PRIMERA PARTE DE DOS
Alejandra
López Camacho
En el México del siglo XIX,
la lucha entre el cambio y la permanencia, entre el progreso y la ortodoxia,
entre la modernidad y la tradición que se da en las sociedades de todos los
tiempos, tuvo como protagonistas a la Iglesia por un lado y a los liberales por
el otro. A falta de partidos políticos organizados como hoy los conocemos, la
Iglesia sirvió de aglutinante a los conservadores. A falta de conciencia
nacional popular, la religión católica fue un lazo de unión entre los
mexicanos, hasta que, al enfrentarse a la consolidación del Estado, acabó por
convertirse en causa de profunda división entre los grupos que contendían para
detentar el poder.[1]
De entrada diremos
que este escrito intenta exponer la problemática que atravesaron las distintas
agrupaciones políticas en su intento por construir un gobierno con legitimidad
en el periodo que va de 1824 a 1868, esto abarca la lucha por la recuperación de un
orden político definido en lo histórico de una parte, y de otra, un orden
político que respondía a la modernización política que el liberalismo promovía.
Entre pasado y porvenir, los cambios pacíficos y las transformaciones
violentas, entre ideas tradicionalistas e ideas liberales, entre un sistema de
gobierno monárquico y uno republicano, entre federalismo y centralismo, moderación
y extremos radicales, en otras palabras, entre la tradición y la radicalidad en las
formas de vida. Claro que en ello interviene una sociedad basada en creencias católicas
y una sociedad que al mismo tiempo trataba de adaptarse a los cambios políticos
y sociales que las ideas liberales arrastraban. Se trataba de la lucha por el
establecimiento de la tolerancia
de cultos, la educación laica, la democracia, la igualdad y la separación de
poderes, de una parte y la lucha por la mediación de esos cambios, aunque
también por la conservación del culto católico, del orden jerárquico y de un
sistema de gobierno centralizado. Cabe destacar que dentro de esa lucha también
estuvo presente la entrada y salida de nuevas y viejas
ideas políticas, así como la lucha por la resignificación de los lenguajes
utilizados para hacer política.
Se toma como punto de partida el año de 1824, fundamentalmente porque
es el periodo cuando se establece la primera república federal encabezada por
Guadalupe Victoria y cuando van a tener su aparición los partidos o grupos
políticos. No obstante, se retoman algunos años antes con la finalidad de
observar la transición de monarquía a república y las ideas que se van a gestar
en ese momento en relación al establecimiento de un sistema político y una
legislación. Este contexto culmina en el año de 1868, algunos meses después que
ha terminado el segundo imperio mexicano representado por Maximiliano de
Habsburgo y cuando entonces se ha restaurado la república encabezada por Benito
Juárez y tiene lugar el “liberalismo triunfante”. Ambos contextos, el de España
y México, nos permitirán comprender de una forma más ágil y dinámica el trabajo
comparativo en torno a la familia de ideas que conforman la legitimidad
política y a su vez al discurso periodístico de la época.
II
El
proceso forjador del ser nacional es, sí, la actualización de una posibilidad
histórica latente en la colonia; pero de una actualización que implicó una
lucha interna entre dos tendencias inherentes a aquella posibilidad, de tal
suerte que, en definitiva, el germen del ser de México incluía, no uno, sino
dos Méxicos distintos; y ya no resultará ni sorprendente ni vergonzoso el
triste rosario de asonadas, cuartelazos, rebeliones, planes políticos y cartas
constitutivas que exhiben los anales de los primeros cincuenta años de nuestra
biografía nacional. Sólo revelan, en el fondo, el inevitable y sordo conflicto,
no de ambiciones e incapacidades –según han querido interpretarlo algunos- ni
de malévolas influencias externas –como han pensado otros –sino, nada menos, el
de dos posibles maneras de ser, trabadas en el mutuo intento de afirmarse la
una en la exclusión de la otra.
Tras la independencia de lo que hoy llamamos México, esto
es, a principios del siglo XIX, los grupos políticos se encontraban divididos
en dos posibilidades o proyectos de construcción del Estado-nación. De una
parte se hallaban aquellos que apoyaban un sistema de gobierno republicano y de
otra los que apoyaban la monarquía como viabilidad requerida de la política en
turno. Es decir, en el ambiente político permanecían dos ideas o imágenes de la
política a seguir: la de las modernas facciones inclinadas hacia el federalismo
y el republicanismo y la de las facciones tradicionalistas legadas por la
colonia que si bien aceptaban las ideas liberales y el sistema republicano,
también se veían inclinadas hacia la tradición política, hacia un legado
histórico, hacia un sistema de gobierno monárquico, pero con independencia de
España y con representante mexicano.[2]
Veamos la
naturaleza de estas dos posibilidades. En un trabajo de hace algunos años,
Edmundo O’Gorman consideraba que tras la consumación de la independencia de
México, la gran diversidad de tendencias políticas: entre liberalismo radical y
tradicionalismo, republicanismo y monarquismo, sus extremos y mediaciones,
existían como referencia política dos proyectos. Esta bifurcación de
posibilidades, asegura O’Gorman, partía del Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de
1814 y conocida como Constitución de Apatzingán por una parte, pero también del
Plan de Iguala de 1821 por otra.
La Constitución
de 1814 abría las puertas a la modernización política, a la soberanía, a la
representación nacional y a una forma de gobierno que si bien no se manifestaba
como república, si lo hacía como Supremo Congreso Mexicano con un Supremo
Gobierno y un Supremo Tribunal de Justicia donde tenía cabida el cuerpo
representativo de la soberanía del pueblo. Aunque en esta legislación no se
hablaba todavía de un poder ejecutivo encabezado por una persona, ni de la
tolerancia de cultos, si se establecía la igualdad, el goce de la propiedad, la
seguridad y la libertad de opinión por medio de la imprenta. Es decir, esta
legislación abría camino a la modernización política. Si bien la Constitución
de Cádiz de 1812 había abierto las puertas a las ideas del liberalismo europeo
y a las de la ilustración francesa y ya desde entonces se hacía mención de la
voluntad general y de la igualdad de representación en cortes para España y
América, cabe señalar que entonces las Cortes y el rey todavía representaban la
soberanía.
La Constitución
de 1814 no entraría en vigor, sin embargo este documento en el que participaron
Carlos María de Bustamante y José María Morelos y Pavón, entre otros, habría
preparado la forma de gobierno con una división de poderes en tres funciones:
el poder Legislativo representado por el Supremo Congreso, poder Ejecutivo
encabezado por el Supremo Gobierno y el poder Judicial representado por Supremo
Tribunal de Justicia. Es decir, habría delimitado las bases del programa
republicano, no obstante, al ser fusilado Morelos los realistas retomarían el
control político, aunque esto no impediría la consumación de la independencia.
Ahora, las dos
posibilidades políticas planteadas por O’Gorman claramente se distinguen en
este primer periodo del siglo XIX, sin embargo, ¿qué pasaba con los
absolutistas, los anticonstitucionales y antiliberales? Si bien los
antiliberales aprobaron el establecimiento de Agustín de Iturbide, esto fue una
medida para desconocer el gobierno constitucional de España y para formar un
gobierno absolutista con príncipe español, aunque utilizando un príncipe
americano de apariencia. De ahí que, dice Manuel Calvillo, es una hipótesis muy
aventurada sostener que Iturbide obró conforme su sólo juicio.[3] Es decir, que los realistas, principalmente europeos que
apoyaban la instauración del Imperio de Iturbide, respondían a la posición
absolutista de Fernando VII, más aun cuando decreta la nulidad de la
Constitución de 1812. “El real decreto
se publicó en México, parcialmente, en la Gaceta del 13 de agosto de
1814 e íntegro en la del día 17.”[4]
Para el
rey (Fernando VII) [...], el delito y culpa mayores de los diputados y
liberales, y el agravio más profundo que le habían inferido, era el haberlo
despojado de su soberanía. Su concepto de la soberanía no era por cierto
anacrónico, al menos no tanto como la idílica restauración de las leyes
fundamentales de la monarquía y las Cortes que ofrecía convocar de acuerdo con
ellas.[5]
Lo anterior es
importante señalarlo en la medida que permite observar la reacción de aquellos
independentistas que apoyaban un sistema político moderno y constitucional, y
la de aquellos que apoyaban la independencia, pero bajo un
anticonstitucionalismo y con miras a instalar un régimen de gobierno
monárquico. Esta situación política abriría brechas hacia el republicanismo y
el monarquismo, el federalismo y el centralismo, liberales y conservadores y
sus medias tintas. Fisuras que a su vez darían paso al sostenimiento de una
legitimidad afianzada en valores tradicionales, que no a la permanencia, y otra
que se fortalecía con la renovación política.
Sin embargo, la
jura de la Constitución de Cádiz por Fernando VII en el año de 1820, hicieron
que en México, las tendencias antiliberales apoyaran el establecimiento del
Imperio encabezado por Iturbide, como medida de salvación del
constitucionalismo español. Cabe señalar, utilizando palabras de Calvillo, que
“los antiliberales y los independentistas coincidían en separarse del gobierno
constitucional de España, incluso los diputados mexicanos a las Cortes de
Madrid, confiaran o no en Iturbide, y aprobaran o desaprobaran su proyecto.”[6] Es decir, más que plantear la posibilidad de un gobierno
republicano o monarquista, la prioridad en ese momento era la independencia de
España y luego la independencia de un gobierno constitucional español que
resultaba contrario al constitucionalismo proyectado para la nueva nación
independiente.
Ahora el Plan de
Iguala proclamado en Iguala el 24 de febrero de 1821, proclamaba en primer
lugar el cuidado de la religión católica, luego la independencia y, finalmente,
el establecimiento de un gobierno monárquico encabezado, por Fernando VII o en
su caso algún descendiente de la dinastía. Se solicitaba además, un monarca ya
hecho y de antecedente real, pero mientras esto se resolvía una Junta o
Regencia mandaría a nombre de la Nación y un Ejército de las Tres Garantías
cuidaría que se cumplieran los artículos propuestos por el Plan de Iguala.
Iturbide aparecía como primer jefe de este ejército, sin embargo, ¿quién
encabezaría la Junta que gobernaría a nombre de la Nación?, ¿por qué Fernando
VII gobernaría estas tierras?, ¿qué tipo de independencia resultaba de esto?
Si bien el
Tratado de Córdoba de 25 de septiembre de 1821 sería más claro y ya mencionaría
la independencia del Imperio Mexicano, nuevamente se llamaba a reinar a
Fernando VII o a alguno de la dinastía, no obstante quedaba lugar a que las
Cortes designaran a otra persona en caso de que alguno de éstos renunciaran. El
Tratado sería rechazado por España y esto aniquilaría la posibilidad de la
venida de un “monarca ya hecho”. Sin embargo esto mismo abrió las puertas a
Iturbide y a la consumación de la independencia, pues en caso de que Fernando
VII o alguno de la dinastía no aceptara el trono de México, “el congreso
mexicano designaría a la persona del emperador, aunque no fuera un individuo de
casa reinante, situación que se ha querido interpretar a favor de la posible coronación de
Iturbide.”[7] Bien que una vez instalado el imperio aparecería de nueva
cuenta la tentativa del gobierno republicano.
El imperio de
Agustín de Iturbide (1821), aunque respondía a una tradición política, a un
rechazo del constitucionalismo español y a una actitud de España que forzó las
circunstancias, implicaría “el reconocimiento de la independencia mexicana por
parte de la máxima autoridad española en la Nueva España, además de que supuso
un instrumento jurídico útil para apagar la resistencia de las autoridades
realistas de la ciudad de México y permitió la entrega pacífica del mando de
las autoridades mexicanas.”[8] Pese a esto, pronto salió a relucir que el imperio
de Iturbide sería considerado ilegítimo por varias razones: su gobierno carecía
de consenso; existía arbitrariedad en la elección; Iturbide carecía del rango
real, lo que le hacía igual al resto de los hombres y, finalmente, el emperador
no podía reducirse a la autodesignación.[9]
Cabe señalar sin
embargo que el Congreso se reservó para sí la soberanía nacional, sancionaría
las Bases Constitucionales del Imperio de 1822 e intentaría quitarle a Iturbide
el poder que detentaba, lo que provocó un enfrentamiento entre poderes. De ahí
que cuando Iturbide abdica el 20 de marzo de 1823, tras presenciar las
revueltas en su contra, el Congreso nombra un Ejecutivo provisional, el
Triunvirato o Supremo Poder Ejecutivo integrado por Pedro Celestino Negrete,
Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, cuya propósito fue negar la abdicación de
Iturbide y decretar nula su coronación, “puesto que la existencia toda del
Imperio era producto de la fuerza y por tanto ilegitimo.”[10] Con la sanción de las Bases de 1822,
…se pretendió evitar
la existencia de un monarca absoluto, pero el Congreso al desconocerlos dio
lugar a un Congreso Absoluto. Las dificultades aumentaron al sumarse a la vida
política mexicana, por ese tiempo, agentes extranjeros promotores de
conspiraciones republicanas como Miguel Santa María o los diputados mexicanos
que regresaron de España, como Miguel Ramos Arizpe y Mariano Michelena, quienes
organizaron o ingresaron en las logias del rito escocés, principales centros de
oposición a Iturbide.[11]
Aquella nulidad, ligada al establecimiento de las
logias del rito yorkino en las provincias del norte como medida de oposición
del Imperio,[12]
más el decreto que declaró que la nación estaba “en absoluta libertad para
constituirse como le acomode”,[13]
permitieron la puesta en marcha de la Primera República Federal encabezada por
Guadalupe Victoria en el año de 1824 y cuyo célebre ejemplo lo constituían los
Estados Unidos. Las tendencias republicanas asumieron que ese sistema atendería
una necesidad primordial del país: la gran diversidad de intereses regionales.
El federalismo ayudaría a establecer la libertad
legislativa necesaria para cada territorio, además de cubrir con los requisitos
legales necesarios para proporcionar toda la legitimidad al gobierno. ¿En qué
sentido? Fundamentalmente en el reconocimiento de un gobierno que era producto
de la soberanía nacional y con el establecimiento de una Constitución que
reconoce la existencia de un conjunto de poderes estatales y de un poder
federal, entre otras cosas. Aunque a decir de Silvestre Villegas, el
federalismo “en la realidad fue utilizado por diversos individuos interesados
en fortalecer su autonomía de acción frente a las autoridades de la capital,
excusándose en lo negativo que había sido la influencia cultural y política que
siempre ejerció el centro del país respecto a las diversas provincias.”[14]
Pese a esto las tendencias tradicionalistas y
monarquistas insistirían en el establecimiento de un régimen de gobierno
monárquico en aras de otorgar un sistema político con legitimidad. Es decir, un
gobierno que respondiera a la historia, al pasado, a lo conocido y a esa
tradición monárquica que había gozado de la suficiente aceptabilidad y respeto
por más de cuatrocientos años. Bien que en ese objetivo estaban fincados los intereses
económicos, políticos y culturales de estas tendencias. Baste subrayar que a lo
largo del siglo XIX existieron varias tentativas monárquicas. Ahora, ¿por qué para estas tendencias la monarquía y no la
república proporcionarían la legitimidad política en México? Frente a esto se
considera que principalmente porque lo republicano y el federalismo invitaban a
la democracia y...
“democracia” remitía a la anarquía, a los cambios
violentos, a la división, a la sangre, al desorden, a la falta de autoridad y en
definitiva, a la ruina y establecimiento de un elemento confuso en la marcha
del gobierno y de la sociedad.[15]
Cabe señalar que para las primeras décadas del
siglo XIX, México, al igual que España, no contaba aun con partidos legalmente
establecidos. Lo que existía a diferencia, eran grupos políticos, como se ha
mencionado anteriormente, como la logia de York o los yorkinos, organización
política que se fundó en 1825 por algunos federalistas radicales como Vicente
Guerrero y cuya finalidad era buscar, “caminos y
respuestas a los problemas. Todos pertenecían más o menos a un mismo grupo y
formaban una especie de pequeña élite que iba a decidir los destinos
nacionales. Los cambios de uno a otro serían frecuentes, como lo sería el que
los mismos hombres sirvieran a gobiernos de diverso tipo. Casi todos coincidían
en que la participación debía estar limitada a los ciudadanos responsables, es
decir, aquellos que por poseer un mínimo de propiedad, tendrían interés en la
estabilidad.[16]
Otro grupo político lo integrarían la logia de los
masones, cuya idea principal era la de “centralizar nacionalmente las funciones
oficiales. La ineficacia administrativa se atribuyó primero, a la incapacidad y
abusos de las autoridades locales; después, a la falta de una sola rienda
llevada por la “clase preparada” que residía en la ciudad de México. Por
último, a que no era posible abandonar la tradición centralista del virreinato,
gracias a la cual el país había gozado de paz y prosperidad.”[17]
Este grupo, donde destaca la presencia de Lorenzo Zavala y Lucas Alamán, la
integraban miembros del clero, comerciantes, mineros y propietarios españoles,
quienes pretendían mantener las ventajas obtenidas con la insurgencia. Es
decir, en este periodo y hasta la década de los 60, la lucha política entre las
diferentes facciones se concentraría alrededor del establecimiento de un
sistema federal y un sistema central, aunque más tarde se vincularía al
establecimiento de sistema republicano y otro monarquista, liberales y
conservadores.
Esas sociedades
no eran nuevas en México ni en el mundo; pero sí constituía una novedad
aprovecharlas a manera de volcanes políticos en erupción, atribuyéndoselas, ya
fines antirreligiosos, ya propósitos conspirativos. En el país tales
agrupamientos correspondían a la masonería universal, y se derivaron de la
organización dirigida por la gran logia de Inglaterra que invadió al mundo con
sus ideas de hermandad, sus proyectos de estudios y sus especulaciones
históricas.[18]
III
La realidad política
preexistente del antiguo virreinato no es negada, aunque se le llegue a
amenazar. Es ella, llámesele Nueva España –nombre desechado-, Anáhuac, América
Septentrional o México, el ente histórico que se declaró independiente en
ejercicio de una radical soberanía, y el que se propone elaborar el proyecto de
su propio ser político.[19]
El primer ensayo
republicano federal representaría la transformación política de la sociedad
mexicana. Sin embargo el trayecto hacia esa transformación constituiría algo
incierto, algo teórico, algo carente de bases prácticas. Así, sobre la base de
un sistema político federal se cimentaría en 1824 una legitimidad política que
se manifestaría en la Constitución del mismo año, pero que, no obstante, tenía
“ante sí un largo y penoso proceso de lucha contra, precisamente, las
tendencias tradicionalistas y monárquicas que en grado muy considerable
prevalecieron en aquella época y durante las cuatro décadas siguientes”.[20]
La Constitución de 1824 asumiría como modelo la Constitución gaditana de 1812,
aunque también la norteamericana. Y aunque esta legislación establecía la
división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y otorgaba una
soberanía a los gobiernos de las regiones, las garantías individuales no
obtuvieron mención alguna. De modo que si el federalismo respondía al
regionalismo, nada señalaba respecto de las libertades y obligaciones de los
ciudadanos, como tampoco solucionaba las relaciones entre el gobierno federal y
los estados, ni entre el federal y el ejército y la iglesia.[21]
La entrada al poder de Guadalupe
Victoria representaría el nacimiento político de un nuevo sistema político como
era la república federal, representaría además, el origen de un poder ejecutivo
dirigido por un hombre, que si bien se había licenciado en derecho, carecía de
la experiencia y entendimiento político suficiente para enfrentar la situación
política ocurrida tras la caída del imperio y la revolución de insurgencia. A
esto se añade que “su notoria repugnancia por lo español, le hacían presentar
muchos blancos al partido contrario.”[22]
Y dentro de ese partido se encontraban las tendencias tradicionalistas que
deseaban la prolongación de un régimen semejante al Estado virreinal. Así, la
tarea del nuevo gobierno no sería establecer sino construir un Estado y una legitimidad
política dentro de un ambiente hostil políticamente, porque, tanto “la
insurgencia tenía una débil visión acerca de los regímenes del Estado” [23]
como que en México no existía una clase nacional gobernadora, ni acuerdo entre
aquellos que se oponían a la autoridad de Victoria.
Puede afirmarse en consecuencia, que
los problemas políticos en México no radicaban tanto en la puesta en marcha del
federalismo, cuanto sí en la diversidad de intereses políticos de los
diferentes grupos, así como en la falta de integridad de los mismos. México
nacía como república, pero nacía a su vez con una legislación que más que crear
la división de poderes en ejecutivo legislativo y judicial, daba prioridad al
legislativo antes que al ejecutivo. Y si a esto se añade la falta de una clase
gobernadora, ya se ve la difícil tarea de un ejecutivo débil e inexperto y el
desenvolvimiento de un sistema político que más que unir, alentaba la desunión.
Así, debido
a que el primer congreso constitucional otorgó primacía al legislativo y
no al ejecutivo, los presidentes de la República como Guadalupe Victoria y los
siguientes a éste como Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Antonio López
de Santa Anna tuvieron “que recurrir a poderes extraordinarios para poder
gobernar. Estas facultades siempre fueron concedidas constitucionalmente hasta
1841, lo que no impidió que el ejecutivo fuera acusado de abuso de poder, con
injusticia en la mayoría de los casos.”[24]
Bien que el mismo congreso gozó de la suficiente libertad para aprobar la
presidencia de Vicente Guerrero en 1828, cuando en la práctica éste había
perdido las elecciones.
Con Guerrero a la cabeza vendría la ley de
expulsión de los españoles como medio para despojarlos de sus propiedades y
puestos importantes, pero también la amenaza de una invasión por parte de
España, la reorganización del ejército para impedir su completa nulidad y el
decreto de abolición de la esclavitud, que representaba un paso hacia la
igualdad. Si bien el antiespañolismo creció bajo la idea de una reconquista de
México, cabe señalar, según palabras de José C. Valadés, que lo extranjero,
“daba la idea de ser la causa de que la república no alcanzase ni pudiese
alcanzar las satisfacciones que se esperaban como resultados del triunfo
guerrero de la Independencia y de la Constitución.”[25]
Sin embargo, la falta de programas políticos concretos y los partidismos
resultantes de esta situación, provocaron la pronta caída del ejecutivo. Ya
desde entonces, El Correo manifestaba la existencia de tres partidos
políticos,
…en primer
lugar, los antiguos escoceses continuaban sus esfuerzos para alcanzar poder e
influencia; en segundo lugar, una facción de los yorkinos se concentraba en la
expulsión total de los españoles; en tercer lugar, estaba surgiendo un grupo
moderado, compuesto por propietarios y otros ciudadanos. [...] En realidad era
el tercero de los partidos señalados por El Correo el que constituía la
revelación más importante. Sus miembros llegaron a ser conocidos como los
moderados u hombres de bien y, según un escritor, figuraban entre ellos algunos
clérigos, oficiales del ejército, altos funcionarios del Gobierno, antiguos
escoceses y otros que habían apoyado a Gómez Pedraza en las elecciones; en
general, todas las clases propietarias y las muchas familias con parentesco
español que no podían tolerar como presidente a un hombre que había sido uno de
los principales rebeldes durante la guerra de independencia.[26]
Guerrero sería sustituido por Anastasio Bustamante
(1830), quien tendría como Ministro de Relaciones a Lucas Alamán, personaje
distinguido de la política conservadora mexicana que intentaría establecer el
orden a través de una política de imposición, de control y de saneamiento del
“sistema federal de sus extremismos: limitar el voto y las facultades de los
ayuntamientos, fortalecer el ejecutivo, reducir gastos y arreglar la hacienda
pública y profesionalizar al ejército para una defensa suficiente de la
nación.”[27]
Sin embargo esta política con la que se trató de imponer el orden constituyó el
desplome de Bustamante, más aún cuando se ordenó el fusilamiento de Vicente
Guerrero, debido a su popularidad y al temor que esto causaba al gobierno de
Bustamante.
En 1832, Anastasio Bustamante renunciaría a la
presidencia y en sustitución quedaría Manuel Gómez Pedraza, quien al poco
tiempo sería reemplazado por Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa
Anna, ambos representantes de la tendencia progresista. Estos últimos
aplicarían una política liberal reformista y entre algunas medidas estaría, la
secularización de la enseñanza, la incautación de los bienes del clero, la
reforma de las órdenes religiosas y el ejercicio del patronato por el gobierno,
lo que desató las protestas del clero y también las protestas populares. En
conjunto las discrepancias ocurridas durante la Primera República Federal,
entre políticas que caían en el despotismo ilustrado y políticas radicales,
entre gobiernos considerados ilegítimos al ser producto de la imposición y no
del ejercicio de la soberanía, entre gobiernos que gozaban de la popularidad
aunque no del reconocimiento legal y, sobre todo entre políticas que tendían a
la transformación y políticas que miraban en el pasado las políticas a seguir,
ocasionaron que en 1836 se implantara otro sistema de gobierno medianamente
nuevo que duraría seis años, la primera República Central consagrada en la
Constitución de las Siete Leyes. Este gobierno, con el que se pretendería
terminar con las soberanías locales, aunque no con la particularidad de cada
provincia, era fruto de los liberales moderados.[28]
Tendencia política que comulgaba con algunas de las ideas del grupo
conservador, especialmente las referentes a las innovaciones
eclesiástico-religiosas.[29]
La peculiaridad de este sistema sería revestir a la
República de un régimen presidencialista: cesarían las legislaturas de los
Estados, se establecerían las Juntas Departamentales, los gobernadores
quedarían sujetos del Ejecutivo y el periodo presidencial se extendería a ocho
años.[30]
La Sietes Leyes incluirían una lista de derechos individuales como la libertad,
la seguridad, la igualdad y la propiedad, sin embargo crearían un Supremo Poder
Conservador o cuarto poder encargado de impedir los abusos de los otros tres.
Fundamentalmente las tendencias políticas que sostenían
este régimen pertenecían a la gente empresaria que velaba por sus intereses
económicos, y una de las cuales demandaría más tarde la reinstalación de una
monarquía en México, tal es el caso de Lucas Alamán y del liberal moderado José
María Gutiérrez de Estrada. Michel P. Costeloe afirma que “tanto liberales
moderados y conservadores, convenían en la necesidad de una mayor
centralización del poder para que el gobierno nacional pudiera imponer su
autoridad y mantener el control en las regiones.”[31]
Cabe distinguir que es a partir de 1846 cuando el partido conservador se
distingue como tal.
No obstante, durante el gobierno centralista los problemas comenzaron
cuando Texas se independiza y se constituye en República el 2 de marzo de 1836
y cuando además, Yucatán y las Californias fueron virtualmente independientes,
asegura Costeloe.[32]
Esto provocaría el desmembramiento del territorio mexicano y sembraría el
germen de una lucha entre quienes enarbolaban las ideas federales por una lado
y las centralistas y monarquistas por otro. La pérdida de Texas subrayó la
falta de control político-económico-social del vasto territorio mexicano. Y si
a esto se agrega que ni monarquía, ni república federal, ni central, habían
logrado unificar a los distintos territorios, porque éstos no habían logrado integrarse
y reconocerse con los distintos regímenes políticos, ya se entiende que la
llegada del régimen dictatorial de Antonio López de Santa Anna en el año de
1841, respondía sobre todo a la imperiosa necesidad de establecer un orden
político en el país. La dictadura así era la resultante de la falta de
credibilidad y aceptabilidad de un sistema político, pero desde luego, de la
falta de legitimidad política que existía hacia un régimen y unas leyes
degradadas.
Bien que esta situación la aprovecharon los Estados Unidos, quienes con
su teoría expansionista coordinada desde Washington, pronto se apoderaron de
Texas, lugar habitado principalmente por estadounidenses, aunque sería en 1845
cuando Texas se une a los Estados Unidos. Otro tanto harían con la California y
Nuevo México con pretextos de ofrecer la libertad a todos aquellos que huían de
gobiernos tiránicos como los instalados en México y que deseaban conocer la
libertad.[33]
Surgía así el protector de los estados fronterizos y el promotor de las ideas
republicanas federales.
Muchos ambicionaban las
Californias, con el puerto de San Francisco para el comercio con el Asia. El
clima de ambición de tierras estaba listo para convertirse en un verdadero
movimiento que sólo esperaba un nombre. John L. Sullivan acuñó en 1845 la frase
feliz de “Destino Manifiesto”, o destino revelado, que en verdad expresaba ese
vago conjunto de ideas y sentimientos que justificaban las ambiciones
norteamericanas y de los que él mismo hizo verdadera doctrina. Cualquier pueblo
vecino podría establecer un autogobierno por contrato, solicitar admisión, y si
se le consideraba calificado, se le admitiría en la Unión.[34]
De octubre de 1841 a junio de 1843, la dictadura sería el nuevo régimen
político que tendría por objetivo, establecer el orden y la paz. Pero, cuando
los moderados se dieron cuenta que habían aprobado un régimen militar,
proyectaron ganar las elecciones y establecer nuevamente la república central,
lo que ocurrió en 1843. Entonces apareció la nueva Constitución o las Bases Orgánicas
de 1843 que principalmente fortalecieron al ejecutivo y suprimieron el Supremo
Poder Conservador. Sin embargo, las Bases establecieron una Junta de Notables
que deliberaría sobre la forma de gobierno que se establecería. Particularidad
de esta Junta fueron sus miembros: “80 hombres que supuestamente habían sido
seleccionados porque en sus creencias políticas, así como en su posición
económica y social, representaban grupos con cuyo apoyo creía Santa Anna que
podría contar.”[35] La
Junta esencialmente la constituían las clases propietarias, la Iglesia y el
ejército. Santa Anna gobernó así por tres años como dictador, pero durante este
periodo rechazaría dos proyectos
progresistas y aprobaría las Bases Orgánicas que junto con los otros dos
proyectos resaltarían las garantías individuales y la protección del individuo
de los abusos del poder.[36]
Las Bases mantendrían además “la centralización de las rentas, dando
prioridad a los gastos del ejército, con el pretexto de la guerra de Texas”[37]
y aprobarían una política que excluiría la
participación de quienes no profesaran la religión católica. La elección de los
representantes sería indirecta, pero se eliminaría a la clase pobre de la
participación política, es decir, al ignorante, al que no tenía propiedad.[38]
“Los moderados no aprobaban las bases, pero consideraron importante tener un
orden legal que eliminara la dictadura y obligara a Santa Anna a respetarlo. El
12 de junio de 1843, Santa Anna juraba la nueva ley fundamental.”[39]
Y, juradas las bases lo primero fue acordar las elecciones presidenciales y
resolver los asuntos separatistas de Texas y Yucatán.
Tras las elecciones de 1843, Santa Anna quedaría al
frente de la segunda república central, sin embargo, acostumbrado a gobernar
como dictador y a retirarse del poder cuando quería, pronto vino su desplome y
con éste la caída de la segunda república central. Y tras una breve presidencia
de José Joaquín de Herrera en la que estuvo presente una conspiración
monárquica orquestada desde España y donde a su vez Texas se anexiona a los
Estados Unidos en 1845, el 2 de enero de 1846 el general Mariano Paredes y
Arrillaga quedaba al frente del gobierno. Sin embargo sus actos políticos
terminarían en una dictadura que duraría escasamente ocho meses (4 de agosto de
1846).
Durante la dictadura de Paredes se practicaría una
política restrictiva, en relación a los bienes requeridos para ser elector,
aunque también en relación a cambiar las autoridades cuando se creyera
conveniente. Ahora, una problemática que enfrentó Paredes fue la guerra con los
Estados Unidos y el proyecto de establecer una monarquía en México con príncipe
extranjero. “En México se supo, por noticias recogidas de periódicos
extranjeros, que se maquinaba una intriga en las cortes europeas y a lo cual no
era ajeno Santa Anna, entonces exiliado, y cuyo fin consistía en implantar una
monarquía con príncipe extranjero.”[40]
Los tradicionalistas consideraron que el régimen de gobierno basado en la
monarquía constituiría una barrera para los Estados Unidos y para su teoría
expansionista, aunque también un dique para las ideas republicanas y
federalistas que tendían a dividir a los distintos territorios que conformaban
la república mexicana. “Y ya desde entonces aparece la extraordinaria tesis de
que Francia se sentía con la responsabilidad de defender a México contra su
poderoso vecino.”[41]
Los federalistas entonces se pronunciaron contra
Paredes por considerar que traicionaban a la patria si apoyaban el proyecto
monárquico y porque no habían podido colocar nuevamente a las élites regionales
en el poder. Vino así el momento del cambio y la restauración de la
Constitución de 1824 y el establecimiento de la Segunda República Federal
(1846), aunque junto a ésta la invasión norteamericana a México. Al respecto,
es necesario recordar que la primera fase de la intervención norteamericana
comenzó en 1829 con la pretensión de los Estados Unidos de anexar Texas a su
territorio y cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, José María
Bocanegra, advirtió al ministro norteamericano Waddy Thompson, “que el gobierno
de la república mexicana consideraría la admisión de Texas en el vecino país
como una declaración de guerra de los Estados Unidos a México.”[42]
Con lo cual quedaba “preceptuado que el asunto texano constituía un capítulo
del honor nacional.”[43]
Texas declararía su independencia en 1836 y en ese mismo año, Santa Anna, al
ser capturado y hecho prisionero en la batalla de San Jacinto para recuperar
tierra texana, reconoce la independencia de Texas y la frontera del Río Bravo (Tratado
de Velasco). El gobierno mexicano desconocería aquel Tratado y en los años
siguientes tras algunas incursiones militares mexicanas en Texas y después de
que en 1845 Texas ingresara a los Estados Unidos como estado y de que México
rechazara la propuesta del vecino país del norte al intentar la compra de los
territorios de la Alta California y Nuevo México, ambos países romperían
relaciones diplomáticas. El gobierno norteamericano enviaría tropas a la
frontera de Texas y ahí tendrían lugar los primeros enfrentamientos que
terminarían en la declaración de guerra contra México por parte del presidente
de los Estados Unidos, James Polk el 13 de mayo de 1846. El gobierno mexicano
trataría de defender sus posesiones y aun sin dinero y sin el ejército suficiente,
declararía la guerra el 23 de mayo del mismo año.
Así, con Santa Anna nuevamente a la cabeza y el
federalismo en la República, en el año de 1846 los estados recuperaron su
autonomía, pero al hacerlo, cada estado se percibió como nación independiente y
luchó por el resguardo de su propio territorio. Al mismo tiempo, la ambición
estadounidense no cesó y con pretextos de una guerra absurda, aprovecharon la
debilidad del gobierno mexicano, de no tener un buen ejército, armas y dinero y
se hicieron de la Alta California, de Arizona y de Nuevo México. De tal forma
que para 1848, los Estados Unidos tenían en sus manos más de la mitad del
territorio mexicano (2,400,000 km2).[44]
Esta situación hizo que algunos monarquistas como José María Gutiérrez de
Estrada, José Manuel Hidalgo y el padre Francisco Javier Miranda, promovieran
con mayor insistencia el proyecto monárquico en México como medio de salvar al
país del peligro que representaba el expansionismo estadounidense.
Cabe señalar que ya desde 1846 el partido
conservador había anunciado su ideario político en el periódico El Tiempo.[45]
Entonces Lucas Alamán expuso el proyecto conservador y diría que México
requería del establecimiento de una monarquía con príncipe extranjero y de
estirpe real, aunque sin intervención, como medio de frenar el expansionismo
norteamericano. Plantearía además la teoría de que la república implicaba
intervención extranjera y división, mientras que la monarquía constituía la
unidad, el orden, la conservación de la religión católica, las tradiciones y la
presencia de una aristocracia de mérito personal. Ahora, entre 1847 y 1848 el
federalismo enfrentó la invasión norteamericana y la pérdida de territorio
mexicano, lo que sirvió de ofensiva por parte de los conservadores para llevar
a cabo una embestida monárquica. Y para tal efecto el periódico El Universal
fue la bandera de aquellos ideales.
Desde la mirada conservadora, la patria se
encontraba en caso de vida o muerte, de ahí que México precisara de un régimen
fuerte con capacidad de salvarle de la tiranía norteamericana. Así se llegó a
considerar en la década de los cincuenta que el establecimiento de una
dictadura salvaría al país y quien mejor para encabezarla que Antonio López de
Santa Anna. Lucas Alamán (conservador) y Miguel Lerdo de
Tejada (liberal) escribirían en tal caso sus respectivas propuestas a Santa
Anna tras ser electo presidente por el término de un año según el Plan Arroyo
Zarco de 20 de octubre de 1852.[46]
Alamán solicitaría el cese del federalismo, la conservación de la religión
católica, el establecimiento de una nueva división territorial que borrara la
forma de estados y el fortalecimiento de escuelas de Artes y Oficios. Lerdo de
Tejada por otra parte demandaría la
continuación del sistema federal, la formación de un buen ejército, la
instrucción para el pueblo y la corrección de los abusos del clero.[47]
El 20 de abril de 1853, Santa Anna asumiría el
poder y con apoyo de Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores, se publicarían
las Bases para la administración de la República.[48]
La primera medida sería establecer un poder dictatorial y, por medio de las
Bases, desaparecer los estados como entidades políticas para adquirir la
categoría de Departamentos y terminar con el federalismo. Sin embargo la muerte
de Lucas Alamán, quien controlaba las decisiones políticas internas, representó
el término de la dictadura del partido conservador, no así el régimen de Santa
Anna cuyo gobierno, ya sin las ataduras del Ministro de Relaciones, sería
dictatorial e investido de monarquía, al grado de nombrarse Alteza Serenísima.
Conservadores, centralistas, comerciantes, agiotistas, miembros del clero y
todos aquellos que rechazaban el federalismo, apoyarían entonces a Santa Anna.
Acto inaugural de este periodo sería “el decreto de
11 de noviembre de 1853 que restableció la Orden de Guadalupe, símbolo
espectacular de monarquismo y de veneración a la memoria de Iturbide e
intencionada afrenta a las tendencias democráticas.”[49]
Así, sería en Guadalajara primero donde se levantaría un acta el 17 de
noviembre para que al presidente se le concedieran plenitud de facultades y
continuara en el poder por tiempo indefinido. A esta petición se unirían otros
Departamentos y poblaciones y sería el mismo Consejo de Estado quien, además de
darle la categoría de “Alteza Serenísima”, le investiría de “facultades
discrecionales, con lo que quedaba diferida la convocatoria al Congreso.”[50]
Santa Anna pretendió entonces proclamarse emperador de los mexicanos y así
llegó a buscar apoyo de un ejército europeo para su protección, es decir, una
monarquía nacional con intervención armada. Sin embargo, la nueva mutilación
del territorio mexicano (La Mesilla) en 1853 y el abuso de poder de Santa Anna
al infringir las instituciones republicanas, hicieron que
estallara la Revolución de Ayutla.
La dictadura santannista
había logrado provocar el disgusto y la animadversión de todas las clases de la
sociedad. Los conservadores, que lo habían llevado al poder, lo repudiaban
porque la efervescencia popular, que no tardaría en estallar, ponía en peligro
sus intereses; los moderados, porque consideraban absolutamente ilegal su
régimen y porque habían sido heridos sus intereses de propietarios y de
industriales; los radicales, por todo, pero principalmente por sus ataques a
las libertades civiles y políticas, por sus medidas persecutorias y por sus
proyectos monárquicos.[51]
El principal objetivo de los caudillos de la
Revolución sería la proscripción del monarquismo, el establecimiento de la
República federal o central y la admisión de una dictadura provisional que
estabilizara al país mientras se establecía un nuevo régimen político. Al ver
el fin de su gobierno, Santa Anna renunció al poder a mediados de 1855. Juan
Álvarez le sustituiría como presidente interino y el primer asunto fue convocar
un nuevo congreso constituyente y elaborar una legislación acorde con las nueva
situación histórica. Reunido el Congreso Constituyente a
principios de 1856, el alegato giró en torno a dos cuestiones o posiciones
políticas: la primera tenía relación con la elaboración de una nueva
legislación, mientras que la segunda buscaba la restauración de la Constitución
de 1824.[52] En
otras palabras, entre las tendencias de ideas avanzadas y drásticas cuyo
primordial interés era la transformación de la sociedad y el progreso económico
del país y aquellas tendencias políticas inclinadas a frenar una reforma
trascendente, aunque orientadas a los cambios paulatinos.
El nuevo código
debe atender, también a los males sociales que afligen a la patria y que
solamente pueden encontrar en él su definitivo remedio. Esto no se puede hacer
restaurando la vieja y venerable Constitución de 1824, por más modificaciones
que se pretendan introducir en ella; sólo una ley fundamental de otra índole es
el medio adecuado para realizar tan supremo y urgente objetivo.[53]
Esta política reformista comenzó con la elaboración de una serie de
leyes que tendrían por objetivo el progreso económico, político y social del
país.[54]
A esto se unió la Constitución de 1857 que, arbitraria para las tendencias
conservadoras por tocar un punto vulnerable: una sociedad que no terminaba por
sobreponerse a la transformación de sus tradiciones, representaba una bandera
liberal, una bandera a los derechos individuales.[55] Sin embargo, ¿hasta dónde esta legislación era la representación de la
voluntad nacional o el resultado de una política arbitraria que navegaba con
estandarte liberal y reformista?
Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 estaban fabricadas por
liberales cuya doctrina política estaba pensada para el porvenir, pero no para
la realidad socioeconómica presente. De ahí que esta situación de lucha entre
una política más teórica que práctica y otra que sobre todo justificaba el
orden a partir de la centralización fuera el detonante de la Guerra de Tres Años en 1858.
[1]
Galeana de Valadés, Patricia. Las relaciones Iglesia-Estado
durante el Segundo Imperio, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1991, p. 13.
[2] Reynaldo Sordo
Cedeño considera que entre 1821 y 1855, el intento de modernizar al país,
asociado a la creación del Estado-nación, fue obra de los líderes con
tendencias liberales y otros no tan liberales, con una fuerte oposición a los
líderes tradicionales educados con ideas pertenecientes al orden colonial. Al
mismo tiempo nos dice, de acuerdo a lo expuesto por Charles Tilly, que la
“formación del Estado-nación tiene que ver con el proceso de modernización de
los países europeos por lo menos en tres de cuatro puntos importantes: a) la
afirmación de parte de los líderes políticos de la determinación de modernizar;
b) un efectivo y decisivo rompimiento con las instituciones asociadas con la
forma de vida agraria; c) la creación de un Estado-nacional con un gobierno
efectivo y un razonable consenso de parte de los habitantes con respecto a los
fines y medios, en: Sordo Cedeño, Reynaldo, “El Congreso y la formación
del Estado-Nación en México: 1821-1855”, ver: Vázquez, Josefina Zoraida (Coord.).
La fundación del Estado mexicano, México, Nueva Imagen, 1994, p. 136.
[3] Calvillo, Manuel. La República Federal Mexicana. Gestación y
Nacimiento, México, El Colegio de México, 2003, p. 36.
[4] Ibidem, p. 53.
[5] Ibidem, p. 55.
[6] Ibid, p. 82.
[7] Arenal Fenochio, Jaime del, Agustín de Iturbide, México,
Planeta, 2002, p. 66.
[8] Ibidem, p. 67.
[9] A decir de O’Gorman, el imperio de Iturbide mostró un grave problema:
la carencia del prestigio personal que requiere un rey y sobre todo la
legitimidad dinástica que es el natural fundamento de esa investidura. Ver:
O’Gorman, Edmundo. La supervivencia política novo-hispana. Reflexiones
sobre el monarquismo mexicano, Fundación Cultural CONDUMEX, Centro
de Estudios de Historia de México, México, 1969, pp.15-17.
[10] Vázquez Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, Historia
general de México, t. 2, México, el Colegio de México, 1996, p. 747-748.
[11] Arenal Fenochio, Jaime del, op. cit, p. 93.
[12] En relación a la logia yorkina, Del Arenal Fenochio sostiene que el
gobierno de los Estados Unidos, “(atemorizado por las dimensiones geográficas
del naciente imperio, las cuales le cerraban el control del Caribe, del golfo y
su expansión hacia la costa del Pacífico) vio al nuevo país sin el apoyo de la
corona española y continuó su presión para apropiarse de más territorio.
Primero mandó grupos de gente para instalarse en las despobladas provincias del
norte; en segundo lugar, por medio del agente y espía Joel R. Poinsett, quien
al fracasar en su intento de obtener territorio a costa de México, apoyara la
instalación de un gobierno republicano en lugar de la monarquía por medio del
establecimiento de logias del rito yorkino.” Ver: Ibidem, pp. 93-94.
[14] Villegas Revueltas, Silvestre. El liberalismo moderado, 1852-1864,
México, UNAM, 1997, p. 11.
[15] Sobre este tema, ver: López Camacho, Alejandra, Entre leyes divinas
y humanas. El periódico La Sociedad, 1857-1867, Tesis de Maestría en
Historia, Puebla- México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades/
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2006, p. 173.
[16] Vázquez Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, op. cit.,
p. 753.
[17] Valadés, José C. Orígenes de la república mexicana, México,
Editores Mexicanos Unidos, 1972, p. 87.
[18] Ibidem, p. 60.
[19] Calvillo, Manuel, op. cit., p. 45.
[20] O’Gorman, La supervivencia
política novo-hispana, op. cit., p. 24.
[21] Vázquez, Josefina Zoraida, “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en, Federalismo
latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México, El Colegio de México,
Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 15-47.
[22] Valadés, José C. Orígenes de la república mexicana, op. cit.,
p. 29.
[23] Ibidem, p. 29.
[24] Vázquez, Josefina Zoraida, “De la difícil constitución de un Estado:
México, 1821-1854”, en, Vázquez, Josefina Zoraida (coord.). La fundación del
Estado Mexicano, México, Nueva Imagen, 2000, p. 16.
[25] Valadés, José C. Orígenes de la república mexicana, op. cit.,
p. 95.
[26] Costeloe, Michel P. La primera república
federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el
México independiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 233-234.
[28] O’Gorman. La supervivencia
política, op. cit., p. 25.
[29] A decir de Silvestre Villegas, los moderados de mediados del siglo
XIX, sostenían, en relación a la reforma, vista como acción de corregir,
de modificar o de volver a formar, que “el pasado debía tomarse en cuenta
porque no se podía ignorar de pronto el peso de la herencia cultural.” De ahí
que fueran partidarios de gobiernos centralistas, ver: Villegas Revueltas,
Silvestre, op. cit., pp. 35-36.
[30] O’Gorman, Edmundo. Historia
de las divisiones territoriales de México, México, Ed. Porrúa, 1994, p.73.
[31] Costeloe, Michael P. La república central en México, 1835-1846.
“Hombres de bien” en la época de Santa Anna, México, Fondo de Cultura
Económica, 2000, p. 71
[32] Ibidem, p. 377.
[33] Vázquez, Josefina Zoraida , “Los primeros tropiezos”, op. cit., p. 810.
[34] Ibidem, p. 811.
[35] Las características de los miembros que integraba la Junta de Notables
eran: “78 % tenían más de 40 años, lo que contrastaba en grado notorio con los
radicales jóvenes del Congreso de 1842, más de la mitad de los cuales eran
menores de esa edad. En cuanto a su ocupación, 36 % eran abogados, 18%
oficiales militares, 13% clérigos y 12% funcionarios.” Ver: Costeloe, Michael
P., La república central en México, 1835-1846. op. cit., p. 276.
[36] Vázquez, Josefina Zoraida , “Los primeros tropiezos”, op. cit., p. 765.
[37] Vázquez, Josefina Zoraida, “De la difícil constitución de un Estado:
México, 1821-1854”, op. cit., p. 24.
[38] Respecto de la elección de representantes, de acuerdo al artículo 147
de las Bases Orgánicas, quedó establecido que las poblaciones se dividirían en
secciones de 500 habitantes y de ahí saldría un elector primario, quien
nombraría a su vez a los electores secundarios, uno por cada 20 de los
primarios. A esto se agrega, de acuerdo a los artículos 20, 21 y 22, que
dejaban de ser ciudadanos o aquellos que tenían derecho al voto, los sirvientes
domésticos, los que no profesaran la religión católica, los que fueran ebrios,
tahúres y vagos, entre otros, en, Bases Orgánicas de la República Mexicana (14
de junio de 1843).
[39] Vázquez, Josefina Zoraida, “De la difícil constitución de un Estado:
México, 1821-1854”, op. cit., p. 24.
[40] O’Gorman. La supervivencia política, op. cit., p. 31.
[41] Ibidem, p. 31.
[42] Valadés, José C. Breve historia de la guerra con los Estados Unidos,
México, DIANA, 1993, p. 24.
[43] Ibidem, p. 24.
[44] La nueva división territorial de México quedó establecida en el Tratado
de Guadalupe firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848,
en Vázquez, Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, op. cit., p.
818.
[45] Alamán, Lucas, “Profesión de fe de los conservadores”,en L. González
y González, op.cit., pp.129-130.
[46] Vázquez, Josefina Zoraida, “Los
primeros tropiezos”, op. cit., p. 810.
[47] González Navarro, Moisés. Anatomía del poder en México (1848-1853),
México, El Colegio de México, 1977, pp.362-373.
[48] E. O’Gorman. La
supervivencia política, op.cit., p.45.
[49] Ibidem, p. 46.
[50] Vázquez Mantecón, Carmen, Santa Anna y la encrucijada del Estado.
La dictadura (1853-1855), México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 50.
[51] Díaz, Lilia, “El liberalismo militante”, Historia general de México,
t. 2, México, el Colegio de México, 1996, p. 829.
[52] El 18 de febrero de 1856, el Congreso Constituyente inauguró sus
labores y de 155 diputados electos, sólo asistieron a las primeras sesiones
unos 80 y esta cantidad fue disminuyendo conforme las sesiones avanzaron,
parecía que entonces existía desconfianza
y tibieza entre los asistentes. Y es que debido a sus cargas políticas
tonales, las nuevas leyes no combinaban del todo con su color, en, Rabasa,
Emilio, La Constitución y la Dictadura, México, Ed. Porrúa, 1956, (1ª
ed. 1912), p. 33.
[53] E. O’Gorman. La supervivencia política, op.cit., p. 54.
[54] La primera ley fue, la Ley de administración de Justicia y Orgánica de
los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios o Ley Juárez, del 23 de
noviembre de 1855, elaborada por Benito Juárez (1806-1872), ministro de
Justicia durante el gobierno de Álvarez. Una vez Ignacio Comonfort en la presidencia
(1855-1858), se expidieron: la Ley de desamortización de Fincas Rústicas y
Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas o Ley Lerdo,
realizada por Miguel Lerdo de Tejada (1812-1861), ministro de Hacienda, el 25
de junio de 1856; la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, el 27 de enero
de 1857, que reguló el establecimiento y uso de los cementerios y la de
Obvenciones Parroquiales o Ley Iglesias, del 11 de abril del mismo, elaborada
por José María Iglesias (1823-1891), ministro de Justicia, en Díaz, Lilia, op.
cit., pp.832-833.
[55] Principales artículos contenidos en la Constitución de 1857:
Art. 1°. El pueblo mexicano reconoce,
que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones
sociales.
Art. 3°. La enseñanza es libre.
Art. 4°. Todo hombre es libre para
abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode.
Art. 5°.
Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún
contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto
religioso.
Art. 6°. La
manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa.
Art. 7°.Es
inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
Art. 12°. No
hay, ni se reconocen en la República, títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni
honores hereditarios.
Art. 13°.En
la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por
tribunales especiales.
Art.
23°.Abolición de la pena de muerte, salvo en casos que la ley prevé.
Art.
27°.Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter,
denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o
administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios
destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.
Art.
123°.Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materia de
culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes,
ver: La Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, de 1857 y la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, sancionada en 1861. Edición ilustrada, conmemorativa del 130
aniversario del inicio del congreso Constituyente Extraordinario
de 1856-1857. México, Gobierno del Estado de Puebla,
Ed. Facsimilar, 1986, pp. 123-142.
