54]
Napoleón,
furioso con lo acontecido respondió con el envío de 30 mil hombres al mando del
militar francés general Elie Frederic Forey. Junto con él, venían sus colegas:
Achille Bazaine, V. de Laumiére y Félix Dovay, quienes rápidamente se
movilizaron hacia Orizaba.[55]
La orden era tomar el centro de poder, la capital de México. La misión de
Bazaine era terminar con los restos republicanos y constitucionales
representados por Juárez e instaurar “un régimen estable en relación con las
ideas del siglo.”[56]
Forey no estaba dispuesto a otro fracaso francés y esperó pacientemente la
oportunidad para atacar. José María Iglesias afirma, que Forey traía
instrucciones de Napoleón III, de hacerse amigo de los mexicanos; de no
favorecer partido alguno; de dejar en libertad a los mexicanos en la elección
de su forma de gobierno; de respetar la religión católica y sobre todo, de no
ofender y reprimir a los mexicanos, sino ayudarles en el establecimiento de su
gobierno. [57]
Con
la ocupación francesa de la capital el 10 de junio de 1863, Napoleón creyó
tener la batuta de México y por medio del mariscal Forey y del general Bazaine,
doble autoridad militar y diplomática del emperador, se ordenó reorganizar el
gobierno de México. Con tal intención, el 12 de junio Forey hizo vigentes la
política sobre la desamortización y nacionalización de los bienes del clero, la
tolerancia religiosa y la aplicación de una libertad moderada para la prensa
mexicana. Cuatro días después se determinó adoptar el régimen monárquico, de
acuerdo al dictamen de la Junta Superior de Gobierno y la Asamblea de Notables.[58]
Una vez establecida la Junta Superior de Gobierno, los monarquistas se
aseguraron de la llegada de un príncipe que ocupara el trono, aunque de hecho
el candidato ya se conocía.
Antes
de aceptar la corona de México de manos de la
diputación mexicana, el 3 de octubre de 1863 en Miramar, Maximiliano dio
muestras de sus convicciones liberales al plantear dos condicionantes. Primero
que fuera el pueblo quien le aclamara y le ratificara con su voto y segundo el
requerimiento de garantías protectoras del imperio.[59]
El futuro emperador se situaba en medio de las dos corrientes, entre el
liberalismo con su misión civilizadora y de transformación a la sociedad con un
progreso basado en el orden y la moral y el conservadurismo símbolo de la
tradición política. Maximiliano se colocaría entre el pasado y el porvenir, la
historia y el progreso, el pasivismo y la modernización política. Ante este
panorama, la República existía y Juárez seguía reconocido como presidente. La
monarquía se establecía en México y Maximiliano era reconocido como emperador.
Juárez por su parte marcharía hacia el norte del país llevando a cuestas la
representación del régimen de gobierno republicano y constitucional. El primero
gozaría del apoyo de Francia, el segundo buscaría apoyarse en los Estados Unidos.
Así, de 1864 a 1867, dos autoridades se enfrentarían, dos gobiernos lucharían
en defensa de un gobierno establecido por soberanía, bien que a su vez dos
autoridades intentarían aniquilarse mutuamente en derecho de ser gobiernos
electos, aunque los dos funcionaran en un solo país.
VII
A manera de conclusión
...es indudable que el establecimiento del Imperio traería consigo cambios
y que la monarquía sería un modelo único de nación por varias razones. En
primer lugar porque, si seguimos la tradición, Maximiliano no sería un príncipe
español ni mexicano. En segundo y tercer lugar, no vendrían virreyes a
representar al monarca, porque Maximiliano sería el primer emperador extranjero
que vendría a reinar en México. En cuarto y último lugar, no se trataría de una
colonización, como había sucedido con España, ni de un hombre que como
cualquier otro, caso de Iturbide, se proclamaría emperador. En consecuencia, el
Segundo Imperio sería un modelo único de nación en el que habría
contradicciones, sí, pero al mismo
tiempo la lógica de una tradición.[60]
La llegada de
Maximiliano, si bien representaría un cambio en el orden político, también
significaría un repliegue de las fuerzas liberales mexicanas, una bandera
contra el régimen republicano, aunque no contra la constitucionalidad.
Representaría sobretodo la tradición política de un sistema de gobierno, aunque
también la arbitrariedad. Encarnaría la imposición de un sistema de gobierno
por armas francesas, pero a su vez un sistema político que buscaría la reforma
y la modernización política de México. Un gobierno en el cual los derechos
individuales sólo aparecerían al final del Estatuto Provisional del Imperio
(1865), lo que “prueba que Maximiliano, en sólo un año de gobierno, se había
convertido inadvertidamente de un partidario de la soberanía popular en un
déspota ilustrado, al estilo de su antepasado.”[61]
El gobierno de Benito Juárez por otra parte, si bien representaría la
legalidad de un sistema político, la constitucionalidad, el republicanismo y la
reforma, también encarnaría la concesión, por parte del Congreso, de plenos
poderes al presidente. Existirían entonces dos grupos políticos, los
republicanos y los monarquistas y sus respectivos adjetivos, los patriotas y
los traidores. El Imperio partiría de una política de fusión de los partidos, y
estaría integrado, no sólo por conservadores, centralistas y moderados, sino
también por liberales republicanos y federalistas que vieron en el Imperio la
continuidad de la reforma. La República por su parte, partiría de una política
autoritaria, en la que tendrían cabida las facciones republicanas y liberales.
Así, la legitimidad política de México en este momento se debatiría entre, la
necesidad de sostener un poder fuerte y autoritario encabezado por Juárez,
capaz de tolerar la presencia extranjera y sostenido por un grupo de liberales
republicanos, y, la estancia de un Imperio encabezado por Maximiliano y
sostenido por armas francesas y donde la soberanía yacería en el soberano,
según lo establecía el Estatuto Provisional del Imperio.
El gobierno imperial, en su
fase liberal, según un término moderno, era “de coalición”, reuniendo a
liberales moderados y conservadores, tal como convenía a la mentalidad
reconciliadora de Maximiliano que aspiraba a equilibrar las fuerzas políticas.
Sin embargo, esta línea de conducta provocó la desconfianza y la resistencia de
los conservadores que se atribuían el mérito de haber sido los únicos
promotores del imperio.[62]
De este modo, de 1864 a 1867 la lucha entre las distintas facciones
mexicanas se asentaría en la recuperación de la independencia de México por una
parte, y en la lucha por la protección de un imperio como el francés, cuya
protección, a ojos de los conservadores monarquistas significaba libertad e
independencia. Y mientras Maximiliano se establecía en la capital, Juárez
formaba gobierno en un peregrinar hacia el norte del país.
El 10 de abril de 1865, Maximiliano promulgaría el Estatuto Provisional
del Imperio Mexicano, proyectado como el antecedente de una constitución. Lo
peculiar de este reglamento radicaría en su política centralista, liberal y
progresista. Maximiliano sería un impulsor de la reforma que años atrás había
iniciado Juárez. Así suspendió la gleba por deudas y la dominación eclesiástica
en el sistema de educación. Estableció el sistema monetario decimal, las clases
de historia y geografía de México y la educación obligatoria, gratuita y
general. También continuó con la reforma eclesiástica emprendida por Juárez,
promulgó la tolerancia de cultos aunque protegiendo a la religión católica como
religión de Estado y elaboró un código civil. Sin embargo, si bien mostró
muchos aspectos semejantes de su política liberal con la de Juárez, la
reorganización del territorio nacional en departamentos, que hizo que se suspendiera
la estructura federalista de la República que estaba dividida en 23 estados, le
distanció del federalismo proyectado para el territorio nacional.
Otra particularidad de su gobierno sería la realización de giras
políticas o reconocimiento al interior de México, la apertura de la Academia
Imperial de Ciencias y Letras, el establecimiento del Museo Nacional en el
Palacio Imperial y su antiespañolismo que le llevó a clausurar la Universidad
Pontificia. Bien que su política centralista le hacía nombrar a todos los
Prefectos políticos y Ministros de su gobierno. No obstante, como parte de su
política liberal y progresista, intentó sustituir a los “cangrejos” o
conservadores “por liberales en los puestos clave, reemplazando prefectos,
ayuntamientos enteros, plantillas de profesores, etc.”[63]
Cabe señalar que tanto la legislación educativa, como el Código Civil, la
reforma eclesiástica, el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado,
serían continuadas durante los gobiernos de la República Restaurada.
La política de Juárez por otra parte, se dedicó en estos años a hacer
desaparecer del país al Imperio y a Maximiliano, así como a sacar del país a
los invasores franceses. Otra cuestión sería el decreto de Juárez de 8 de
noviembre de 1865 que prorrogaba su mandato como presidente de la República,
con lo cual se saltaba lo establecido por la Constitución de 1857 y adquiría un
carácter político autoritario. No obstante, si para unos lo patriótico radicaba
en la defensa de Juárez y del sistema republicano, otros en cambio “apellidaban
patriótico su amor al sistema monárquico.”[64]
Así, considera O’Gorman, “la significación más profunda del Segundo Imperio
debe radicarse, por consiguiente, en el hecho de haber sido el ensayo que
actualizó, sí, la solución conservadora, pero no de acuerdo con sus auténticas
posibilidades, o dicho de otro modo, cediendo a exigencias propias a la
solución contraria.”[65]
Y hacia el horizonte del Imperio, ¿cómo justificaron los conservadores
monarquistas su proyecto de gobierno al ver su caída en 1867? Si bien existen
contradicciones, puede decirse que este se justificó a partir de considerar que
el republicanismo era arbitrario y sostenido por armas para su instalación y,
principalmente, al considerar que estaba alejado de las manos de la Providencia
Divina que acompañaba al Imperio y que había sido bendecido por el Papa.
...sea
cual fuere el resultado de la nueva marcha, y aun cuando no se obtuviera con
ella la salvación de México, ese resultado no sería estéril del todo ni para el
país ni para la comunión política que profesa las ideas que van a ser puestas
en práctica. El país hallará tregua en sus padecimientos con la aplicación de
las reglas de la justicia y la cordura, cuya bondad no es relativa, sino
absoluta, en todas épocas y circunstancias. En cuanto a los conservadores, si
la situación se hubiera de hundir con ellos, sería por causas superiores a su
voluntad y a su esfuerzo, y ellos siempre habrían aparecido ante la nación y
ante el mundo, no con el carácter despótico, sanguinario y bárbaro que han
querido suponerles sus enemigos, sino como ciudadanos ilustrados, exentos de
odio, observantes y protectores de las garantías que constituyen la verdadera
libertad, partidarios del bien público y de todo progreso que no consista en
resolver y destruir, y patriotas en la medida del sacrificio de sus fortunas y
personas y hasta del porvenir de sus familias.[66]
A la muerte de Maximiliano el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las
Campanas (Querétaro) tras ser fusilado por ordenes juaristas, vendría el
“Triunfo de la República”, el periodo conocido como la “Restauración de la
República Mexicana” que ya sin armas invasoras continuaba su marcha política.
Sin embargo, aquella restauración también representó la continuidad de una
política autoritaria encabezada por Juárez. A decir de O’Gorman, una vez Juárez
en la capital, éste anunció la consumación de la independencia nacional “por
segunda vez”, pero, asegura O’Gorman, esa independencia fue en relación de un
poder proyectado por mexicanos y corroborado por Napoleón III. Así que esta
sería una independencia al interior de sus propias facciones políticas.
Se trata, pues, de una
independencia que podemos asemejar a la de quien logra vencer en sí mismo,
después de una larga y angustiosa lucha y a fuerza de voluntad e
intransigencia, un enquistado hábito que lo ha venido induciendo a adoptar una
manera de ser distinta a la otra que
puede y quiere ser. Y así descubrimos que la “segunda independencia” a que se
refirió el presidente Juárez es la que logró, precisamente a fuerza de la
intransigente voluntad de ese hombre, el liberalismo republicano respecto al
poder histórico de su antagonista, el tradicionalismo monárquico; triunfo de
mucha mayor enjundia y significación que el de cualquiera victoria militar por
brillante que se la suponga.[67]
Así, a finales de 1867 darían principio las elecciones presidenciales y
desde entonces las distintas banderías políticas se abrirían a diversas
posiciones liberales, entre juaristas y antijuaristas, lerdistas y porfiristas,
constitucionalistas y anticonstitucionalistas. ¿Desaparecerían las tendencias
monarquistas y centralistas? Definitivamente quedó establecido que un imperio
como tal quedaba liquidado, no así el centralismo y conservadurismo en los
gobiernos y en los partidos políticos, como tampoco las políticas autoritarias,
presidencialistas y dictatoriales. Los Estados Unidos ganarían como modelo de
nación con su política liberal y democrática, sólo que esto duraría hasta 1876,
cuando Porfirio Díaz gana las elecciones y entonces, si bien el territorio
mexicano conservaría la forma republicana, los ojos de Díaz girarían hacia
Francia.
Juárez ganaría las elecciones y su política reformista continuaría su
marcha desde 1868, sin embargo cabe señalar que su presidencia se alargaría
hasta su muerte en el año de 1872, pero, si a esto sumamos los años que Juárez
se mantuvo en la presidencia desde 1861, vemos que persistió once años en el
poder, ¿se cumplía así con lo establecido en la Constitución de 1857? ¿Se
practicó desde entonces el ejercicio de la soberanía popular? O ¿simplemente se
continuó con una política de imposición?
[1] Rabasa, Emilio, La
Constitución y la Dictadura. Estudio sobre la organización política de México,
México, Ed. Porrúa, 1956, pp. 27-28.
[2] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 199.
[3] P. Galeana de Valadés, op.cit.,
p.3.
[4] Portilla de la, Anselmo, Historia de la Revolución de México contra
la dictadura del general Santa Anna, 1853-1855, México, Vicente García
Torres, 1856, p. 385, en: Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 162.
[5] Ibidem, p. 166.
[6] Ibidem, p. 166.
[7] Ibidem, p. 183.
[8] Sobre el “espacio de lo público”, ver: López Camacho, Alejandra, op.
cit., p. 115.
[9] El 11 de enero de 1858, Ignacio Comonfort entregó el mando de la
presidencia a Benito Juárez, quien fue puesto en libertad ese mismo día, luego
de ser hecho preso. Comonfort salió de Palacio con destino a Veracruz y el 7 de
febrero se embarcó con dirección a los Estados Unidos, esto luego de apoyar el Plan
de Tacubaya de Félix Zuloaga (17 diciembre 1857), en el cual se desconocía
la Constitución de 1857, en E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit.,
pp. 841-842.
[10] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 201.
[11] Díaz, Lilia , op. cit.,
p. 843.
[12] E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit., p. 59.
[13] Díaz, Lilia , op .cit., p. 844.
[14] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 207.
[15] Díaz, Lilia, op. cit., pp.845-846.
[16] Villegas Revueltas, Silvestre, op. cit., p. 213.
[17] Ibidem, p. 222.
[18] Rabasa, Emilio, op. cit., p. 26.
[19] Tafolla, Rafael. La Junta de Notables de 1863, Colección México
Heroico, JUS, México, 1977, pp. 9-10.
[20] Valadés,
José‚ C. Maximiliano y Carlota en México. Historia del Segundo Imperio.
México, Ed. DIANA, 1983, p. 21.
[21] Sierra,
Justo. Evolución política del Pueblo mexicano. Obras completas del Maestro
Justo Sierra, t. XII, U.N.A.M., México, 1975, p.317. El monto total del
adeudo sumaba la cantidad de 81,632,560 pesos, de los cuales a Inglaterra le
correspondían 69,311,650, a España 9,460,980 y a Francia, la menos perjudicada,
2,859,917 pesos. Esto es, el 85, el 11.5 y el 3.5 por ciento,
correspondientemente, en: José C. Valadés, op. cit., p. 21.
[22] “Tratado de Londres” en, Labastida, Horacio (Estudio histórico y
selección). Reforma y República Restaurada 1823-1877. Grupo Editorial
Miguel Ángel Porrúa, México, 1995, p. 293.
[23] R. Tafolla, op. cit., p. 12.
[24] Conte Corti, Egon Caesar. Maximiliano y Carlota, F.C.E.,
México, 1984, p. 87.
[25] R. Tafolla, op.cit., p.12.
[27] Los representantes de la
comisión tripartita fueron: Inglaterra, su ministro en México, Sir Carlos Wyke;
España, el general Juan Prim; Francia, su embajador en México A. Dubois de
Saligny, en, R. Tafolla, op.cit., p.12.
[28] Los representantes del Tratado
de la Soledad fueron: por México, Manuel Doblado ministro de Relaciones; por
España, el general Juan Prim; por Francia, A. Saligny; por Inglaterra, C. L.
Wyke, en H. Labastida, op. cit., p.296.
[29] Ibidem, p.23.
[30] J. Sierra, op.cit.,
p.320.
[31] “España vivía horas de pobreza
y amargura debido a sus luchas intestinas y a la injustificable guerra con
Marruecos, las otras dos potencias eran súper poderosas”, en J. C. Valadés, Maximiliano y Carlota en
México, op. cit., p.38.
[32] Fragmento de una
carta anónima publicada en París en 1859 y recuperada por La Sociedad.
Ver: S. A., “Algunas indicaciones acerca de la intervención francesa europea
en México”, La Sociedad, Sección Editorial, T. III, Núm. 430, México,
Lunes 7 de marzo de 1859, p. 1.
[33] José María Gutiérrez de Estrada, “Entró al servicio exterior, fue
senador y fue desterrado por la Ley el Caso. Federalista moderado, ocupó el
Ministerio de Relaciones en 1835, pero renunció al cargo cuando se percató que
los pronunciamientos que apoyaban el cambio de sistema, no eran resultado de
“voto libre y espontáneo”, después de su renuncia partió a Europa y consternado
por los acontecimientos de México, propone la monarquía en 1840, en Vázquez,
Josefina Zoraida, “Centralistas, conservadores y monarquistas 1830-1853”, en:
Morales Humberto y Fowler, William (coord.), El conservadurismo mexicano en
el siglo XIX (1810-1910), BUAP, Saint-Andrews University y Gobierno del
estado de Puebla, México, 1999, pp.125-126.
[34] E. O’Gorman, La supervivencia
política op.cit., pp.28-29.
[35] E. C. Conte Corti, op.cit., p.72-78.
[36] Ibidem, p.63.
[37]José M. Hidalgo, Notes secrétes de Mr. Hidalgo, tomadas de la
edición mexicana de la obra de Egon Caesar Conte Corti, en, Tamayo Jorge L.
(selección y notas de). Benito Juárez. Documentos, Discursos y
Correspondencia, t.5, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 1966, pp.
83-84.
[38] E. O’Gorman, La
supervivencia política op.cit., p. 63.
[39] E. C. Conte Corti, op. cit., p.78.
[41] Ibidem, p.78.
[42] Granados Maldonado, Francisco editor responsable, Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Puebla, Número 18, T. I, Sección Editorial,
Puebla, 1 de junio de 1862, Puebla, Imprenta del Gobierno a cargo de José María
Osorio, p. 3.
[43] Eugenia a Carlota, Tullerías, 7
de junio, 1862, en Copiador de la Secretaría de Relaciones, f.025, en J. C.
Valadés, Maximiliano
y Carlota en México, op. cit.,
p.131.
[44] Napoleón a Maximiliano, Biarritz, 2 de octubre, 1863, en Cop. Relaciones,
f.057, en Ibidem, p.133.
[45] Ibidem, p.65.
[46] P. Galeana de Valadés, op.cit., p.66.
[48] Ibidem, p.117.
[50] E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit., p. 65.
[51] Maximiliano, Mexicanos, Veracruz, 28 de mayo de 1864, en J. C.
Valadés,
Maximiliano y Carlota en México, op.cit., p.10.
[52] La Asamblea de Notables sería la que adoptaría para la nación mexicana
la monarquía moderada, hereditaria y con un príncipe católico como forma de
gobierno y la que además ofrecería el trono de México a Maximiliano, archiduque
de Austria. Esta Asamblea estuvo integrada por 215 individuos entre los que
destacan José María Roa Bárcena, José María Gutiérrez de Estrada, Juan
Nepomuceno Almonte y José María Hidalgo, entre otros. “El 3 de octubre de 1863
el archiduque Maximiliano recibió en el palacio de Miramar a la diputación
mexicana encargada de comunicarle el decreto de la Asamblea de Notables que lo
llamaba al trono de México”, en E. O’Gorman, La supervivencia política
op.cit., p.77 y, Tamayo, L. Jorge (Selección y notas), Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, México,
Editorial libros de México, 1973, p. 748-759.
[53] R. Tafolla, op.cit., p.18.
[54] “Protesta del Cabildo de Guadalajara” (13 de mayo de 1862), en Báez,
Victoriano D., Episodios Históricos de la Guerra de la intervención y
el Segundo Imperio, Ed. Facsimilar, Gobierno del Estado de Puebla, México,
1992, p.14.
[56] Ibidem, p.108.
[57] Iglesias, José María. Revistas históricas sobre la intervención
francesa en México, t.I, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Col.
Cien de México, México, 1991, pp.265-266.
[58] El mariscal Forey decreta como forma de gobierno el 16 de junio de
1863, una Junta Superior, la cual estaría
encargada de nombrar a Almonte, Mariano Salas y el arzobispo de México
Labastida y Dávalos como parte del Poder Ejecutivo y elegiría una Asamblea de
Notables, especie de corporación legislativa, cuya tarea sería determinar al
sistema monárquico como forma de gobierno, en E. O’Gorman, La supervivencia
política op.cit., p. 68 y R. Tafolla, op.cit., pp.26-27.
[59] E. O’Gorman, La supervivencia política op.cit.,
pp.78-79.
[60] López Camacho, Alejandra, op. cit., p. 91.
[61] Ratz, Konrad, Tras las huellas de un desconocido. Nuevos datos y
aspectos de Maximiliano de Habsburgo, México, Siglo XXI
Editores/CONACULTA/INAH, 2008, p. 68.
[62] Ibidem, p. 70.
[63] Ibidem, p. 72.
[65] E. O’Gorman, La supervivencia política op. cit., p.83.
[66] F. Escalante (Editor
responsable), “Actualidades”, La Sociedad, Sección La Sociedad, T. IV,
Núm. 1170, México, Martes 25 septiembre de 1866, p. 2 y 3.
[67] E. O’Gorman, La supervivencia política op. cit., p.85.
